HABEMUS PACTO

El viernes pasado todo era sonrisas en el Salón de Gobelinos de la Casa de Nariño. No era para menos. Al cabo de meses de presagios negativos, de señales encontradas y de burlas de los especialistas, el Pacto Social era una realidad. De un plumazo, y frente a la mirada de las cámaras, Ernesto Samper puso a ondear una de las principales banderas de su gobierno en materia económica. Tal como dijo el propio jefe del Estado: "Demostramos que la concertación no es extraña a las posibilidades de manejar una economía".
Así concluyeron casi cuatro meses de esfuerzos, durante los cuales se escribió el primer capítulo de un volumen que aspira a contar que en Colombia la inflación sí se puede bajar a las buenas. Se trata de lograr que los aumentos en los diferentes precios, incluìdos los salarios, dejen de responder a sus comportamientos pasados. Según lo afirma el documento del Pacto, "la estabilidad y la persistencia de la inflación colombiana nos han vuelto relativamente insensibles a este problema. El alto grado de indicación alcanzado por la economìa hace que, mal que bien, todo mundo busque defenderse de sus efectos sin percibir claramente sus costos ".
Para el gobierno, la manera de romperle los eslabones a esa cadena es el Pacto Social. Aunque en el caso colombiano, muchos precios van a continuar atados a un índice; lo que logró el acuerdo firmado el viernes fue cambiar de número. En vez de ligarlo todo a la inflación de 1994 (cercana a un 22 por ciento), la base fue la meta de inflación colocada por el Banco de la República para 1995 (18 por ciento). Si ese proceso sale adelante el gobierno considera que será posible conseguir que la inflación baje a menos del 10 por ciento anual para finales de la década.
El objetivo de semejante esfuerzo es dotar a la economía colombiana de mayor estabilidad, para así obtener una tasa más alta de crecimiento. Está demostrado, además, que una inflación baja hace más fácil mejorar la distribución del ingreso, hacer más competitiva a la industria y luchar contra la pobreza.
Tales son, por lo menos, las fervientes creencias del gobierno.
Y es que el acto de la semana pasada fue para Ernesto Samper la concreción de muchos esfuerzos. Desde hace por lo menos 15 años los discursos del hoy jefe del Estado incluían el término Pacto Social. Durante el gobierno de Gaviria, Samper, por entonces Ministro de Desarrollo, sacó a relucir de nuevo el término sin que sus colegas de gabinete lo tomaran muy en serio. La obsesión con el tema era tan grande que fue uno de sus caballitos de batalla durante la época de la campaña.
Fue esa la razón por la cual, a los pocos días del triunfo de Samper en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Guillermo Perry, por entonces coordinador de temas económicos del Presidente electo, citó una reunión para examinarlo. A esa primera cita, que tuvo lugar en las oficinas de la campaña samperista del hoy Ministro de Hacienda, asistieron una decena de personas, incluìdas Luis Bernardo Flórez y José Antonio Ocampo. Se acordó entonces trabajar en forma sobre el tema, el cual acabó siendo insertado dentro del discurso de posesión del 7 de agosto.
Pocos días más tarde un avión privado se estacionó en la base militar de Catam, adyacente al aeropuerto Eldorado en Bogotá. De la aeronave, propiedad del entonces secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, descendió una pareja de funcionarios del gobierno de ese país. Se trataba de los equivalentes a los viceministros de Hacienda y Trabajo, quienes en las horas que estuvieron en la capital colombiana se encargaron de contar la experiencia mexicana en materia de Pacto Social. En el curso de un día los enviados de Aspe tomaron las mediasnueves con los técnicos de Planeación y Hacienda, almorzaron con los ministros del área económica, se encontraron a la hora de las onces con gremios y sindicatos y cenaron con algunos miembros de la junta directiva del Banco de la República.
La llegada de los mexicanos no fue para nada fortuita. Por una parte, el país centroamericano logró, mediante el sistema de Pacto Social, reducir dramáticamente sus niveles de inflación, que llegaron al 159 por ciento en 1987, hasta colocarlos en cerca de 7 por ciento en 1994. Por otra, Samper había hecho excelentes migas con Carlos Salinas de Gortari y con su sucesor, Ernesto Zedillo, quienes se comprometieron a ayudarle en lo que fuera.
El viaje de los expertos mexicanos sirviò para organizar la discusiòn y aumentar el entusiasmo por la idea en el interior del gobierno. De tal manera se creó un grupo de trabajo con participación activa del Ministerio de Hacienda, de Planeación y de la Consejería de Competitividad de la Presidencia. A mediados de septiembre algunos de sus integrantes fueron a México y tuvieron la oportunidad de asistir a una de las reuniones semanales de la Comisión de Seguimiento del Pacto Social mexicano. Si existía alguna duda hasta entonces, hasta ahí llegó. Los colombianos volvieron tan impresionados de la seriedad y del éxito de los mexicanos que, a partir de entonces, el tema se volvió uno de los de mayor prioridad en el gobierno.
Ya cuando Samper instaló la Comisión del Pacto Social, a finales de octubre, y le entregó la batuta del tema al ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, se había realizado una buena parte de la tarea al interior del gobierno. Ecopetrol, los ministerios de Minas, de Comunicaciones y de Educación habían sido llamados al orden para que las alzas sobre las que tenían injerencia -gasolina, tarifas, matrículas- se ajustaran a la meta de inflaciòn de 1995. Semejante labor requirió de la intervención directa del Presidente, quien se encargó de demostrar en más de una ocasión que la concertación podía operar, pero no en las discusiones al interior del gobierno. "Tuvo que sacar el garrote varias veces", recordó un participante en las discusiones.
La integración de la Comisión del Pacto llevó el debate a otro escenario. Ahora se trataba no sólo del gobierno, sino de empresarios y trabajadores reunidos en cuatro subcomisiones. Tras un primer tropiezo con la CGTD, que se retiró de la mesa, el clima a lo largo de noviembre fue sorprendentemente cordial. Las personas que en otras épocas habían asistido a los debates de perros y gatos del Consejo de Salarios no podían creerlo. Poco a poco el gobierno comenzó a demostrar que hablaba en serio y que tenía cómo controlar el respeto a sus propios compromisos. El anuncio de la junta del Banco de la República, en el sentido de que la meta de inflación de 1995 había quedado en el 18 por ciento, le puso cifras concretas a la discusión. Lo demás ya es historia conocida. A comienzos de diciembre los presidentes de la principales empresas privadas expidieron una declaración pública adhiriéndose al Pacto. Y en la madrugada del 8 de diciembre, gracias en buena parte a las dotes negociadoras de Rodrigo Marín, los trabajadores aceptaron la propuesta de un 20.5 por ciento de aumento en el salario mínimo a cambio de varias acciones en favor del sindicalismo colombiano.
Concluìda esa primera fase, lo que viene ahora es cumplir lo acordado. Una vez más los expertos son escépticos, aunque ya menos, pues pocos creían que el Pacto llegara a firmarse, y ese primer éxito los ha silenciado. La duda principal no tiene que ver tanto con la meta de inflación, que ya se ve más factible, sino con los otros compromisos macroeconómicos. En particular, se considera casi imposible alcanzar la meta de devaluación para el año -13.4 por ciento- con los escenarios de inflación y gasto público proyectados. Y como la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, se cree que la crucificada va a ser la devaluación del peso.
Esas dudas, sin embargo, no eran suficientes para borrarle la sonrisa al gobierno la semana pasada. Aparte de un potencial logro económico, Samper se anotó un importante gol político: demostró que la concertación puede funcionar. No en vano fue la primera vez en la década que varias centrales obreras acabaron refrendando el alza en el salario mínimo. Y no cualquier aumento. El incremento acordado es inferior en un punto y medio a la inflación calculada para 1994.
De manera que la firma del Pacto Social le da un segundo aire al gobierno en vísperas del fin de la luna de miel. Tal como lo dijo el ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, "es un golpe de estado contra el escepticismo". Y así es. Ahora hay que dárselo a la inflación..

¿QUE SE FIRMO?
Los siguientes son los principales compromisos del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios, firmado el pasado 9 de diciembre en la Casa de Nariño:

1. Plazo: dos años a partir del primero de enero de 1995
2. Metas macroeconómicas para 1995.
Inflación: 18%
Crecimiento del crédito al sector privado inferior al 35%
Crecimiento de la oferta monetaria del 24.5%
Superavit fiscal del sector público consolidado del 0.7%
del Producto Interno Bruto (podría ascender hasta el
1.2%)
Devaluación del peso igual al 13.4%
3. Compromisos arancelarios: rebaja de los impuestos de importación de un conjunto de insumos y materias primas.
4. Reformas legales: presentación de un proyecto de ley para modificar la base de diversos reajustes de inflación pasada a inflación proyectada. Impulso a la ley que crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
5. Tarifas de servicios públicos
Energía: 18% de aumento. Se suspende la reducción de subsidios para los estratos 1 y 2 y se desacelera el desmonte de los subsidios de los estratos 3 y 4.
Gas propano: reajuste del 10%
Acueducto y alcantarillado: 18% para el año o incrementos mensuales del 1.39%
Telefonía local: 18% en estratos 1 a 5. 28% en estrato 6 y comercial.
Larga distancia internacional: 9.7% de aumento
Larga distancia nacional: 20.7% de incremento
Precio de la gasolina: reajuste promedio del 14% y anual inferior al 18%, comenzando en el primer trimestre del año.
Tarifas de transporte, peajes y pasajes inter departamentales: menos del 18%
Matrículas y pensiones: 18% máximo, aunque se permiten aumentos mayores si los colegios así lo deciden, con la aprobación de los padres de familia.
Arrendamientos: 90% de la inflación en 1994 (cerca de un 19.8%).
Medicamentos y servicios de salud: 18% como tope
6. Salario mìnimo legal: 20.5% de aumento.