¿Fracasó el modelo?

El tema laboral ha vuelto a concentrar la atención del país. El viernes pasado el Dane divulgó las cifras con las que cerró 2009 en materia de empleo, y las noticias son desalentadoras. La tasa de desocupación en el nivel nacional se situó en el 11,3 por ciento, más alta que en diciembre de 2008, cuando estuvo en el 10,6. En las ciudades la situación es peor, pues la tasa se disparó al 12,3 por ciento, cuando estaba en 10,9, hace un año.

Estas frías estadísticas se traducen en una realidad escalofriante: 2.434.000 personas no tienen empleo en Colombia y más de seis millones se encuentran en la informalidad o en el rebusque.

Ya Colombia tiene la tasa más alta de desempleo entre las grandes economías de América Latina y por encima del promedio de la región, que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está en el 8,3 por ciento.

Es obvio que la crisis económica ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral y que ha ayudado a ahondar el problema, pero no es la única causa ni es la respuesta a las preguntas que muchos se hacen: ¿Por qué la tasa de desempleo se resiste a bajar? y ¿por qué las políticas públicas de empleo no han sido efectivas?

Para muchos analistas, el hecho de que la tasa de desocupación sea persistentemente alta y que la informalidad se extienda es una evidencia de que la estrategia oficial para combatir el desempleo falló.

Aunque el deterioro del mercado del trabajo en Colombia no se le puede atribuir exclusivamente al actual gobierno, que heredó en 2002 una tasa de desempleo ya muy elevada del 15 por ciento, la verdad es que el modelo con el que se la jugó esta administración para mejorar las condiciones laborales y estimular la generación de nuevos empleos no ha dado los resultados esperados.

La confianza inversionista, como eje de la política de gobierno del presidente Álvaro Uribe, al lado de la seguridad democrática, buscaba, además de atraer la inversión que evidentemente creció (pasó del 12 por ciento del PIB en 2002 al 26 por ciento hoy), generar muchos más puestos de trabajo. Lo grave es que pasaron los años de mayor prosperidad económica en los últimos 40 años, con tasas de crecimiento por encima del 5 por ciento, y no se lograron mayores avances en materia laboral. SEMANA consultó a varios expertos en el tema y ellos coinciden en que la estrategia que se diseñó con la finalidad de mejorar el mercado laboral, fracasó.

Para comenzar, en 2002 el gobierno sacó una nueva reforma laboral, la Ley 789, en la que se aprobó una reducción en los costos laborales, complementario a lo aprobado en la Ley 50 de 1990. Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional y experto en el tema, afirma que estas dos reformas se comprometieron con lo mismo: reducir costos para aumentar el empleo, y el resultado fue que los costos sí se redujeron, pero el empleo no aumentó. Todos quedaron en deuda, empresarios y gobierno. No se generó empleo de calidad y se deterioró el que existía. "Los contratos permanentes fueron reemplazados por temporales y algunas plantas de personal fueron eliminadas y sustituidas por diferentes mecanismos de subcontratación", dice Bonilla.

Ahora bien, el gobierno se concentró en su estrategia de confianza inversionista bajo la tesis de que con mayor seguridad y con algunos beneficios, los empresarios tendrían mejores condiciones para ejercer su actividad y esto se reflejaría en muchos más empleos. La política se diseñó sobre la base de ofertas muy atractivas, como la deducción de impuestos por la compra de activos productivos, novedosas zonas francas, contratos de estabilidad jurídica ilimitados y exenciones tributarias a ciertos sectores.

El resultado de esta estrategia en cuanto al objetivo de generar empleo no se ha visto. Para el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, el problema es que estas gabelas han beneficiado al capital y no el trabajo. Incluso han generado un sesgo antiempleo. Muchos de los estímulos se han dirigido hacia la modernización y la compra de maquinaria y todos saben que eso sustituye los empleos tradicionales.

Según el ex ministro Restrepo, se estima que entre revaluación y gabelas tributarias, el factor capital se ha abaratado 40 por ciento en los últimos años. En otras palabras, a los empresarios les ha salido más barato comprar máquinas que generar puestos de trabajo.

Obviamente, la modernización del aparato productivo no es mala, por el contrario, es clave. Pero el asunto, como dice Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes, es que se escogió el modelo errado para combatir el desempleo, que es el mal más grande del país.

El ex director de Impuestos Horacio Ayala, duro crítico de la política de beneficios tributarios, dice que la deducción especial por adquisición de activos productivos (compra de maquinaria) representó un sacrificio fiscal de más de 10 billones de pesos en el quinquenio 2004-2008.

Lo paradójico es que los sectores que menos personas ocupan son los que más se han beneficiado de esas prebendas. En ese período analizado, la minería se llevó el mayor beneficio, con 3,1 billones de pesos, cuando, según el Dane, tiene un promedio de 231.000 trabajadores ocupados, mientras el comercio obtuvo cerca de un billón de pesos, con más de 4,7 millones de personas ocupadas. La industria recibió 2,6 billones de pesos, con más de 2,5 millones de empleados.

Dentro de una elemental lógica, los analistas piensan que se debería premiar o privilegiar a los sectores que ayuden a combatir el desempleo.

Ahora bien, no hay evidencia clara de que beneficios como las zonas francas especiales, sean generadores importantes de empleo. El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, anunció que en el primer semestre de 2010 se aprobarán 18 nuevas zonas francas, lo que eleva a 58 el número en todo el país, con compromisos de inversión del orden de 11,9 billones de pesos y una generación de 93.096 nuevos empleos directos.

Para Alejandro Gaviria no hay forma de demostrar que esos empleos no se habrían generado sin la creación de la zona franca. En algunos casos lo que se ha dado es un traslado de una operación empresarial en marcha hacia una nueva zona franca.

Adicionalmente, los expertos consideran que el número de empleos que el gobierno espera que se genere a partir de estas zonas es muy pequeño frente a los inmensos esfuerzos fiscales que representarán durante los 20 años que puede durar el contrato. Se estima que el país requiere generar 400.000 nuevos empleos cada año para absorber la mano de obra que llega al mercado del trabajo e ir acortando la fila de desempleados.

En general, el esquema de zona franca como incentivo para la generación de empleo es muy discutido entre analistas en el mundo. Un estudio reciente sobre el caso de la zona franca en California, Estados Unidos, muestra que dicha zona empresarial como incentivo para la generación de empleo no mostró cambios significativos y que resultó ineficaz en el logro de esa meta.

Ahora bien, si los analistas están convencidos de que, en esencia, el problema es que se aplicaron malas políticas, alguien sabe ¿cuál es el modelo a seguir?

Hugo López, gerente del Banco de la República en Medellín y uno de los economistas que más se han dedicado a estudiar el mercado laboral en Colombia, afirma que la opción es mantener los incentivos del gobierno pero dirigirlos directamente hacia la nómina y "amarrarlos a la creación de puestos de trabajo". Por ejemplo, aplicar un descuento en los parafiscales (aportes al Icbf, al Sena y las cajas de compensación familiar) que, según los analistas, encarecen tanto la contratación de nuevos empleos, a cambio de puestos de trabajo. Alejandro Gaviria considera que esta fórmula podría funcionar, obviamente con controles para evitar que algunas empresas busquen beneficiarse más de la cuenta.

La conclusión es que con el lento crecimiento económico que se espera en los próximos tres años, de alrededor del 3 por ciento, las perspectivas en materia de empleo no son alentadoras. Los analistas pronostican que la tasa de desocupación podría subir hasta el 14 por ciento este año, una pésima noticia para Colombia, que mantiene una alta desigualdad (el índice de Gini que mide la concentración de la riqueza llegó a niveles de 0,59, el más alto de América Latina) y un elevado nivel de pobreza que se sitúa en el 46 por ciento. Así las cosas, el empleo será sin duda el gran reto del nuevo gobierno, que tendrá que recomponer la fórmula que en los últimos siete años se aplicó y que no ha sido la cura efectiva para este terrible mal.