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“Reforma agraria no es de aguas tibias”: Aurelio Iragorri

El ministro de Agricultura asegura que la propiedad privada es intocable en la nueva legislación agraria. Explica el decreto sobre tierras que se acaba de expedir y la reforma rural que se avecina. Resalta que el campo fue el motor de crecimiento en el primer trimestre.

3 de junio de 2017

SEMANA: ¿Sí se necesita una reforma agraria completa? Hay quienes sostienen que para implementar el punto uno de La Habana bastaban unos temas puntuales…

AURELIO IRAGORRI: Claro que se necesita. Mire, le doy datos. En Colombia, el 70 por ciento de los predios rurales no tienen escritura, lo cual es gravísimo. El 75 por ciento de la población campesina, que asciende a unos 12 millones, está en el 5 por ciento del territorio rural colombiano. Además, el gran terrateniente es el Estado que ha sido incapaz de formalizar los predios. En Colombia existió un proceso agrario por colonización y a esas personas no les hemos resuelto el problema de la tierra que les pertenece; un caso típico es la altillanura en donde precisamente tenemos que arreglar la situación a los miles de colonos. Una razón más es que hay 3 millones de campesinos que están en lo que se conoce como zonas de reserva forestal. Por ejemplo, el 58 por ciento de los de Nariño están en zonas de esa naturaleza. Tenemos que decidir si les vamos a entregar el título de propiedad, los vamos a reubicar o qué vamos a hacer. Cuando uno ve esto, llega a la conclusión de que se necesita una reforma agraria.

SEMANA: Pero el decreto que acaba de firmar el presidente no se ocupó de todo, ¿en qué se concentró?

A.I.: En facilitar el acceso y la formalización de predios. El decreto tiene cuatro puntos: creación y financiación del fondo de tierras; beneficiarios de la reforma agraria; registro de los mismos; y un tema de procedimiento para acceder a tierras.

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SEMANA: Para empezar, ¿quiénes serán beneficiarios de la tierra de ese fondo?

A.I.: Es muy importante darle claridad al país sobre eso. De forma gratuita tendrán acceso los pequeños campesinos que tengan un patrimonio hasta 250 salarios mínimos y los que llamamos medianos, con un patrimonio entre 250 y 700 salarios mínimos. Los grandes, o sea por encima de este nivel, no podrán tener acceso a tierras de este fondo, pero sí a la formalización.

SEMANA: ¿Cuándo comenzará la distribución de tierras y cómo será la selección de los beneficiarios?

A.I.: No habrá palancas, se establecerá un registro con base en unos parámetros como nivel de pobreza, vocación agrícola y dónde está asentada la gente, entre otros. Una vez se definan los beneficiaros, se hará un registro en el que se ordenarán de acuerdo con sus necesidades. Si, por ejemplo, donde viven no hay tierras, se les podría ofrecer en zonas diferentes si el campesino desea trasladarse a otra región. Es bueno recordar que hay 800.000 campesinos en la zona rural colombiana sin acceso a tierra.

SEMANA: ¿Los miembros de las Farc podrán acceder a tierra del fondo?

A.I.: En el decreto, en ninguna parte se habla de entregar tierras a las Farc. Cuando un hombre de las bases de este grupo se desmovilice y regrese a la vida civil, volverá a hacer lo que era antes, un campesino. Entonces, ya no estaremos diciendo que les vamos a entregar tierra a las Farc, sino a los campesinos de Colombia. Si cumplen con los requisitos, podrán tener acceso a tierra. Entran en orden, no tendrán prelación porque hayan sido guerrilleros.

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SEMANA: ¿Y quiénes pueden acceder a la formalización?

A.I.: Incluye a toda persona que tenga un predio rural. En Colombia hay 4 millones de predios rurales y solo el 30 por ciento tiene título de propiedad. Y cuando se dice todos, estamos incluyendo también a los que llamamos grandes, es decir, quienes tienen un patrimonio por encima de 700 salarios mínimos. Simplificamos todos los procedimientos, de 52 pasos llegamos a 1 solo.

SEMANA: ¿De qué tierras se nutrirá este fondo?

A.I.: Básicamente de tres fuentes. Primero, baldíos indebidamente ocupados. Por ejemplo, ya tenemos un millón de hectáreas que eran de las Farc y que hoy las recuperamos y ya están registradas como baldíos. A esto hay que sumar otro tanto de los paramilitares. La segunda fuente serán las tierras de narcotraficantes que ya surtieron el proceso de extinción de dominio. En este momento son unas 500.000 hectáreas que hoy están alquiladas bajo la administración del Estado. De estas, vamos a entregar las que ya hayan sido objeto de extinción para proteger la seguridad de los nuevos propietarios. Y la tercera fuente es la compra a privados, a través del programa que existe hace años, pero que mejoramos con el Plan de Desarrollo, del subsidio agrario integral.

SEMANA: ¿Y esta tercera cómo funciona?

A.I.: Es la posibilidad que da el Estado a aquellos propietarios que quieran vender sus predios de manera voluntaria. Se compran esas tierras y se distribuyen entre pequeños propietarios. Para ello es el subsidio agrario integral que tiene tres partes. Una para comprar la tierra, otra para desarrollar proyectos productivos y otra para la titulación del predio.

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SEMANA: Estas son compras del Estado, pero hay mucho temor por la expropiación indiscriminada, ¿cómo se estableció eso en el decreto?

A.I.: Hay que acabar con el mito de la expropiación. En el decreto no se tocó para nada ese tema. Sigue como está en la Ley 160 de 1994. En el proyecto de ley que se llevará al Congreso más adelante se abordará la expropiación, pero eso está en estudio. En el decreto se habla de extinción de dominio, un concepto que existe desde 1936. Lo que hicimos fue que la extinción que era administrativa la convertimos en un proceso judicial para que no se le ocurra a ningún funcionario abrir un proceso arbitrario y se genere más inseguridad jurídica. Ahora será exclusivamente judicial. Eso da más garantías a los propietarios.

SEMANA: El tema de tierras ha despertado críticas de la izquierda y la derecha. Los primeros dicen que se beneficiará a los grandes propietarios y los segundos temen por la propiedad privada. ¿Qué les dice usted?

A.I.: Que no es cierto que estemos legitimando y beneficiando a los grandes propietarios, ese mito hay que borrarlo. Esta reforma no es de aguas tibias. No puede generar más conflicto. Y frente a la propiedad privada no hay nada que temer. Esa es una línea roja que no tocamos en el decreto, ni en la ley ni en la implementación. Por el contrario, estamos dando reglas claras y seguridad jurídica a la inversión. Que tengan la tranquilidad de que no van a perder los recursos invertidos. Y la seguridad es para todos, grandes, medianos, pequeños y finqueros. Esta no es una reforma para quitarle tierra a la gente que la tiene legalmente, es para lograr formalizar los títulos de propiedad.

SEMANA: El concepto de uso adecuado de la tierra es otro tema que preocupa a muchos, desde los que tienen lotes de engorde hasta los de fincas de recreo. ¿Hay razones de preocupación?

A.I.: Eso no es materia de los decretos. Debo decir que la legislación es muy informal cuando dice cuál es el uso adecuado de la tierra. Quién establece eso. Yo creo que ese punto será muy importante en la ley que llevaremos al Congreso. Debemos determinar esos aspectos para que todos tengan seguridad y tranquilidad.

SEMANA: Aparte de la tierra, ¿qué más les darán a los campesinos para que la puedan explotar?

A.I.: Este es un punto fundamental. No puede ser que Colombia haya hecho reformas agrarias y que la gente haya terminado vendiendo el predio que recibieron. Eso muestra que el sistema tenía problemas. Encontramos en la altillanura que el 90 por ciento de los campesinos, a quienes se les entregó tierra, la vendieron. Parte de eso se generó porque la reforma agraria se redujo a entregarle un potrero a un campesino y no le aportaron recursos para que desarrollara un proyecto. Ahora no podrá haber entrega de tierras sin el acceso a proyectos productivos. En el subsidio integral se estableció cómo acompañaremos al campesino para que pueda tener el plante para arrancar su nuevo proceso de vida.

SEMANA: Finalmente, pocas veces se había visto el sector agropecuario liderando la economía. El primer trimestre jalonó el crecimiento. ¿Está repuntando el sector?

A.I.: Sí, el proceso de consulta del proyecto de ley de tierras no ha dejado ver el buen momento económico del sector agropecuario que en medio de una economía desacelerada creció 7,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, el más alto de los últimos 16 años. Eso fue una sorpresa para muchos, pero no para nosotros, porque es el resultado de una estrategia que emprendimos con el programa Colombia Siembra. El comportamiento del sector no solo se explica por el café que creció 11,5. El grupo que llamamos ‘otros productos agrícolas’ creció 12 por ciento, lo cual es muy destacable, pues eso no ocurría antes. Estamos en el renacer del campo.