La autopsia

Cuando Jairo Cortes, especializado en economía y banca en Estados Unidos y con una reconocida trayectoria como técnico, comenzó su trabajo de liquidador de la Caja Agraria a mediados de 1999 no sabía en qué se había metido. No tenía listados de inventarios, archivos, ni estados financieros. No estaba completa la información de los créditos ni de los 7.800 empleados que había que liquidar, ni de los 9.600 jubilados que había que trasladar a un nuevo fondo pensional.

Paradójicamente hoy, cuando completa más de un año de estar muerta oficialmente, la Caja Agraria está por fin funcionando. Al menos el equipo de 600 personas que le está haciendo la autopsia ya ve con mayor claridad por qué las sucesivas capitalizaciones de la última década —entre el 1992 y 1998 el gobierno nacional le inyectó 272.000 millones— no aliviaban a este paciente: estaba lleno de venas rotas y no se podía curar con transfusiones. Su propia razón de ser, fomentar el crédito para los campesinos colombianos, se había distorsionado al extremo en los últimos años.

En lugar de ser el Robin Hood del agro se convirtió en el “Hood Robin”: imponía condiciones estrictísimas a los más pobres para autorizarles un crédito mientras que prestaba alegremente a los grandes comerciantes con palanca en el gobierno de turno.

Los ejemplos abundan y son verdaderamente dramáticos. En Socorro, Santander, la Caja le prestó a un campesino cinco millones de pesos, se colgó después de pagar dos millones y le reestructuraron su crédito con intereses de DTF más 15 puntos. Ese mismo año de 1998, el mismo día en que abrió su cuenta, la sucursal de la Caja en la Avenida Jiménez de Bogotá le prestó a una empresa 2.900 millones de pesos al DTF y cuando no pudo pagar parte del crédito se lo reestructuraron a cero interés.

En Aracataca a un anciano le prestaron 1.250.000 pesos en 1998. Le cobraron un interés de DTF más 15 por ciento y en el 99 llegó a pagar tasas hasta de 56,23 por ciento. En cambio a tres textileras les prestaron 9.153 millones, 1.050 millones y 1.569 millones respectivamente, y sólo les cobraron el DTF. Cuando la última se colgó le refinanciaron 650 millones al 0 por ciento. Y en Valledupar otra firma grande logró créditos por más de 1.000 millones al DTF.

No sólo favorecieron grandes empresas por los bajos intereses. A una firma hotelera le prestaron 2.000 millones de pesos. No canceló y se le recibió en dación en pago un inmueble en obra negra que no podía ser vendido. Otra empresa del Tolima, el mismo día de 1997 en que la Caja le reestructuró cinco obligaciones multimillonarias que no podía pagar, le autorizaron un nuevo préstamo con dinero fresco por 2.000 millones más.

Así, no es de sorprenderse que si en 1990 alrededor del 80 por ciento de la cartera era al agro, en 1999 esta participación se había reducido al 37 por ciento y en cambio el crédito para comercio o para consumo creció sin freno.



Jubilaciones de júbilo

Los objetivos de la Caja Agraria no sólo se desviaron en la inequidad de los créditos. Los liquidadores han encontrado verdaderas perlas en muchas otras actividades de la entidad. No tramitó debidamente las pensiones. Así, desde 1995 la Caja Agraria giró al ISS los dineros de los aportes en pensiones pero no envió en medio magnético las listas especificando a qué nombre correspondía cada aporte. Debido a esto la Caja tuvo que asumir 50 millones de pesos adicionales de mesadas pensionales.

Una funcionaria de la oficina de la calle 19 en Bogotá se jubiló en 1993 y por cinco años no la afiliaron a la EPS, no le descontaron su aporte a salud. Entonces, por convención colectiva, la Caja pagaba su atención médica en cualquier lugar del país. Pero al liquidarse la Caja quedó sin seguro. Le dio cáncer y la EPS no le cubre porque le falta antigüedad. La Caja ha tenido que asumir los costos. Hay 217 casos como este que le están costando a la liquidación de la Caja sumas millonarias aún por determinar puesto que además de los tratamientos hay cientos de tutelas en su contra por no haber afiliado a sus pensionados a una EPS como obligaba la ley.

Otras pensiones irregulares incluyeron casos de ‘niños’ de más de 25 años que seguían cobrando la jubilación de sus padres muertos, como el hijo de un empleado en Lebrija, Santander, que entre 1993 y 1999 cobró sin tener derecho 758.530 pesos mensuales por la pensión de su padre fallecido. Es decir, más de 54 millones de pesos. Como este caso hubo otras 338 pensiones que no se merecían. En 168 casos, simplemente, habían muerto pero como la Caja no había actualizado nómina seguía pagándoles. Y en otros 51 casos las personas estaban devengando doble pensión: de la Caja, del ISS y algunas de Cajanal.

“Vamos a terminar la revisión de cada una de las más de 9.300 pensiones y pasarlas saneadas al Fopep”, dijo Rodrigo Castillo, gerente de pensiones de la liquidadora. A la fecha han encontrado más de 900 pensiones con problemas . Y con las que han podido sanear o corregir le han ahorrado al Estado aproximadamente 10.600 millones de pesos.



Anticorrupción

Una de las tareas del liquidador fue crear un grupo especial, que ha seguido trabajando en la identificación, denuncia y seguimiento de irregularidades. Según Claudia Medina, abogada de este grupo anticorrupción, encontraron, entre otros, dobles hipotecas sobre un bien garantizando, créditos sin garantías, préstamos con bienes públicos como garantía y títulos falsos y créditos para los mismos directores de la Caja.

Según Medina, al comenzar octubre se habían detectado 1.340 operaciones de crédito irregulares en 15 de las 29 regionales del país y en 29 oficinas de Bogotá. Se han formulado 147 denuncias penales ante la Fiscalía General, 96 quejas disciplinarias ante la Procuraduría, de las cuales 68 son en contra de altos directivos de la entidad. Se estima que por toda esta corrupción y desgreño administrativo se perdieron 207.000 millones de pesos. Esto, obviamente, no incluye la cartera morosa de créditos que cumplieron los requisitos.

El desastre que encontraron Cortés y su equipo es interminable. Para documentar los 12.000 procesos jurídicos que llevaba la Caja “tuvimos que ir pueblo por pueblo, en cada juzgado, viendo qué procesos había que involucraran a la Caja”, cuenta el liquidador. Además muchos de los abogados que aparecían en las listas de la Caja como sus apoderados en los distintos procesos laborales, civiles y comerciales se habían esfumado y no tenían oficinas ni teléfonos donde conseguirlos.

Inmersa en el balance de la Caja operaba una enorme compañía de seguros generales, agrícolas y obligatorio para carros. El problema es que la información de los seguros otorgados estaba hecha a mano. Y otra vez se encontró todo tipo de desmanes, como asegurados que pagaban su cuota, pero como el funcionario de la Caja no les abonaba el dinero quedaban sin cobertura.

La cartera —vencida o reestructurada, que fue la que le quedó a la Caja pues lo demás pasó al Banco Agrario— sumaba 1,3 billones de pesos; 700.000 millones de capital y el resto en intereses. Con planes para recuperar sólo el capital de los préstamos menores a 10 millones de pesos y cobrar tasas de interés crecientes con el monto del crédito, la liquidación ha recuperado 120.000 millones de pesos. Con este dinero han cubierto sus propios gastos de personal —unos 9.000 millones al año—, han pagado mesadas pensionales, han completado el dinero para liquidar a los 7.800 empleados de la antigua Caja y han cubierto otros gastos de liquidación, como viajes o seguimiento a procesos penales.

Además ha sido una tarea dispendiosa documentar cada crédito pues faltan pagarés, garantías, hipotecas e inclusive se perdieron las carpetas enteras de créditos de los que sólo se tenía noticia porque estaban listados en el sistema de administración de cartera.

Cuando los empleados de la liquidación de la Caja salieron a inventariar las oficinas, 847 en total, y los inmuebles que tenía en dación en pago o por otros conceptos, descubrieron que 110 inmuebles que aparecían en los registros públicos como de la Caja no estaban en la contabilidad; otros estaban invadidos. Ya se ha logrado poner en inventario casi todos los inmuebles, se han cerrado 170 oficinas y se sacaron 132.000 ítems de estas oficinas para vender en enero.

La ley le dio a la liquidación de la Caja Agraria dos años —prorrogables a otros dos— para terminar su labor. Y para mediados del año entrante Cortés asegura que ya tendrá inventarios completos, balance cuadrado, cerrados los negocios de seguros y los impuestos al día (en sólo multas hay 8.000 millones de deuda con la Dian).

Claro está que la arqueología de la Caja Agraria se ha ganado sus enemigos, como los políticos que perdieron sus cuotas y sus créditos con palancas y los que se beneficiaron y hoy no quieren que se destape nada.

Desafortunadamente los cambios eran imposibles mientras la Caja viviera. Los intereses en juego eran demasiados. Y esa es quizá la gran lección de esta historia: hay entidades como la Caja —o inclusive como el ISS— que no será posible poner en orden sino cerrándolas y creando unas nuevas en su lugar. Mientras tanto están destinadas a hacer de Hood Robins, distribuyendo los recursos públicos al revés sin importar cuánto dinero fresco le meta el gobierno.