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La billonaria demanda con la que EPM busca recuperar pérdidas de Hidroituango

La compañía demandó a constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto. "En Medellín no se pierde un peso", dice el alcalde Daniel Quintero.


El desarrollo del proyecto Hidroituango en Antioquia, que ha generado millonarios sobrecostos, está lejos de terminar. Al menos, no se ve fin a los procesos en los estrados judiciales.

Este lunes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) demandará por cerca de 10 billones de pesos a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango.

"En Medellín no se pierde un peso", aseguró el mandatario en rueda de prensa. "Desde el comienzo de este gobierno buscamos que los verdaderos responsables asumieran esto y no los ciudadanos, a través del pago de servicios públicos".

La decisión de instaurar acciones legales se da varios meses después de que la administración municipal adelantara investigaciones técnicas y financieras sobre el desarrollo de esta megaobra, que en abril de 2018 tuvo una contingencia con un túnel de desviación.

La demanda se interpuso ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos, proceso que estará acompañado por la Contraloría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. De igual forma, en el equipo de EPM estarán la firma Baker McKenzie y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal.

Por su parte, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, indicó que el proyecto, concebido como un activo estratégico para el abastecimiento de energía, tuvo retrasos en la entrada a operación comercial, sobrecostos y hasta incertidumbre nacional.

Lo anterior obligó a "realizar revisiones profundas de conductas, desempeño contractual y ética", dijo el funcionario.

Hace unos días, la junta directiva de EPM señaló que Hidroituango tuvo un valor inicial estimado en 11,4 billones de pesos, pero debido a la crisis de 2018 y al alza de costos, la cifra superaría los 16,2 billones.

Como si eso fuera poco, su entrada en operación aún tomará un año y medio. Mientras las obras se completan, las disputas legales continuarán entre EPM y varios consorcios, en los que tienen participación empresas como Integral, Solingral, Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H., entre otras.

El debate por los sobrecostos generados por esta hidroeléctrica, ubicada al norte de Antioquia, están lejos de terminar.