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El estudio contratado por la Contraloría denuncia una enorme desigualdad y grandes niveles de concentración en la propiedad de la tierra

DEBATE

Esa platica se perdió

Todo parece indicar que a pesar de los buenos resultados económicos, el crecimiento es insostenible, inequitativo e insuficiente.

1 de julio de 2006

Nadie puede negar hoy que la economía marcha por buen camino: un crecimiento de 5,1 por ciento en 2005, reducción del desempleo a niveles de casi un dígito y crecimiento en la confianza.

Sin embargo, a un grupo de expertos de la Universidad Nacional, encabezado por Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), el cuento no lo convence. Y esto fue lo que plantearon ellos en un estudio contratado por la Contraloría General de la República. Para ellos, el crecimiento colombiano es insuficiente, inequitativo e insostenible.

Y las razones son bien claras: en los últimos años hemos crecido gracias al boom de precios del petróleo, el carbón y el ferroníquel, así que cuando estos precios caigan, la estantería se vendrá abajo también.

Además, la bonanza sólo ha beneficiado a unos pocos y se ha aumentado la brecha entre las diferentes clases sociales.

El gobierno ha respondido que los resultados son mucho más positivos de lo que muestra el estudio: el desempleo se redujo a niveles cercanos al 10 por ciento, la economía cambió de tendencia y la confianza creció entre los inversionistas.

Sin embargo, no se necesita estar de acuerdo con los autores del documento, para llegar a la conclusión de que la pobreza y la miseria siguen siendo el problema central que queda por resolver. La mitad de la población colombiana es pobre o vive en la indigencia. Y para llevar el problema a su justa proporción, si es que existe, es necesario emplear otros cuatro períodos presidenciales.

Entonces, ¿qué se debe hacer? Es aquí donde el tema realmente se vuelve inmanejable, pues las posiciones son casi irreconciliables.

La apuesta de los autores del estudio es por una política realmente agresiva de redistribución de la riqueza, por medio de subsidios directos y masivos a la gente pobre; flexibilización de la política monetaria para aumentar el gasto público, a pesar de que crezca la inflación y fuertes tributos a la tenencia de la tierra.

Mientras tanto, el gobierno Uribe, con su apuesta por el libre comercio, la disciplina fiscal y el fomento de la inversión privada, sigue creyendo que el crecimiento, por sí mismo, contribuye a reducir la pobreza. Dos posiciones al parecer irreconciliables.

Sea como sea, esta discusión está en el corazón del conflicto en Colombia y realmente no es un asunto de poca monta. Desde ya, el gobierno puede empezar a enviar mensajes claros acerca de qué es lo que viene en este frente para los próximos años, dando señales irrefutables de que se le meterá aún el acelerador al tema. ¿La fórmula? Tal vez sea una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas como las planteadas en el estudio. Aquí lo que menos importa es de dónde viene la solución, sino la urgencia para ponerla en práctica, pues eso implica más personas por fuera de la miseria. Por eso, a lo que se le debe apuntar es a sacarle jugo al único consenso que se puede encontrar en medio de la discusión: la riqueza debe ser para todos, no para unos pocos.