GARROTERA DE MINISTROS

Si en algo insisten los observadores del actual gobierno, es en las favorables circunstancias de que ha dispuesto la administración Barco en el campo económico, tras el éxito del programa de ajuste adelantado por el presidente Belisario Betancur. Sin embargo, pasados los primeros 16 meses de confianza y optimismo en el equipo económico, algunos tropiezos surgidos especialmente en la política monetaria, han roto el equilibrio.
La situación fue creada específicamente por la preocupación causada por un posible disparo en el déficit fiscal y las medidas de "ajuste, recorte o reprogramación", propuestas para frenarlo. En la discusión de estos problemas se vieron en puja dos equipos. Uno, capitaneado por el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, y la directora de Planeación, Maria Mercedes Cuellar de Martínez, y el otro, por el ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio .
Los inconvenientcs se originaron en el seno del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, en torno a la aprobación del documento " Programación Macroeconómica 1988", cuyo estudio se inició el 24 de febrero pasado. Allí se plasmaban las directrices de manejo económico externo e interno, presentadas de común acuerdo entre Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Hecha la revisión de rubros como los de balanzas de pagos y comercial, devaluación, inflación, importaciones, entre otros, la polémica surgió cuando se llegó al campo fiscal.
Habia un acuerdo implícito entre el equipo económico y todos los sectores del gobierno de que, en suma, la inversión de todos los ministerios y empresas estatales se aumentaría en un 50 por ciento durante el presente año. Como casi todos esos nuevos planes estaban financiados por crédito externo, podria presentarse un sobre-endeudamiento y, a la vez, el crecimiento de las reservas internacionales tendría como consecuencia una nueva y preocupante presión a la ya deteriorada situación monetaria. Pero también ese aumento en el gasto público podria traer problemas desastrozos con un aumento en el déficit fiscal .
De conservarse el incremento del 50 por ciento en la inversión total, el deficit fiscal alcanzaría al 3.7 por ciento, por los niveles que hace cuatro años llevaron a implementar el programa de ajuste. Lo conveniente y así se discutió, sería reprogramar, recortar o ajustar" la inversión, con el fin de mantener ese saldo negativo de las finanzas públicas por debajo del tres por ciento del Producto Interno Bruto o en el tres por ciento. De mantenerse también ese 50 por ciento, el crecimiento de los medios de pago sería de otros $137.955 millones, lo que significaba un 40 por ciento extra sobre el aumento manejable y aprobado del 28 por ciento en la oferta monetaria .

LAS FORMULAS
Debían entonces discutirse fórmulas para evitar el crecimiento del déficit fiscal y, además, conseguir un impacto monetarjo neutro de los nuevos mecanismos de inversión. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional plantearon la "reprogramación, recorte o ajuste" del plan de inversiones para 1988. No debía crecer a la tasa del 50 por ciento sino del 30 por ciento. La pregunta inmediata sobre la aplicación de la "tijera" fue: ¿dónde? La respuesta: en Ecopetrol y el sector eléctrico.
La protesta no se hizo esperar. El ministro de Minas, Guillermo Perry Rubio, dejó entrever que quedaría con las manos atadas para desarrollar las políticas que tenía previstas para su complicado sector. Precisamente el sector eléctrico es llamado la "caja negra" de la economía por sus desajustes impresionantes. Incluso el programa de saneamiento emprendido en 1987 no se cumplió en su totalidad y actualmente las empresas más endeudadas del país son las energéticas. Además, en el campo petrolero se necesitaban inversiones urgentes para dejar de importar gasolina.
Ante esa oposición, la jefa de Planeación, María Mercedes Cuéllar de Martínez, tuvo la idea de "bajarle" a la inversión del gobierno central. Para ello, los técnicos de Planeación elaboraron una "reprogramación" en todos los sectores, en cifras hipotéticas. Todos se asustaron y especialmente mostraron su descontento los de Obras Públicas, Luis Fernando Jaramillo, y de Salud, José Granada Rodríguez. Así el equipo capitaneado por Perry Rubio se vio reforzado con fuertes adquisiciones. La andanada fue total contra el ministro de Hacienda y contra el equipo de Planeación.
Aunque los integrantes del Conpes consultados por SEMANA estuvieron de acuerdo en que el ministro de Minas comprendía bien que su sector es el que dispone de mayores recursos y que algo debía sacrificar en favor de los demás, culminada esta primera reunión del Conpes quedó planteada la disputa. Según algunos, el actual minhacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, viceministro de esa cartera durante la administración Betancur, quería aplicar la "tijera" indiscriminadamente, como se había hecho para el programa de ajuste del gobierno anterior. Para muchos, no encuadraba en el actual sistema, en donde una economía presumiblemente ya saneada necesitaba algo de libertad.

NUEVOS CAMBIOS
Lo cierto era que se exigía cautela. Ya algunos estudiosos de la política macroeconómica pedían austeridad en el gasto público "que brilló por su ausencia en 1987" y anunciaban el incremento en el déficit fiscal. Alguno advirtió que volver a la situación de hace cuatro años en este campo podría ser uno de los más graves errores políticos de la administración Barco. El ministro de Hacienda tenía razón, pero los "chismes" sobre su inminente cambio no demoraron y las dudas flotaron en el ambiente durante más de dos semanas.
Concluida la primera sesión del Conpes se iniciaron reuniones con los ministros y los gerentes de las empresas gubernamentales para lograr un nuevo escenario de inversión. Telecom fue incluida en el "rincón de la tijera" y el ministro Perry presentó algunas cifras para reducir sus inversiones. Sin embargo la "reprogramación" de la inversión seguía manteniéndose por los $130 mil millones. No se daba el nuevo escenario. Además, los técnicos se encontraron con que el Metro de Medellín no generaría algunos ingresos previstos y que los ataques guerrilleros a los oleoductos provocarían pérdidas iguales a un mes de producción de crudo. Esas situaciones obligaban a ser más estrictos .
El ministro de Hacienda y la jefa de Planeación viajaron al Asia, mientras sus asesores se quedaron "echando números". Una de las nuevas posibilidades estudiadas fue la de recoger $30 mil millones a través de Operaciones de Mercado Abierto, OMAS, especialmente por intermedio de títulos de participación y reajustar inversiones por $90 mil millones. Sin embargo, el descontento continuó. Una vez los viajeros retornaron, el presidente Barco citó al Conpes el pasado 15 de marzo. La sesión comenzó a las tres de la tarde y culminó a las 7 y 30 de la noche.
El presidente Barco intervino poco. Estaba enterado de todo lo que había pasado y de las nuevas fórmulas encontradas. Se limitó a oír, no delineó políticas. El secretario general, Germán Montoya, actuó como moderador. Atemperó los ánimos. Se hicieron presentes los ministros de Obras, Minas, Comunicaciones, Hacienda y Agricultura. Guillermo Perry llegó "armado" con un memorando en el que explicó los problemas del sector eléctrico y Ecopetrol, trató de justificar por qué no debía darse la reprogramación y reiteró su desacuerdo con lo que sucedia.
En esta ocasión, el ministro de Minas se quedó solo. El ministro de Obras, que llegó a hablar de parálisis total de las vías públicas, estaba satisfecho porque no iba a ser tocado. El de Salud no asistió y tampoco fue tocado. Como anécdota, después de dos horas de la sesión, el presidente de la Federación de Cafeteros, Jorge Cárdenas, adujo un compromiso urgente y se despidió advirtiendo que "me voy antes de que me recorten".
Finalmente se decidió realizar Operaciones de Mercado Abierto por $30 mil millones y "reprogramar" unos $64 mil millones, afectando al gobierno central (gastos militares por $5.800 millones), a Ecopetrol (US$70 millones), el sector eléctrico (US$40 millones), Telecom, acueductos, comunicaciones y Colpuertos. En esencia un "ajuste" de unos $90 mil millones. El ministro Perry acordó buscar fórmulas para no reducir la inversión, sino los gastos de operación en Ecopetrol y en el sector energético no tocar el Plan de Electrificación Rural.
Con la nueva política macroeconómica adoptada por el Conpes, el déficit fiscal de 1988 llegará al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto, unos $300 mil millones. En el campo monetario se espera que la expansión se estabilice en el tercer trimestre del año. Pero la inflación sigue preocupando no sólo por el excesivo circulante, sino por los incontenibles manejos especulativos en el sector agropecuario. En síntesis, la política económica se enturbia, pero por ahora el ministro de Hacienda y la jefa de Planeación recibieron un "espaldarazo" total. Culminó el primer round. La pregunta ahora es: ¿Cómo culminará la pelea y quién quedará tendido en la lona?