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| 7/3/2000 12:00:00 AM

Entrega de notas

Las agencias calificadoras de riesgo se han convertido en un factor determinante a la hora del desempeño económico del país. ¿Qué tan válido es ese mecanismo?

Entrega de notas, Sección Economía, edición 944, Jul  3 2000 Entrega de notas
Llorar por la nota no es la actitud más digna que pueda asumir un alumno pero a veces no queda otro remedio. Durante el último año el país se ha rajado tres veces ante las agencias calificadoras de riesgo —cuyo juicio es decisivo a la hora de determinar la credibilidad de los inversionistas extranjeros en la economía colombiana— lo que ha hecho que la Nación coja fama de mala paga en los mercados financieros internacionales.

La nota de BB que ostenta el país en su libreta de calificaciones indica que existen serias dudas sobre la capacidad de pago del gobierno colombiano. El desprestigio que implica para el país el ser señalado por las agencias calificadoras como un deudor moroso en potencia trae consigo una multitud de implicaciones, que van desde la dificultad para acceder a recursos financieros internacionales hasta la imposibilidad misma de la recuperación económica.

Los principales argumentos utilizados para la descalificación hacen referencia tanto al creciente déficit fiscal como a la crisis política y de orden público por las que atraviesa el país, que afectan sustancialmente las perspectivas económicas en el largo plazo. Lo anterior contrasta con la percepción que se tuvo durante muchos años, cuando Colombia era vista en los mercados financieros internacionales como el alumno estrella de Latinoamérica en materia económica dado el manejo prudente de sus finanzas públicas y su política monetaria.

Desde 1995 Colombia había ocupado uno de los cuatro honrosos lugares —junto con Chile, Uruguay y El Salvador— entre los países latinoamericanos cuyos papeles de deuda se encontraban en la categoría de grado de inversión. Sus más de 60 años de estabilidad macroeconómica le otorgaban un merecido palco de honor entre las economías emergentes del mundo. Sin embargo esa seriedad crediticia quedó finiquitada con los últimos reportes de las agencias calificadoras, en los cuales se dejó en claro que la famosa frase “el país va mal pero la economía va bien” ya no es aplicable. Prueba de ello es la última baja de la nota de BB+ a BB por parte de Standard & Poor’s. En este reporte la firma estadounidense afirma que la crisis política y el orden público fueron fundamentales a la hora de la decisión. “Las leyes ‘Jojoy’ y el enfrentamiento que libraban en los últimos días el Ejecutivo y el Legislativo aumentaron la incertidumbre en el país, lo que impulso una baja de la calificación de riesgo”, aseguró el presidente de la Anif, Armando Montenegro.



Las implicaciones

La mala calificación trae consigo una inmensa dificultad para acceder a recursos financieros internacionales, bien sea porque se encarece demasiado el crédito o porque los bancos e inversionistas privados deciden no arriesgar en un país que, en la práctica, es de dudosa reputación.

Esto resulta muy preocupante si se tiene en cuenta que el gobierno colombiano necesita captar 11 billones de pesos para financiar el déficit fiscal de este año. Hace unos años esta suma se conseguía con relativa facilidad en los mercados internacionales. En 1997, por ejemplo, una emisión de 750 millones de dólares de bonos de la República de Colombia a 10 años fue absorbida rápidamente por los inversionistas a una tasa de interés superior en sólo 130 puntos base —1,3 por ciento— a la de títulos comparables del tesoro norteamericano, lo cual representaba una prima de riesgo baja según los estándares internacionales. Hoy por hoy dicho spread —o prima adicional— se ubica en alrededor de 800 puntos base (ver gráfica).

Para la mayoría de analistas la menor categoría de los bonos emitidos por el gobierno, además de encarecer el financiamiento externo, representa un cambio en la composición de los tenedores de la deuda colombiana. Es decir, que en lugar de ser los grandes fondos de pensiones los compradores de los bonos, de ahora en adelante los principales acreedores del gobierno serán los especuladores del mercado. “Este cambio de manos implica, entre otras cosas, unos mayores niveles de incertidumbre y de especulación con los papeles de Colombia”, asegura el economista Juan Luis Londoño.

Al complicarse la financiación del país en el exterior, los que probablemente se ven mayormente afectadas son las empresas. La consecuencia más directa de no poderse endeudar en los mercados internacionales es lo que los economistas llaman el efecto crowding out. Esto se produce cuando el gobierno sale a captar recursos domésticos para financiar su déficit, con lo cual presiona las tasas de interés al alza, reduciendo el monto de dinero disponible para prestar al resto de la economía. Para Mauricio Rodríguez, director de Portafolio, este hecho “causará un aumento de la DTF, la cual muy seguramente se ubicará alrededor de los 14 puntos porcentuales”.

Si se mantiene esta tendencia los empresarios colombianos tendrán prácticamente atadas las manos para conseguir financiación este año pues, como van las cosas, acudir al mercado de capitales interno tampoco se vislumbra como una solución. Esta situación es más grave si se tiene en cuenta que en 2000 se vence una millonaria suma de deuda externa privada, de la cual una porción importante será difícil de renovar.



El profe al banquillo

La gran influencia que tienen las calificaciones de riesgo ha puesto a pensar a varios analistas sobre si las decisiones que toman agencias como Moody’s o S&P son lo suficientemente fundamentadas y justificadas o no. Si miden el verdadero riesgo país, o si por el contrario son ellas mismas —con su calificación— las que generan el riesgo dentro de un país.

Cabe recordar que las calificadoras se convirtieron en objeto de críticas en los medios especializados internacionales cuando ocurrió el desplome de las economías asiáticas, ya que ninguna de las calificadoras bajó las notas de los países de la región antes de la crisis. “Moody’s se acordó de quitarle el ‘investment grade’ a Corea cuando su Banco Central se quedó sin reservas, un poco tarde para los inversionistas que perdieron miles de millones de dólares”, castigaba con ironía la revista The Economist. Así, con las pifiadas de 1997 quedó en evidencia que la palabra de estas agencias no es la verdad revelada.

A raíz de la crisis asiática las calificadoras fueron duramente criticadas. Se las acusó de reaccionar demasiado tarde y de sobreactuar en los meses siguientes para enmendar la metida de pata inicial. En algunos casos las decisiones tomadas por esas agencias, como por ejemplo la rápida degradación de la calificación de Corea del Sur y Tailandia, aceleraron la fuga de capitales de estos países, con lo cual empeoraron una situación que ya era mala.

“En lugar de ser una fuerza estabilizadora importante, independiente, las principales calificadoras de riesgo no se comportaron de forma muy distinta a la gran mayoría de los participantes”, observó el FMI. “Mientras que la calificación de riesgo que se hizo con anterioridad a la crisis fue demasiado alta, podría decirse que las agencias exageraron y se fueron al otro extremo en algunos casos”.

Esto comprueba que el grado de subjetividad de las calificadoras en sus evaluaciones aún es alto. El caso de Colombia ilustra cómo, además de los criterios técnicos tradicionales, toman en cuenta variables de tipo político como los anuncios de las Farc. Más aún, las pifias del pasado han vuelto a las agencias temerosas de equivocarse, por lo cual —según algunos— estarían inclinadas a calificar más severamente a los países con el fin de curarse en salud.



Futuro poco alentador

Dicen los que saben que la crisis por la que atraviesa Colombia se ve más grave en el exterior que en el mismo país. En cualquier caso buena parte del daño ya está hecho. La confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia ha recibido un fuerte sacudón, que se expresó de manera clara con la caída en las bolsas del país, un leve repunte en las tasas de interés y las subidas del dólar.

A pesar de que las conversaciones con las Farc siguen su curso y que el Presidente ha decidido no revocar el mandato del Legislativo, ha quedado claro que el saneamiento de las finanzas públicas y la recuperación económica van a tomar más tiempo del esperado. Por otra parte, ha quedado demostrado que las agencias calificadoras están atentas a lo que ocurre en el país y no van a esperar a que los colombianos se pongan de acuerdo sobre su sistema político o sus reformas económicas para dar señales de alarma.

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