InterBolsa: ¿Camino a la impunidad?

El 7 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera ordenó liquidar a InterBolsa, la mayor comisionista bursátil que tuvo Colombia. Con su caída, se vino abajo también la estantería del grupo financiero que se conformó alrededor de esta firma. Este descalabro conmocionó a Colombia, no solo porque era una empresa referente del mercado, sino porque los responsables hacían parte de la elite económica del país y porque entre las víctimas, además de ciudadanos del común, también cayeron figuras prestantes de la sociedad. (Vea: InterBolsa, la historia de una élite que se creía demasiado grande para caer)

Han pasado ya tres años desde que estalló este escándalo y aunque se han logrado avances importantes por recuperar la mayor parte posible del dinero de las víctimas (ver recuadro), en lo que toca al proceso penal el balance es bastante pobre. Prácticamente se estancó.

A la fecha solo hay dos personas condenadas, y eso porque reconocieron algunos de los delitos que les imputó la Fiscalía. Se trata de Rodrigo Jaramillo Correa, fundador y accionista de InterBolsa y presidente del mismo grupo. De cuatro cargos, aceptó dos: manipulación de acciones y administración desleal. Por estos, fue condenado a siete años que paga en su residencia en Medellín. Jaramillo espera el juicio por los delitos que no reconoció, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

La otra persona es Clemencia Soto Uribe, del área comercial de la comisionista InterBolsa, quien manejaba las cuentas del Grupo Corridori. Soto se declaró culpable de cinco delitos y por ellos ya fue condenada a 4 años de cárcel que también paga en su residencia.

El hecho de que solo se hayan producido dos condenas en tres años no deja de llamar la atención, pues este es uno de los escándalos empresariales más sonados y mediáticos de los últimos tiempos.

Abogados que siguen el caso sostienen que varias razones explican la lentitud de la etapa penal. Una de ellas es la cantidad de procesos abiertos. Actualmente hay 34, lo que le agrega una enorme dificultad al caso. Para algunos penalistas, esta decisión que tomó la Fiscalía no fue la más acertada. Ahora bien, el grado de complejidad radica también en que hay 43 personas vinculadas.

Otro hecho llamativo es que van 171 audiencias de todo tipo, para solo dos condenas y cuatro aceptaciones de cargos. Precisamente de este último grupo hacen parte Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, gestores del Fondo Premium y exaccionistas de InterBolsa. Los dos se declararon culpables de estafa agravada, manipulación fraudulenta y concierto para delinquir. Ambos esperan juicio por los cargos que no reconocieron: captación masiva y habitual y no reintegro. Se trata de los hechos más graves que implican condenas entre diez y 20 años.

Jaramillo y Ortiz no la pasan tan mal en la reclusión, pues se encuentran en la cárcel La Picota, en el pabellón Ere Sur, donde gozan de privilegios que no tienen otros reclusos. Juan Carlos ha salido varias veces de la cárcel para atender diligencias de salud, relacionadas con una operación de rodilla que le practicaron en la Clínica del Country, lo que para algunos forma parte de estrategias para dilatar el proceso.

Los directivos del Fondo Premium, Ricardo Emilio Martínez y John Alexander Muñoz, también aceptaron cargos y también están en la cárcel.

Dada la lentitud de la etapa judicial, algunos ya temen que este caso camine directamente hacia la impunidad. La principal razón radica en las artimañas jurídicas de los abogados de la defensa. El exvicefiscal general de la Nación, Francisco José Sintura, apoderado de InterBolsa en liquidación, sostiene que hay una estrategia dilatoria que busca alcanzar prescripciones de delitos menores a seis años de cárcel.

La verdad es que el pan de cada día de este proceso es que se suspendan las audiencias. La semana pasada, por segunda vez, se frustró la de acusación contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo y los demás responsables. “Cada quien se vale de la estrategia más simple para aplazar las audiencias”, sostiene el abogado Sergio Rodríguez, apoderado de las víctimas del Fondo Premium.

La Fiscalía reconoce que el proceso avanza muy lentamente. La fiscal Alexandra Ladino, quien ha estado frente a este caso en los últimos tres años, afirma que además de la estrategia de los abogados para dilatar las audiencias, el juez tiene tal sobrecarga de trabajo que cita las audiencias con dos o tres meses de plazo.

El tema es desesperante para el ente acusador y para los abogados que defienden las víctimas. Por eso, la Fiscalía ha solicitado al Consejo Superior de la Judicatura que nombre un juez especial para el caso. La fiscal Ladino descarta que los vencimientos estén encima. Sostiene que los procesos relacionados con operaciones no autorizadas –que contemplan las menores penas– serían los más próximos a prescribir, pero aun así se trata de dos años. Sin embargo, para el abogado Francisco Sintura el año entrante prescribiría el delito de administración desleal.

La jugada maestra

Desde que estalló el escándalo de InterBolsa muchos se preguntaron si los responsables recibirían el castigo merecido. Aunque recuperar el dinero invertido era el principal objetivo, también era cierto que todos esperaban que la justicia se aplicara con rigor y que quienes realmente ocasionaron este drama pagaran por sus actos.

Por eso ha causado gran indignación entre abogados y víctimas la posibilidad de que algunas de las principales cabezas de esta debacle obtengan un principio de oportunidad que los deje libres de culpas y también de la cárcel. En concreto se trata de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo quienes desde la cárcel entablaron un proceso de colaboración con la justicia, basados en la posibilidad de brindar información de utilidad para el proceso y con el compromiso de servir como testigos de cargo contra otros investigados. Pretenden buscar un principio de oportunidad relacionado con el delito de captación y no reintegro, algo que los abogados de las víctimas rechazan tajantemente.

El pasado jueves, Sintura radicó un escrito ante la Fiscalía en el que señala las razones por las cuales el ente acusador debe valorar el otorgamiento de principios de oportunidad y no ceder a ellos. Alega que para noviembre de 2012 el delito de captación ya se había consumado y la información sobre sus elementos y alcances ya reposan en poder de la Fiscalía y, de hecho, hizo ya uso de esos datos para efectos de la imputación y de la acusación. “Nada nuevo entonces podrán aportar los potenciales beneficiados distinto a contar cómo cometieron el delito y cómo se beneficiaron de él, aspectos estos que ya son parte de la acusación. Más bien debería buscar un preacuerdo y reparar”.

Con el propósito de lograr este principio de oportunidad, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz estarían aliados en la estrategia de defensa. Buscan aprovecharse de los bienes de Víctor Maldonado y así salir del lío de la captación.

Los otros protagonistas

Una muestra más de que el proceso penal se estancó es que la situación del resto de personas implicadas tampoco ha avanzado en lo más mínimo. Álvaro Tirado, presidente de la comisionista InterBolsa, no aceptó ninguno delito y actualmente tiene medida de aseguramiento en su domicilio. Está a la espera del juicio.

Alessandro Corridori, responsable de manipular la acción de Fabricato, tampoco aceptó cargos. Estuvo año y medio en La Picota, pero por vencimiento de términos fue dejado en libertad, aunque no puede salir del país por orden de un tribunal. También está pendiente de juicio. Su esposa Claudia Jaramillo, que trabaja con él, estuvo en El Buen Pastor un año y medio, pero está en libertad por vencimiento de términos. En igual situación se encuentra su hermana María Eugenia.

Las dos personas que gerenciaron el Fondo Premium, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado, se declararon no culpables de los cinco delitos que les imputaron. Al primero le fue revocada la detención domiciliaria por centro carcelario y al segundo está en La Picota en el pabellón Ere Sur.

No solo los abogados tienen sus artimañas para salvar a sus clientes. Mauricio Infante, presidente de la SAI y miembro de la junta directiva de comisionista InterBolsa, quien debe responder por cinco cargos, ha dicho que tiene problemas de salud por los cuales no puede ser imputado. En su excusa médica aduce que sufre trastorno bipolar desde 2008 y por lo tanto no podría responder por sus actos. Además se encuentra en Estados Unidos, donde tramita asilo político.

Por su parte, Víctor Maldonado ya fue imputado pero se encuentra en España. La Audiencia Nacional de ese país (máximo órgano jurisdiccional) dio luz verde a su extradición a Colombia, para que sea juzgado acá.

En resumen, todavía falta mucho para conocer el final de esta historia. Ojalá la Fiscalía logre acelerar los procesos en curso, porque, como se dice en el argot del derecho, el tiempo es el enemigo del juez y de las víctimas. Que prescribieran algunos de los delitos que han sido imputados sería muy grave para la credibilidad de la justicia y una bofetada para la sociedad colombiana.

Las cuentas, tres años después

El hueco que dejará el descalabro bursátil se acerca a los 700.000 millones de pesos.

En paralelo a la etapa penal, pero a mayor velocidad, marcha el proceso para recuperar el dinero de las víctimas. Esta tarea está a cargo de los liquidadores designados por la Supersociedades para el Grupo InterBolsa (o holding) y el Fondo Premium, y de Fogafín para el caso de la firma comisionista. Así van los tres.

1. En lo que se refiere al holding, el liquidador Pablo Muñoz está muy cerca de cerrar este capítulo. Los afectados fueron sobre todo personas jurídicas, pero indirectamente hubo algunas personas naturales a través de los llamados TEC de Luxemburgo, una inversión que ofreció el grupo. Unos 300 tenedores de estos títulos serán los primeros en recibir el dinero, pero no en su totalidad. El liquidador pudo recuperar de los bienes y activos del holding, alrededor de 65.000 millones de pesos, lo que alcanza para devolver hasta el 75 por ciento. Este paquete, en el que hay efectivo e inversiones, el más importante el 40 por ciento de la aerolínea Easyfly, está en cabeza de la Fiduciaria Popular en un fideicomiso que vence en julio de 2016. Es decir, en esa fecha se deberán liquidar esos bienes y en esa medida se repartirán los dineros. Aunque antes las víctimas podrían negociar los derechos fiduciarios en el mercado secundario.

En este caso del holding, se quedarán sin cómo atender las reclamaciones por 200.000 millones de pesos aceptadas por la liquidación. La Dian, por ejemplo, perderá unos 6.000 millones de pesos.

En esta tarea de recuperar los dineros, Pablo Muñoz demandó a Rodrigo Jaramillo para que devuelva 3.500 millones de pesos, correspondientes a bonificaciones que se autodecretó; el sueldo que le giró a su esposa Cecilia Botero y otros bienes como automóviles. Ya hubo fallo a favor del liquidador, pero Jaramillo apeló. Se espera una decisión final.

2. A la liquidación de la comisionista InterBolsa se presentaron a reclamar 490 personas –entre naturales y jurídicas– por un total de 246.000 millones de pesos. Había tres activos por liquidar: una participación en el Fondo Tribeca valorada aproximadamente en 100.000 millones de pesos; un paquete de acciones de Fabricato, que a precios de hoy valen unos 18.000 millones; y otro tanto de la Bolsa Mercantil por unos 14.000 millones de pesos. Lo anterior, más otros activos disponibles, suman unos 140.000 millones de pesos para entregar a las víctimas de la firma. La devolución en este caso sería de poco más del 50 por ciento. Quienes tenían repos de InterBolsa, por unos 100.000 millones de pesos, solo recuperarán parte de su capital a pesar de que Maldonado y Jaramillo prometieron que lo pagarían.

3. Y por último, la liquidación del Fondo Premium, a cargo de Alejandro Revollo, ha sido la más compleja, pues no solo se trata de la mayor suma afectada, 320.000 millones de pesos, sino que está atada al delito más grave de este escándalo, la captación.

Esto ha conducido a que los implicados hayan desplegado todas sus estrategias para torpedear e influir en esta liquidación y tratar de atenuar su responsabilidad, en la medida en que se devuelva el dinero a las víctimas.

En las próximas semanas se terminará la valoración definitiva del inventario de bienes embargados, que en 83 por ciento pertenecen a Víctor Maldonado, en 8 por ciento a Juan Carlos Ortiz y en 0,9 por ciento a Tomás Jaramillo. Unas 1.200 personas que invirtieron en Premium hacen fila para recibir su dinero. El 80 por ciento de ellas ahorró en promedio 500 millones de pesos; en el resto hay inversionistas que metieron hasta 5.000 millones. El mayor reclamante tiene enredados 11.000 millones de pesos.

Mientras se conoce cuánto alcanzan a valer los bienes, entre los que está la cadena de restaurantes Archie’s, hay una propuesta para que una fiducia los administre, de manera que se vendan ordenadamente para maximizar su valor.

En esta liquidación, el empresario Víctor Maldonado desde que fue detenido en España ha hecho una oferta de pago de sus deudas con Premium, lo que poco tiene de nueva, pues se trata de poner a disposición de las víctimas los mismos bienes que ya están embargados por el agente liquidador del fondo. En su lista, Maldonado calcula dichos bienes en 130.000 millones de pesos. Esta propuesta tendría el inconveniente de que Maldonado y sus asesores omiten que no solo interviene por su calidad de deudor, sino porque la superintendencia lo considera responsable y beneficiario de la captación. Por lo tanto, su obligación no se limita a los títulos de deuda, sino a la totalidad de los recursos objeto de captación, pues es solidario con todos los intervenidos.

En todo caso, la asamblea de acreedores tendría que aprobar cualquier decisión. Y por ahora, hay más palabras que hechos. Aun si se lograra recuperar el 60 por ciento de Premium, habría que concluir que el hueco que dejaría el descalabro de InterBolsa se acercaría a los 700.000 millones de pesos.