Impuestos a la carta

Hace una semana, el presidente Uribe planteó la necesidad de crear una nueva renta permanente para seguir financiando la seguridad democrática, una vez expire el próximo año el impuesto al patrimonio. Como era de suponerse, el tema abrió un gran debate. Los contribuyentes más ricos, sobre quienes recae actualmente este impuesto (alrededor de 7.400), no están dispuestos a repetir la 'dosis', y el resto no quiere saber del asunto porque piensa que este gravamen debe continuar en cabeza de los más pudientes. Por supuesto, para todos resulta apresurado, en este momento crítico para la economía, mencionar la posibilidad de nuevos tributos.

Pero, más allá de si es oportuno o no hablar de impuestos en recesión o sobre quiénes recaería la nueva carga, el tema puso de presente un serio problema que muchos en el país, incluido el gobierno, todavía no han dimensionado. Con todas las gabelas tributarias otorgadas en los últimos años, como las nuevas zonas francas, la deducción por inversión en activos fijos, las exenciones por inversiones sectoriales (hoteles, cultivos de tardío rendimiento) y sobre todo los contratos de estabilidad jurídica, el gobierno limitó el margen de maniobra para realizar futuros ajustes tributarios. En otras palabras, se amarró las manos y se las ató a las próximas administraciones que requieran, por cualquier motivo, aumentar los ingresos de la Nación por la vía impositiva.

Lo primero que ha quedado al desnudo es la inconveniencia de los pactos de estabilidad tributaria que se firman hasta por un lapso de 20 años. Si este gobierno, o uno futuro, decidiera dejar permanente el impuesto al patrimonio o poner otro de similar naturaleza para financiar la seguridad democrática, se vería en serios problemas. De entrada tendría que excluir del cobro a un importante grupo de empresas que vienen pagando el tributo. La razón es que casi todas las compañías que han firmado pactos de estabilidad han incluido el impuesto al patrimonio como norma a congelar. Es decir, estas empresas pagarán el impuesto hasta cuando expire (en 2010), pero no se les podrá volver a gravar, por lo menos hasta la vigencia del contrato. Empresas como Alpina, Bavaria, EPM, ISA, Avianca, Leonisa, Propilco, Sofasa, Avesco y Cine Colombia están por fuera de este impuesto hacia futuro.

Hasta el momento, 28 empresas han firmado contratos que les permiten asegurar las normas tributarias hasta por dos décadas. A cambio, se comprometen a realizar nuevas inversiones y generar empleos. Aunque deben pagar una prima para tener derecho al contrato, la suma es muy pequeña (entre el 0,5 y el 1 por ciento del monto de la inversión) frente al beneficio que obtienen. Es demasiado generoso, reconoce el congresista Óscar Darío Pérez, uno de los parlamentarios que más reformas tributarias han impulsado en el Congreso y quien fue ponente de la iniciativa en el Congreso. "El problema es que estos contratos restringen el poder tributario de los gobiernos subsiguientes y por ende, afectan la potencialidad de su recaudo futuro", dice el ex director de Impuestos Julio Roberto Piza.

Para el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, lo más lamentable es que muchas de las inversiones, ya estaban planeadas y las habrían realizado de todas maneras, con o sin contratos de estabilidad. Y como si fuera poco, el hecho de que cada empresa pueda escoger qué impuestos o normas congela ha terminado por enredar el Estatuto Tributario, ya de por sí complejo. Horacio Ayala, ex director de impuestos, cree que se está creando una especie de 'estatuto tributario' por compañía, lo que dificulta el control para la Dian.

Las nuevas zonas francas también han generado gran controversia. El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry considera que las empresas en estas zonas tienen beneficios exorbitantes. Pueden bajar la tarifa de renta del 33 al 15 por ciento y utilizar el 40 por ciento de deducciones de inversiones en activos fijos. Así, quedan pagando el 9 por ciento. "Es una desigualdad dramática".

No se puede negar que las zonas francas en su versión original, como promotoras de las exportaciones, han sido muy importantes en el mundo. El asunto es que el modelo de zona franca a la colombiana, que permite producir para el mercado interno, tiene muchos problemas. Para el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, son tremendamente inequitativas. No todas las empresas pueden acceder a convertir sus proyectos en zonas francas y esto genera desventajas con compañías que siguen haciendo esfuerzos por mantenerse en el mercado.

Hasta el momento hay 48 zonas francas, cuyas inversiones ascienden a 5.573 millones de dólares. Sin embargo, el analista Mauricio Cabrera estima que el 60 por ciento de las inversiones ya estaba planeado por las empresas, incluso algunas ya estaban en marcha. Es decir, de todas maneras iban a emprenderlas. En últimas, se les dio un regalo.

Para el economista de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla, estas zonas francas presentan un problema fundamental y es que "no crean el número de empleos al que se comprometieron. Lo máximo que hay en este momento son 12.000, entre directos e indirectos". El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, asegura que estas zonas generarán 42.000 nuevos empleos.

Posiblemente lo más polémico es que las empresas pueden acogerse a todos los beneficios en conjunto. Es decir, pueden tomar el 'combo': zona franca, firmar pacto de estabilidad e incluir este régimen y agregar la deducción del 40 por ciento por inversión en activos fijos.

Como se ven las cosas hacia futuro, esto podría terminar agravando la situación de las finanzas públicas. El decano de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, lo advierte: "Si un país no ha estabilizado su situación fiscal, es altamente inconveniente regalar impuestos y comprometerse además contractualmente con el regalo".

Y no se trata de un regalo de poca monta. El costo fiscal de las gabelas otorgadas durante los últimos años en el tema de la deducción del 40 por ciento para la adquisición de activos fijos asciende a más de tres billones de pesos anuales. Esto equivale, dice Juan Camilo Restrepo, a ocho veces el impacto fiscal que originalmente se había calculado para este privilegio tributario. Todavía no se han contabilizado los costos fiscales del resto de beneficios, como las exenciones a las nuevas inversiones en hotelería, que van por 30 años, o las relacionadas con los cultivos de tardío rendimiento.

El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, defienden la estrategia a capa y espada, convencidos de que estos estímulos tendrán un impacto positivo en el empleo y en el crecimiento. Para el ex director de Planeación Juan Carlos Echeverry, estos estímulos se justifican si atraen suficiente inversión, de tal manea que el costo fiscal del beneficio otorgado se vea más que compensado. Pero esa es precisamente la duda. Juan Camilo Restrepo asegura que la inversión se incrementa cuando hay mercado, demanda, existen servicios públicos, una buena dosis de seguridad y reglas de juego jurídicas estables. "Estas son las causas que mueven a un empresario a ensancharse. Si adicionalmente se le reduce su tributación, él estará muy agradecido: pero no será esta la causa eficiente que ha determinado dicha decisión de invertir".

Sin duda el asunto es delicado. El presidente Uribe se la ha jugado con los beneficios tributarios como fórmula para promover la confianza inversionista, un propósito muy loable. Pero si el gobierno se excedió en los 'regalos', el remedio terminará siendo peor que la enfermedad. Nadie niega que la inversión como proporción del PIB haya aumentado en Colombia en los últimos años, no sólo acá, sino en toda América Latina. Lo que nunca se ha demostrado es que los menores tributos sean la razón.

Lo importante sería que el gobierno corrigiera a tiempo este despelote tributario que ha armado. Algo que será difícil porque, como dice Guillermo Perry, con tantos estímulos el gobierno creó un Frankenstein que después será muy difícil desactivar.