¿FIN AL LAVADO DE DOLARES?

A FINALES DEL AÑO PASADO PARECIA QUE el Gobierno había logrado contrarrestar a los dos mayores enemigos del proceso de apertura: la inflación y las presiones cambiarias hacia una mayor revaluación. Después de varios meses de ardua lucha, el incremento en el nivel de precios cerró por debajo del 27 por ciento. Y después de aflojar en materia monetaria y buscar una baja en las tasas de interés, el flujo de dólares hacia Colombia comenzó a bajar y arrojó en noviembre y diciembre promedios muy inferiores a los del resto del año.
Las estadísticas de enero, sin embargo, hicieron bajar a todo el mundo de la nube. EI costo de vida se incrementó en 3.5 por ciento (el mayor aumento del mes de enero de los últimos 15 años). Y en los primeros 15 días del mes el ingreso de dólares por la cuenta de servicios de la balanza cambiaria se acercó a los 200 millones de dólares, con un aumento superior al 65 por ciento con respecto a la primera quincena del año pasado. Como consecuencia, el crecimiento de los medios de pago se mantuvo por encima del 32 por ciento (con un aumento de más del 50 por ciento en el dinero base).
La reacción no se hizo esperar: el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, puso el grito en el cielo y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República se metieron de cabeza a estudiar el origen del problema. Y aunque las conclusiones no son del todo claras -como lo demostró la semana pasada la intervención del gerente del Banco, Francisco Ortega, ante la Comisión Económica del Senado- lo cierto es que la tesis según la cual una parte importante de la acumulación de reservas que ha vivido el país en el último año es producto del "lavado de dólares" empieza a ganar terreno.
Hace apenas cinco meses, cuando Luis Jorge Garay llamó la atención del país sobre el problema, a través de un artículo publicado en esta revista, pocos fueron los que aceptaron la tesis. Pero la semana pasada Carlos Ossa, miembro de la Junta del Banco de la República, reiteró su convicción de que buena parte de los capitales especulativos que llegaron al país en 1991 eran procedentes del narcotráfico. Y lo mismo hicieron, aunque de manera mucho más tímida, otros miembros de la Junta.
El Gobierno, por su parte, sigue insistiendo en que hay otras razones más significativas para explicar el crecimiento de las reservas. Y justifica su apreciación en un estudio de Luis Alfonso Torres, asesor del ministro de Hacienda, según el cual el influjo de capitales es un fenómeno común a casi todos los países de América Latina, que en el último año -y por primera vez desde 1981- recibió una transferencia positiva de recursos, del orden de los 7.000 millones de dólares.
El Ministerio de Hacienda no descarta, sin embargo, la presencia de narcodólares en las reservas internacionales acumuladas por el país. Como lo dijo el propio Hommes al anunciar la semana pasada la adopción de un control tributario a las operaciones financieras superiores a los seis millones de pesos en efectivo, "sería tonto no reconocer que al país han entrado dineros de dudosa procedencia". Pero con el fin de justificar el manejo cambiario del último año sigue afirmando que "las cifras exactas son difíciles de conocer ".
La verdad, sin embargo, es que a estas alturas el debate ha superado el terreno de lo cuantitativo, para situarse en un campo mucho menos tangible, pero probablemente con más repercusiones: el moral. Ese, al menos, pareció ser el enfoque del debate planteado la semana pasada en el Congreso. Lo importante no es solamente saber "cuánto", sino "por qué". Y tratar de medir el costo-beneficio del ingreso de capitales amnistiados y de las medidas que se adopten en este campo en el inmediato futuro.
Según Luis Jorge Garay -consultado nuevamente por SEMANA- es claro que la liberación cambiaria y la amnistía tributaria para los capitales repatriados provocaron por lo menos tres resultados: 1- Favorecieron un ingreso de capitales mucho mayor al esperado en un comienzo. 2- Crearon excesivas presiones expansionistas de los medios de pago y produjeron una revaluación del peso muy superior a la que correspondería a la capacidad de competeneia de la economía colombiana, atentando en contra de las políticas de estabilizaión y de apertura. 3- Generaron altos costos fiscales en el corto plazo, con un innegable impacto distributivo entre la población, por las medidas monetarias y fiscales utilizadas para contrarrestar esos efectos. Todo ello independientemente del tipo de capitales ingresados.
El problema es: ¿quién ganó y quién perdió'? La política monetaria que se aplicó para contrarrestar el efecto del flujo de capitales tuvo un costo superior al dos por ciento del Producto Interno Bruto, y buena parte fue a parar a las manos de quienes trajeron al país sus capitales (sin contar las jugosas ganancias de los bancos). Dado el superávit cambiario, además, el Gobierno tuvo que hacer un gran esfuerzo en materia de restricción fiscal. Y, por otra parte, los exportadores se vieron castigados con una inesperada revaluación del peso y los industriales en general tuvieron que enfrentar una aceleración del programa de apertura (que, como efecto positivo, pudo haber contribuido al control del proceso inflacionario).
Desde el año pasado los capitales ingresados usufructuaron todas las prebendas de la amnistia, que no discriminaba entre capitales del narcotráfico y de otra procedencia. Y que dado el endurecimiento de los controles en otros países se constituyó en un poderoso imán para los dineros procedentes de actividades ilícitas. Para no mencionar la conveniencia de establecer una base para sus capitales de todas aquellas personas que se han acogido a los decretos de sometimiento a la justicia colombiana.
Pero además los capitales ingresados llegaron al país sin pagar ningún impuesto distinto de la retención del tres por ciento que les fijaron las autoridades en la ley de amnistía, mientras los capitales nacionales tributaban a tasas hasta del 30 por ciento y el país en general sufría las restricciones derivadas de la política de ajuste a la que tuvo que recurrir el Gobierno. En otras palabras, el costo de la primera etapa de la liberación cambiaria y de la amnistía tributaria fue regresivo y sólo se atenuaría en el mediano plazo en la medida que dichos capitales hubieran ido a la inversión productiva.
Como dicen, sin embargo, "a lo hecho, pecho". Por eso lo importante en este momento es cómo se va a tratar el problema hacia el futuro, tanto en materia cambiaria como tributaria. Porque ya están claras las inconveniencias del esquema actual y nadie duda que una revaluación adicional -inevitable si el país sigue acumulando dólares- atentaría contra la posibilidad de persistir en el modelo de crecimiento hacia afuera.
Por el lado cambiario, por fortuna, están confluyendo una serie de factores que llaman al optimismo. EI primero, como se dijo al principio, que la tozudez de los hechos ha puesto a reflexionar sobre la insuficiencia de la baja en las tasas de interés internas para contrarrestar el flujo de dólares hacia el país. El segundo, la reunión de "Cartagena II", que tiene lugar esta semana en San Antonio, Texas, y donde se van a tomar medidas importantes en materia de control al lavado de dólares y al enriquecimiento ilícito. Y el tercero, las ventajas que pudiera aprovechar Colombia de los Estados Unidos en el marco de la Iniciativa para las Américas del presidente Bush y el apoyo que dicho país pudiera darle al restablecimiento del pacto de cuotas cafeteras.
Para nadie es un secreto el interés de los Estados Unidos en que Colombia adopte una normatividad legal sobre "lavado de dólares" y penalice dicha operación, que hasta el momento no tiene ningún tipo de castigo en el país. Por eso no es gratuito el anuncio que hizo el ministro de Hacienda la semana pasada sobre la imposición de controles tributarios a las operaciones financieras que impliquen más de seis millones de pesos en dinero en efectivo. Ni que la cifra coincida exactamente con la que se utiliza en los Estados Unidos: 10 mil dólares.
Es más, la semana pasada los diarios del país dieron las primeras puntadas sobre los acuerdos que preparan los Gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia para controlar el flujo de dólares ilegales. Según tales informaciones, "los convenios no sólo abarcarán la parte tributaria, sino tambien la penal. Con ese instrumento Estados Unidos, por ejemplo, suministraría información tributaria y penal al país. Y lo mismo se haría en el sentido contrario". SEMANA pudo establecer, además, que se preparan acuerdos en materia de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito.
Finalmente, todo parece indicar que el Gobierno está dispuesto a establecer algún tipo de control cambiario directo para desincentivar el ingreso de capitales dudosos. Es más, para muchos especialistas el descuento del cinco por ciento que se impuso a la compra de billetes y las trabas que existen para comprarlos son ya una forma de control. Y demuestran a las claras que el Gobierno quiere frenar el ingreso de divisas no procedentes de las actividades legales.
Queda por resolver, sin embargo, el problema de cómo y a cargo de quién se cubren en el futuro los costos fiscales del desajuste provocado por los capitales que llegaron al país el año pasado. Y en este caso todo dependerá de la reforma tributaria que piensa presentar el Gobierno al Congreso de la República. El aumento del IVA a los productos actualmente gravados puede no ser tan regresivo y es importante para aliviar las finanzas del Estado. Lo que no es claro es si será suficiente para cubrir dichos costos y, además, responder a las exigencias de la nueva Constitución.
Lo importante, una vez que se tome el nuevo paquete de medidas, es que Colombia deje de ser un paraíso cambiario y tributario para capitales de dudosa procedencia. Ya es un gran paso el que se haya adquirido conciencia sobre los conflictos que generaba el ingreso indiscriminado de dólares al país. Pero aún por encima de tales consideraciones, es claro que el margen de maniobra del Gobierno era cada vez más estrecho. Los conflictos de la política económica interna, el afloramiento de un debate de tipo moral sobre la verdadera naturaleza del ingreso de divisas y las necesidades de la política internacional del país hacían ineludible una acción oficial para contrarrestar el problema. -