GUERRA A LOS PIRATAS

HACE ALGUNOS AÑOS UN JUEZ DE lNSTRUCCION criminal se abstuvo de abrir una investigación penal alegando que en el territorio nacional no podía existir la piratería, porque ésta sólo se daba en los mares. Esa salida tan leguleya y pintoresca, que en su momento produjo la consabida risa y frustración, es hoy cosa del pasado. Más aun cuando el pasado martes la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dejó en manos de la plenaria el trámite final de una nueva ley de derechos de autor que hace más severos los castigos para los culpables de la copia ilegal de discos, videos, libros y software.
A partir de ahora los piratas pagarán de dos a cinco años de cárcel y multas de cinco a 20 salarios mínimos mensuales, sin derecho a excarcelación. Hasta hoy las penas eran apenas de tres a seis meses, las multas de 50.000 a 100.000 pesos y como se trataba de un delito con prisión menor de dos años, era excarcelable. La nueva situación produce un verdadero revolcón en el tema y entrega herramientas más eficaces para combatir el fenómeno que fácilmente hace perder a las industrias afectadas unos 60.000 millones de pesos al año.
Igualmente se adoptaron mecanismos más expeditos para perseguir a los culpables. La legislación existente hasta el momento hacia que fueran engorrosos los trámites para captura, decomiso e incluso el suministro de la prueba a los jueces. Ahora las autoridades de Policía pueden proceder sin obstáculo ante el sólo conocimiento del ilícito (lo que antes no podían hacer) mediante la suspensión de la actividad infractora, la incautación de los productos ilícitos y el cierre inmediato y definitivo del establecimiento mediante la cancelación de la licencia por orden de la Alcaldía y a través de los inspectores y organismos de seguridad. Las penas de prisión se doblan cuando participan dos o más personas o cuando el perjuicio causado al titular tenga cuantía superior a los 50 salarios mínimos mensuales.
Informalmente ya nació el Comité Intergremial de Derechos de Autor, integrado por la Cámara Colombiana de la Industria Editorial, Asomedios, Indusoft, Asincol, Colvideo, Acimpro y Sayco. Allí se fortalecen las alianzas de los productores e industriales que a partir de la próxima semana lanzarán una campaña sin precedentes para perseguir a los delincuentes, quienes pueden vender sus copias mucho más barato porque no pagan derechos de autor, ni regalías, ni impuestos al Estado, ni declaran renta.
En el campo del video, existen en Colombia 12 compañías que comercializan obras cinematográficas y que representan en el país el producto denominado Major de Disney, Columbia Pictures, 20 Century Fox, CIC, Warner Bross, entre otras. Anualmente sacan al mercado 192.000 películas. Cada empresa coloca mensualmente unas cuatro películas en las casas de video, con un promedio de 500 copias para las videotiendas. Esas peliculas se alquilan cerca de 20 millones de veces al año y son vistas por unos 69 millones de personas.
Eso quiere decir que la industria legal mueve más de 12.000 millones de pesos al año. Sin embargo apenas cubre una cuarta parte del mercado nacional, lo que quiere decir que la ilegal se queda con el 75 por ciento con ganancias multimillonarias. Para dar una idea de lo que está sucediendo, durante octubre la industria legal producirá 24.000 copias, a 14.300 pesos cada una, lo que da un valor total de 343 millones de pesos. En cambio la ilegal copiará 72.000 videos que venderá a seis mil pesos cada uno, para quedarse con 432 millones de pesos. Si la industria fuera totalmente legal vendería mensualmente unos 1.500 millones de pesos.
En materia fonográfica la piratería de discos y casetes de audio se encuentra concentrada en un 70 por ciento en Santa Fe de Bogotá, Cali y Medellín y hace perder a la reproducción legal unos 2.000 millones de pesos al año. Actualmente existen en curso más de 2.000 procesos penales, 1.800 sujetos investigados, 400 procesados y unos 60 condenados. "Los piratas son los vampiros que chupan la misma fuente de vida de autores y productores fonográficos", asegura Orlando Parra Castro, director ejecutivo de la Asociación de Productores e Industriales Fonográficos de Colombia, Asincol. A partir de marzo pasado, Asincol logró la organización de un departamento de investigación y como fruto de eso fueron descubiertas seis fábricas que trabajaban ilegalmente en el Tolima, tres en Bucaramanga y dos en Medellín.
Pero en el punto de los programas para computador es donde la situación es bien. complicada. Se cree que al menos unos 50.000 millones de pesos dejan de percibir industriales y autores por la copia pirata. Es tan sutil el problema de la piratería que hay quienes creen que un programa que adquiere una empresa puede copiarse en todos sus computadores. Lo cierto es que eso no puede hacerse. Debe existir un programa original para cada computador. Tras la muerte del magnate del periodismo Robert Maxwell las autoridades británicas contra hurto visitaron las oficinas del Grupo Mirror de periódicos y encontraron que el 80 por ciento de sus programas en uso eran fruto de copias no autorizadas. Las violaciones le costaron al conglomerado más de 250,000 dólares en indemnizaciones.
Un fallo delTribunal Superior de Bogotá del 11 de junio de 1990 advirtió claramente que sólo hacer copias sin autorización del titular, de un software legalmente adquirido, incluso sin ánimo de lucro, puede enviar al copista a la cárcel. Un estudio adelantado en 1991 por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, Acis, y el Centro Nacional de Consultoría sirvió para medir los alcances alarmantes de la ilegalidad. Existían por esos días en Colombia unos 14.200 equipos de computación y la inversión en esos aparatos sería de unos 46.000 millones de pesos. Sin embargo la compra de software apenas llegaba a 4.000 millones de pesos. Por cada peso en programas se habían invertido 11.5 pesos en equipos, cuando los parámetros internacionales hablan de una relación uno a uno.
"Los empresarios son ahora conscientes que además de las severas sanciones legales a las que están expuestos por la utilización de software que no hayan comprado (cárcel y cuantiosas multas), corren también riesgos de carácter corporativo, tales como el deterioro de la imagen de la empresa, verse expuestos a la picota pública, y el resquebrajamiento de la moral corporativa. No veo por qué aún existen personas que se niegan a comprar software original", sostiene Juan Guillermo Consuegra, director ejecutivo de la campaña antipiratería de Indusoft, Asociación Nacional de Industriales de Software. La cosa ha llegado a tal punto que en junio pasado el superintendente bancario José Elías Melo envió una circular a las entidades financieras en la cual advirtió de los peligros que entrañan los programas piratas. Lo que sucedió es que varios jueces sorprendieron a muchos bancos copiando ilegalmente los soportes de sus sistemas.
En donde la situación es igualmente complicada es en materia de libros pues el sector editorial ha tenido uno de los mayores índices de crecimiento de los últimos años y las pérdidas son incalculables por este lado. Hace un mes fue descubierto un gran centro pirata de obras de la Oveja Negra y otras casas editoriales. Se decomisaron unos 700 millones de pesos en libros y algunos indicios permitieron establecer que en los últimos años habían logrado ocasionar perjuicios por unos 2.000 millones de pesos al sector. Incluso se descubrió que desde allí había una exportación abierta y masiva al mercado latinoamericano y de los Estados Unidos.
Para desgracia de muchos este es un mal generalizado en esta parte del mundo y causa pérdidas por unos 2.000 millones de dólares al año. En Bolivia se detectó un centro internacional de piratas para atender el llamado "Cono Sur'' y en República Dominicana se encuentra establecido el que "atiende'' los mercados de Centroamérica y el Caribe. En Colombia las obras más pirateadas tienen que ver con los clásicos de la literatura universal y latinoamericana, los de Gabriel García Márquez, singularmente "Cóndores no se entierran todos los días" de Alvarez Gardeazábal, "Colombia Amarga" de Castro Caycedo, la "Historia Económica de Colombia" y "El vendedor más grande del mundo".
Dentro de una semana la Cámara Colombiana de la Industria Editorial emprenderá una campaña mediante las cual se exhibirá un afiche que dice "en esta librería no se venden libros piratas". Se buscará además concientizar al público que no tiene conocimiento de causa para que evite adquirir libros de baratillo mal impresos y que se desbaratan al pasar la primera hoja. "La idea es demostrarle al lector que lo barato sale caro y que se le está haciendo un flaco favor al productor nacional cuando el comprador se guía sólo por el precio y no por la calidad", asegura Guillermo Botero de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial.
Sin embargo hay cosas que no se pueden evitar y que aunque sean inconvenientes se constituyen en patentes de corso para lo ilegal. Por ejemplo, en la ley de derechos de autor existe la llamada "patente del pirata" y que es la que permite que prolifere la fotocopia de libros, como "privada y sin fines de lucro". En el proyecto inicial de la nueva ley que saldrá en breve del Congreso se preveía terminar de una vez por todas con esa laxitud, pero esa reforma no pasó del Consejo de Ministros. Se incluía una remuneración compensatoria para el autor cuando se tomara fotocopia de su libro. Sin embargo al parecer se eliminó por miedo a que apareciera un nuevo impuesto y por lo tanto no se modificó la posibilidad de que por "cualquier medio" se pueda copiar un solo ejemplar de un libro.
La campaña de saneamiento ha tomado tales proporciones que recientemente William Baker, director mundial antipiratería de la Motion Picture Export Association of America, visitó a Colombia y se reunió con las autoridades para exponer los alcances de su preocupación. Se refirió entre otras cosas a las antenas comunitarias, a los videoteatros, a la capacitación de funcionarios expertos en derechos de autor, a una mayor investigación judicial anunció el envío de funcionarios especializados en pruebas de laboratorio análisis de verificación y dictámenes para pruebas.
Precisamente donde está por darse una batalla sin igual es en el caso de las antenas parabólicas. En mayo pasado, la Alcaldía Menor de Usaquén resolvió uno de los primeros casos en este campo ante una queja de vecinos. Se ordenó el desmonte de una antena comunitaria del barrio Santa Ana Oriental por no cumplir con las normas urbanísticas y de espacio público. Para Colvideo el paso siguiente es hacer la consideración que tiene que ver con la propiedad intelectual.
Pero al final de cuentas detrás de todo esto hay ante todo un problema de mentalidad. Mientras el público en general no sea consciente de las implicaciones del fenómeno de la piratería no hay Santa Lucía que valga. Esa situación en Colombia como en otros países en vías de desarrollo no es vista aún como grave y se compara con el contrabando, con la evasión de impuestos o el soborno, que supuestamente obedecen más a la capacidad de tener "malicia indígena" que en el fondo a la verdadera capacidad de delinquir. La idea es que cada quien se dé cuenta que cuando copia un disquete, un casete, un disco, fotocopia un libro o copia en su beta o VHS en programa de televisión puede estar a un paso de ir a la cárcel, o al menos bien merecida se la tiene.

LA PIRATERIA EN CIFRAS
PIRATERIA FONOGRAFICA (1992)
DECOMISOS
CASETES PIRATAS 16.500
DISCOS 4.800
CARATULAS PARA CASETES 5.000.000
EQUIPOS
.DUPLICADORAS 12
.DECKS 22
.EQUIPOS DE SONIDO 25
OTROS EQUIPOS 90
ACTIVIDAD JUDICIAL
PROCESOS EN CURSO 232
PERSONAS PROCESADAS 300

PIRATERIA DE VIDEO(JULIO 91 - JULIO 92)
DECOMISOS
CASETES PIRATAS 23.332
CAJAS DE EMPAQUE 2.020
LABORATORIOS 3
EQUIPOS
.VIDEOGRABADORAS Y TELEVISORES 64
.CASETES VIRGENES 750
.AFICHES Y STEACKERS 630

ACTIVIDAD JUDICIAL
PROCESOS EN CURSO 123
CERTIFICACIONES DE LEGALIDAD 410
CERTIFICACIONES NEGADAS 116
NEGOCIOS CERRADOS 35

Fuentes: Asincol y Colvideo