HORA DE CONDENAS

Diez absoluciones, 121 condenas. Es el resultado de lo que va corrido del Consejo Verbal de Guerra M-19 en la Picota. Aunque los abogados aseguran que el proceso apenas comienza, la verdad es que lleva dos años y medio, y aún falta la lectura de sentencias.
Pero si las apelaciones que con seguridad se presentarán, no prosperan ante el tribunal militar, el negocio puede fácilmente ir hasta la Corte Suprema, en otros dos años y medio mas.
Al principio, los sindicados eran más de 200. Pero casi un centenar de ellos ha sido liberado, paulatinamente, por falta de penas o pena cumplida, aún antes de producirse veredicto alguno.
Dos están muertos: Carmenza Cardona, "La Chiqui", y Elmer Marín Marín, quien se había fugado con Iván Marino Ospina. Elmer y "La Chiqui" murieron en un combate en Tadó, Chocó. Iván Marino, fugitivo pasó a ser soldado en ausencia. Cinco de los condenados gozan de libertad condicional por pena cumplida, y once más fueron enjuiciados sin haber sido capturados. De las veinte mujeres juzgadas ninguna fue absuelta, y sólo dos están en libertad condicional.
Estas cifras dan una idea aproximada de la magnitud del Consejo, uno de los más controvertidos y aparatosos procesos en la historia del país, y que precisamente por esa controversia tiene serias posibilidades de ser declarado nulo.

LLUVIA DE APELACIONES
En el proceso participaron (irregularmente) unos 80 abogados, además de 50 defensores de oficio. La mayoría de los abogados coincide en señalar fallas tanto de forma como de fondo, al proceso. Se cree que sobre el Tribunal Militar caerá una lluvia de demandas una vez empiece. Las nulidades pueden ser de tipo legal o supra legal, según se basen en supuestas inconstitucionalidades o no.
Entre las principales objeciones formuladas al juicio está la acumulación de delitos que no formaban parte de la investigación, mala elaboración, o no conclusión, de los cuestionarios de cada sindicado (como el caso de los muertos, cuyos expedientes fueron archivados) y la aplicación de la norma llamada "favorabilidad", que otorga a los condenados la gracia de recibir la pena menor por su delito.
El juicio revistió especial importancia a partir del momento en que fueron capturados los principales dirigentes del M-19. Especial sensación causó en la capilla de la cárcel de la Picota ver entrar a Carlos Toledo Plata, a Rosemberg Pabón y a la gente que fue capturada luego de las incursiones por los ríos Mira y Patía.
Ya por entonces se adelantaba el juzgamiento a Carlos Pizarro, de Alvaro Fayad y Rafael Arteaga, luego de ser capturados por secuestro y por el espectacular robo de las armas del Cantón Norte.
Desde entonces se consideró que la dirigencia entera del movimiento subversivo, con excepción de Jaime Bateman, se encontraba entre rejas. Bateman fue condenado en ausencia por rebelión con mando, robo de armas y tres secuestros. Para él, así como para sus restantes compañeros en la dirigencia, la pena será de veinte años de prisión.
La mayoría de los presos han sido juzgados por rebelión comprometida conectada con secuestro y robo; su número asciende a 59, incluyendo diez mujeres y diez ausentes. Para ellos se espera una pena promedio de nueve años, discriminada así: entre seis y siete años por secuestro y robo de armas, y entre dos y cuatro años por rebelión con compromiso.
Los siguientes en número (47 condenados por rebelión con compromiso únicamente) pueden esperar un promedio de 32 meses de prisión. Muchos, de ellos ya los han cumplido o están a punto de salir por tener ya dos terceras partes de la pena.

¿ A LA CORTE SUPREMA ?
Los condenados por rebelión con mando tendrán entre 8 y 14 años, en promedio de acuerdo con los llamados delitos conexos. Los abogados defensores alegan que el robo de armas al Cantón Norte ha sido tratado como "hurto agravado", cuando se trata de un delito militar. El caso más grave es el de Jesús Arjaid Artunduaga, que seguramente recibirá treinta años, condenado por rebelión con mando, robo de armas y secuestros.
Sin embargo, aún queda mucha tela de dónde cortar. Los abogados presentarán innumerables impugnaciones y apelaciones ante el Tribunal Superior Militar. Si este confirma la sentencia obviamente habrá casación ante la Corte Suprema, que, luego de radicarlo y obtener diferentes conceptos de magistrados, hará un nuevo alegato, para que luego su Sala Penal determine si casa o no casa (casar quiere decir romper), es decir, si el proceso se declara nulo o no.