JUEGO DE RIESGO

Muchas decisiones de este gobierno han despertado críticas, pero pocas han hecho tanta mella como una que tomó el 24 de agosto en relación con las Administradoras de Riesgos Profesionales _ARP_. Ese día expidió un decreto en el que les dice a las empresas que si quieren pasarse a una ARP privada sólo lo pueden hacer antes del 30 de noviembre, o de lo contrario tendrán que seguir afiliadas al ISS al menos durante un año, al cabo del cual podrán volver a tomar una decisión.El ISS ha argumentado que lo único que busca es equidad en las reglas de juego. Sin embargo, pocos han quedado contentos con la explicación. Al fin y al cabo la Ley de Seguridad Social le abrió las puertas a la competencia en pensiones, salud y riesgos profesionales, que eran los tres monopolios del ISS. Y en cuanto a las ARP, el decreto-ley 1295 de 1994 fijó las reglas de juego para que pudieran funcionar. Con estos parámetros fueron aprobadas 18 compañías, que invirtieron 152.519 millones de pesos el año pasado y 156.225 millones en los primeros seis meses de 1996 _ver cuadro_. "Lo que nos preguntamos es por qué nos cambian las reglas de juego a sólo dos años de habernos metido con todos los fierros", dijo el gerente de Suratep, David Vigoda. Son muchas las posibles respuestas para ese interrogante, y aunque SEMANA intentó conseguir la del Seguro Social, no fue posible obtener su opinión. Sin embargo, en la que la mayoría coincide es en la que dio un analista del tema: "Es como si yo voy perdiendo una carrera y la única forma de ganarla es pinchar el carro del competidor. Si uno es bueno, no tiene porqué hacer eso, de manera que lo único que está demostrando el ISS es que no es capaz de competir".Y la verdad es que, aun cuando el Seguro Social sigue siendo el líder, las privadas han logrado abrirle un hueco de varios millones. Según la Unión de Aseguradores de Colombia _Fasecolda_, en junio pasado las privadas tenían 800.000 trabajadores afiliados, cifra que equivale al 20 por ciento del mercado. Aunque es aún poco, impresiona el aumento frente a diciembre de 1995, cuando sólo tenían el 10 por ciento. Y lo más grave para el Seguro es que, según cuentas de Suratep, en noviembre los privados tendrán ya el 30 por ciento del mercado, con lo que el ISS habría dejado de recibir 120.000 millones de pesos, una cifra considerable frente a los 400.000 millones del sistema.Toda una luchaA pesar de los resultados, es difícil que las 18 compañías sigan con el ritmo que han demostrado. Y por eso se han dedicado a movilizar el mayor número de empresas hacia sus filas a punta de una publicidad agresiva que comenzó el 26 de septiembre, precisamente el día de la seguridad social. Arrancaron con un aviso en El Tiempo para el cual se unieron Alfa, Bolívar, Colpatria y Suratep, en el que dicen: "Si usted nunca ha celebrado el día de la seguridad social es porque probablemente no ha tenido nada que celebrar".A ese le siguieron varios en los que decían, por ejemplo: "Hoy usted puede elegir entre las ARP privadas y el Seguro Social. Desde el 30 de noviembre ya no podrá elegir. ¿No le parece que eso es un riesgo?". El ISS estuvo sin responder durante unos ocho días, pero no aguantó más y el primero de octubre salió con un aviso en el que sostenía que en riesgos profesionales el ISS era profesionalismo y productividad. Después comenzó a responder a prácticamente todos los avisos de los privados con mensajes más directos.Al primero que contestó fue a uno en el que las privadas anunciaban con orgullo que la Presidencia de la República se había afiliado a una ARP privada. Inmediatamente el ISS logró que la Presidencia se cambiara a su ARP y, así, salió con este aviso: "El gobierno confía plenamente en el Seguro Social. A partir del primero de enero de 1997 la Presidencia de la República estará en la ARP del ISS".La pelea publicitaria no ha cesado, y la verdad es que son muchos los miles de pesos que se han ido en eso. Para los privados pueden ser más de 500 millones _sin contar las campañas de las empresas en forma independiente_, y para el ISS la cifra no debe estar muy lejos. Sólo un aviso de página entera en El Tiempo cuesta más de 25 millones de pesos, y como la lucha ha sido también en El Espectador e incluso en televisión, son muchos los ceros que están detrás de la disputa.Pero como las ARP privadas saben que por mucha publicidad que hagan, a punta de avisos no van a lograr cambiar el decreto, también están peleando en otro escenario: el jurídico. En este momento hay tres demandas en el Consejo de Estado que buscan la nulidad del decreto, o al menos su suspensión provisional.Las razones son básicamente dos. La primera es que el decreto sólo lleva las firmas del Ministro de Trabajo y del Presidente de la República. En concepto de los demandantes, las ARP son controladas por la Superintendencia Bancaria, de manera que cualquier medida en torno de ellas requiere la firma del Ministro de Hacienda. Además, las ARP trabajan con el tema de salud ocupacional, y por eso el decreto debía tener la firma de la Ministra de Salud.Otro argumento es que el 1530 viola la Ley 100, que buscó acabar con un monopolio y establecer la competencia; así como el decreto 1295 de 1994, que reglamentó la parte de riesgos profesionales. La razón es que mientras éste permite a los empleadores trasladarse de ARP una vez al año en forma voluntaria, el 1530 impone una restricción al fijar una fecha límite y prohibir las afiliaciones a las administradoras privadas durante un año."Congelar por un año la libre competencia contemplada en la Ley 100 es una forma ilegal y poco noble de cerrar el mercado y crear un monopolio temporal utilizando el poder del Estado", dijo a SEMANA William Fadul, presidente de Fasecolda, que es una de las entidades demandantes.Lo que todos esperan es que el Consejo de Estado se pronuncie antes del 30 de noviembre para determinar, al menos, la suspensión temporal del decreto, pues como el fallo puede tomar tres años, ya sería mucha el agua que habría corrido debajo del puente.Pero aparte de lo que pueda ocurrir con los riesgos profesionales, no es la primera vez que el gobierno intenta restringir la competencia en la seguridad social. En pensiones ha tocado los temas de la pensión mínima y la autoliquidación, e incluso el presidente del ISS, Carlos Wolf, ha anunciado la creación de un seguro de desempleo. Y en salud fue elaborado un decreto _posteriormente rechazado por los ministros de Hacienda y Salud_ en el que se acababa con el actual subsidio a la demanda y se volvía al antiguo esquema de subsidio a la oferta. Por todo eso, la verdad es que aun cuando el decreto sea suspendido es difícil que cambie la intención de un gobierno que no se caracteriza por la defensa de la competencia, al menos en lo que a seguridad social se refiere.