HASTA QUE LA CRISIS NOS SEPARE

EN LA NOCHE DEL MIERCOLES PASADO LA emisión de las noticias en 'Radio Caracas Televisión' comenzó con un pronunciamiento poco usual. El presidente del canal, Eladio Lárez, decidió anticiparse al relato de los hechos del día con el fin de leer un editorial para criticar una decisión reciente del gobierno de Rafael Caldera que podía acarrearle graves consecuencias a las relaciones comerciales de Venezuela con los demás países de América Latina, y en particular con Colombia. Se trataba de la Resolución 102 de la Junta de Administración Cambiaria, expedida por esa entidad el 15 de noviembre, cuyos efectos prácticos se traducían en un golpe de gracia a las exportaciones nacionales hacia el vecino país.
Aunque a primera vista podía parecer exótico que uno de los noticieros de mayor audiencia le dedicara varios minutos a un tema que sólo entienden los especialistas, para los conocedores la preocupación periodística estaba justificada. Al fin de cuentas se estaba poniendo en juego el futuro de uno de los procesos de integracion comercial más exitosos del Tercer Mundo. Desde cuando, en 1991, se adoptaron decisiones para facilitar el intercambio de productos entre Colombia y Venezuela, éste se ha cuadruplicado y debe acercarse en 1995 a los 2.300 millones de dólares.
El enredo llegó a tal punto que tanto en Bogotá como en Caracas diversos sectores alcanzaron a preguntarse en voz alta sobre el futuro de las relaciones económicas entre ambos países. En un comunicado de prensa cuatro gremios colombianos encabezados por la Andi hablaron de "la fragilidad del proceso de integración y el costo de mantenerlo en esas condiciones".
Afortunadamente la crisis tuvo una salida rápida. El jueves pasado el gobierno colombiano fue informado oficialmente acerca de una nueva resolución que deroga la número 102. Sin embargo, los conocedores del tema binacional, sostienen que en materia de encontrones con Venezuela la solución de la semana pasada no fue un adiós a los roces, sino un hasta luego.

DE MAL EN PEOR
La razón de que las perspectivas sean así de oscuras se encuentra en la debilidad política del gobierno y la dramática encrucijada económica que atraviesa Venezuela.
Para comenzar, la administración de Rafael Caldera ha venido experimentando un lento pero sostenido deterioro sin solución a la vista. El octogenario presidente, quien fuera elegido hace dos años por una abrumadora mayoría, ha perdido buena parte de la popularidad con que contaba al inicio de su mandato. Problemas como la crisis financiera que condujo a la nacionalización de la mayoría de la banca, el aumento de la inflación y las dificultades cambiarias se han reflejado en una caída de la producción global de la economía y en un deterioro del nivel de vida de los venezolanos. El resultado ha sido una pérdida de espacio en el margen de maniobra del gobierno, que cada vez tiene menos posibilidades de realizar los drásticos ajustes que la situación requiere. En su reemplazo se está viviendo una situación en la cual falta un hilo conductor y los casos de insubordinación o falta de coordinación entre las diversas carteras son casi un asunto diario.
La semana pasada, por ejemplo, el ministro de Fomento, Werner Corrales, se atrevió a exigir en una entrevista una revisión urgente de la política económica. Pocos días antes el turno le había correspondido al presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, Carlos Bernárdez, quien pagó con la pérdida de su puesto la osadía de criticar al Ministro de Hacienda.

COMEDIA DE ERRORES
Pero quizás el caso más ilustrativo es el de la derogada Resolución 102, que trató de cerrarle la puerta a un convenio firmado en el marco de la Aladi, el cual permitía el pago de las deudas de operaciones de comercio exterior directamente entre los bancos centrales de los países latinoamericanos. A raíz del control de cambios que se adoptó en Venezuela a mediados del año pasado, los países de la región venían haciendo uso de este mecanismo con el fin de asegurar que a sus exportadores se les cancelaran las deudas a tiempo. Esta preferencia había incidido para que no sólo las exportaciones a Venezuela provenientes de Colombia, sino las de otras naciones del área, estuvieran registrando un buen ritmo de aumento.
Todo iba marchando aparentemente bien hasta que las reservas internacionales de Venezuela empezaron a caer. En consecuencia, la Junta de Administración Cambiaria -JAC-, que autoriza el pago de las importaciones, comenzó a buscar maneras de tapar el hueco. De tal forma limitó los cupos de compra de dólares para los viajeros y recortó el presupuesto de importaciones. Además, desde septiembre empezó a mirar con ganas el tema del convenio de pagos de la Aladi, por el cual se le estaban yendo cuantiosos recursos.
En un primer momento la presión diplomática surtió efecto y la Junta se abstuvo de meterse con el tema. Hace un par de meses el gobierno colombiano fue informado oficialmente sobre la voluntad venezolana de sostener el convenio especial. Sin embargo, a comienzos de noviembre, las cosas empezaron a enredarse. Las reservas siguieron cayendo y según el estricto presupuesto de la Junta quedan 400 millones de dólares disponibles para pagar las importaciones hasta el final del año, una cifra insuficiente para las necesidades del país.
Semejante situación se combinó con la renuncia en pleno de la JAC a mediados del mes. No obstante, poco antes de dejar el cargo, sus integrantes decidieron expedir la Resolución 102, aparentemente con la bendición del Palacio de Miraflores, desde donde despacha Rafael Caldera. Aunque se dice que el Presidente estaba informado, la mayoría de miembros del gobierno fueron tomados por sorpresa. Dos días después de adoptada la decisión, el canciller Miguel Angel Burelli le aseguró a su colega colombiano, Rodrigo Pardo, que no iba a pasar nada en ese frente. Incluso después de que fue publicada la medida el equipo económico venezolano no supo qué responder. Los ministros de Comercio Exterior y Desarrollo de Colombia hicieron cerca de 20 llamadas a sus colegas en Caracas en busca de una explicación, sin obtener respuesta.
Finalmente el miércoles 22 el embajador venezolano en Bogotá informó a la administración Samper que se había tomado la decisión de echar para atrás la medida, lo cual se confirmó un día después. La rectificación se produjo ante las quejas de varios países latinoamericanos, con Colombia a la cabeza y frente a las críticas del propio sector privado venezolano. "Tuve una inmensa preocupación cuando conocí la noticia", dijo a SEMANA Pedro Carmona, presidente de Conindustria en Caracas. En particular, hubo preocupación por la posibilidad de medidas retaliatorias en Colombia, pues si alguien puede perder en una guerra comercial entre ambas naciones es Venezuela. El mercado colombiano es el principal comprador en el mundo de artículos venezolanos diferentes al petróleo y la balanza comercial se inclina en favor del país vecino con un saldo superior a los 400 millones de dólares en el año hasta el mes de septiembre.

NUBES OSCURAS
Y aunque la presión entre Bogotá y Caracas bajó, no hay muchas razones para el optimismo. Por una parte, la devaluación del bolívar es inminente y se consideraba como una cuestión de días al cierre de esta edición. El tipo de cambio paralelo llegó a 340 bolívares por dólar la semana pasada, dos veces la cotización oficial. Los rumores más recientes indican que el nuevo registro oficial del dólar sería de 280 bolívares, equivalente a una devaluación del 65 por ciento. Esa noticia, cuando se confirme, pondrá en aprietos a los exportadores colombianos, que se verán en dificultades para competir.
Lo dramático es que todo apunta hacia que eso no va a ser suficiente. En las estanterías de los supermercados en Caracas ya se observaban anaqueles vacíos la semana pasada. Alimentos como las aceitunas, que son uno de los ingredientes importados de las hayacas (tamales), un plato típico navideño, comenzaban a escasear. En la prensa se publicaron avisos de varios laboratorios farmacéuticos avisando que por falta de materias primas no estaban en condiciones de abastecer la demanda de medicamentos. Las empresas de aviación, por su lado, avisaron que se habían visto obligadas a parar una tercera parte de su flota con el fin de utilizar partes de las aeronaves estacionadas para hacerles mantenimiento a las que todavía pueden volar.
A nivel más global, las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Caldera parecían haber entrado en una etapa de enfriamiento. Según el diario El Nacional, los técnicos del FMI, que venían recomendando un programa de ajuste, se han ido convenciendo de la falta de voluntad de la administración venezolana para entender la gravedad de la crisis y tomar las medidas necesarias para enfrentarla. De tal manera, mientras no haya acuerdo con el Fondo, no habrá dinero de los bancos, ni tampoco dólares para pagar las importaciones, ni normalidad en el comercio exterior.
Y si eso suena grave, sólo falta agregarle el debilitamiento político del gobierno cuyo movimiento, Convergencia, se ve mal para las elecciones regionales de comienzos de diciembre. Además hay protestas en varios sectores. El jueves pasado, 60.000 obreros petroleros hicieron un paro de 12 horas en demanda de mejores condiciones salariales. La situación de seguridad no va mucho mejor y algunos cálculos sostienen que el número de asesinatos en Caracas durante este año podría acercarse a los 4.000, una cifra equivalente a la de ciudades violentas como Bogotá o Medellín.
En definitiva, se puede afirmar que a pesar del alivio de la semana pasada las relaciones con Venezuela deben seguir bajo estricta observación. La economía del país vecino está en cuidados intensivos y todo indica que el enfermo tiene una clara tendencia a empeorar. Sólo queda esperar que la difícil coyuntura financiera y la mala situación política no acaben degenerando en incidentes fronterizos con Colombia que busquen distraer la atención de los problemas internos. Así como algunos miembros del equipo económico venezolano parecen tener agenda propia, también las Fuerzas Militares del vecino país dan la impresión de que son capaces de hacer lo que les viene en gana ante la mirada impotente del canciller Burelli. Tal como dijo a SEMANA un representante del gobierno colombiano, "hemos podido arreglar los problemas con Venezuela en la medida en que se han presentado, pero seguimos preocupados porque allá, por donde menos se espera salta la liebre".