Estas son las fallas a la hora de pedir la licencia ambiental

Todo proyecto de infraestructura debe pasar por una serie de etapas que incluyen los estudios de impacto ambiental y un proceso de licenciamiento ante las autoridades gubernamentales. Aquí intervienen una multiplicidad de actores, dentro de las cuales está la comunidad, los peticionarios, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las diferentes corporaciones autónomas regionales, los gobiernos departamentales y municipales, junto con diferentes Ministerios. 

Esta conjugación de actores genera retos importantes en el licenciamiento, la interacción con la comunidad y la afectación a predios. Sumado a esto, la corrupción y la burocracia permean y afectan el buen funcionamiento del sector. 

Para la abogada Melba Rocío Pérez, experta en infraestructura, hay grandes retos en la estructuración de estos proyectos, teniendo en cuenta que la articulación de los diferentes actores es una tarea difícil. Hay una inadecuada planeación del trámite del licenciamiento ambiental por parte del peticionario, que tiene consecuencias en los resultados finales de la ejecución del proyecto. 

Uno de los actores fundamentales son las consultoras contratadas por los consorcios. “El instrumento básico para la toma de decisiones de la Anla es el estudio de impacto ambiental, que normalmente realiza un consultor externo”, explica Pérez, quien agrega que son ellos los que se desplazan al área de afectación del proyecto para conocer el alcance del mismo. La mala comunicación entre consorcios y consultoras, hace que la obra inicie con ciertos obstáculos, pues son precisamente las consultoras las que tienen contacto primario con las comunidades.  

Se suma el dinamismo del sector y de su reglamentación que hacen que las decisiones rápidas sean fundamentales dentro de esta articulación. La introducción de cambios en la regulación ambiental, dice Pérez, puede significar grandes cambios en los proyectos. 

Adicionalmente, muchos hablan de una mala gestión social. Los consorcios que pretendan ejecutar un determinado proyecto tienen el deber de informar ampliamente sobre el alcance e impacto de la obra a la comunidad afectada. Especialmente, cuando se trata de comunidades o etnias de especial protección constitucional, se habla de un requisito de consulta previa. 

Melba Rocío Pérez, experta en infraestructura

La abogada insiste en la importancia de dicha etapa, donde además interviene el Ministerio del Interior. Destaca que, en su experiencia, la reacción que obtienen depende de la finalidad del proyecto. Así, propuestas que tienen como objetivo energía son vistas con mejores ojos que la construcción de carreteras. Se percibe que los efectos de la construcción de vías son más negativos, y, en ese sentido, realizan los trámites con mayores dificultades. 

Por otra parte, en la determinación y expropiación de predios que son afectados por una obra, existe una dificultad de negociación y espacio para potencial corrupción. Suelen surgir imprevistos y sobrecostos que afectan la finalidad del proyecto. A lo que se suma que son los consultores que realizaron los estudios ambientales los que efectivamente se han desplazado a los territorios y tienen conocimientos técnicos en la valoración de la obra, y no los funcionarios de las entidades gubernamentales. De nuevo, aquí ocurre una desconexión entre actores. 

Muchos ven en la Anla una traba más, por lo que se insiste en una inversión en capacitaciones, experiencia y eficiencia dentro de todas las autoridades ambientales. Pérez agrega que la manera de trabajar en esta es, de nuevo, con una adecuada coordinación entre actores. Ocurre muchas veces que no hay un responsable claro que coordine todos los grupos de interés que permita el diálogo. 

Bajo esta línea, ingenieros de las concesiones de Autopistas de la Sabana y de APP GICA hablaron sobre los puntos fundamentales en la solicitud de una licencia. Consideran primordial una amplia y adecuada descripción del alcance del proyecto, donde de manera consensuada se determine el área de influencia del proyecto. E insisten en las ventajas de contratar personal experimentado que permita mayor fluidez en el proceso. 

La gestión de riesgos ambientales y el plan de manejo ambiental son de los más importantes, pues dentro de la debida diligencia y asignación de riesgos debe tener previsión suficiente, que permite medir adecuadamente los impactos y la manera de mitigarlos. Esta estrategia tiene que ir de la mano de todos los actores. Se debe mantener una correlación entre el impacto y el manejo para evitar contratiempos o daños. 

Salomón Niño, gerente de la concesión Autopistas de la Sabana, sostiene que “El proceso de licenciamiento está tomando mucho tiempo cuando existe un impacto a comunidades indígenas. Conozco concesiones que se han vuelto inviables por la oposición de la comunidad”. De esta manera, afirma que hay que saber cómo abordar a la comunidad con información veraz y suficiente. 

Solo el trámite ante la Anla comprende doce etapas distintas, que requieren documentación y estudios sobre el suelo, fuentes hídricas, vertimiento de desechos, fauna y flora y el impacto a comunidades. Lo anterior, de cara a un propósito constitucional que es el desarrollo sostenible del país. Y promoverlo requiere de articulación y decisión.