LA BANCA-ROTA

"Vuelve y juega", fue el sentimiento general cuando se registró la nacionalización de otro banco tradicional colombiano. Con el caso del Banco del Comercio Colombia está llegando, "como sin querer queriendo" a lo que en la mayoría de los países tercermundistas es una meta sólo conseguible con un inmenso costo político.
En colombia el costo inmenso ha sido económico: cerca de 150 mil millones de pesos de los contribuyentes. Pero el hecho es que cerca del 80% del crédito está hoy, por una serie de circunstancias en manos del gobierno, sin que esa circunstancia fuera el objetivo ideológico de ninguna fuerza política importante. Más que haber sido nacionalizados, los bancos colombianos entraron en una especie de limbo, puesto que las normas aplicables permiten aplazar el desenlace del episodio.
¿Hacia dónde va la banca nacional y cómo se compara el colombiano con casos de intervención en el continente?

SE CUECEN HABAS
En el caso peruano las medidas recientes que afectan al 25% del sector bancario, puesto que el restante 75% ya estaba nacionalizado de tiempo atrás, se tomaron bajo consideraciones políticas antes que económicas. Un analista limeño señala que "políticamente el Presidente se sintió aislado. Un hombre acostumbrado al protagonismo político se vio en situación de perdedor y esto lo acorraló y lo llevó a planear una estrategia para recuperar la primera plana de la política nacional. No importaba el precio; lo importante era revertir la tendencia". Había que buscar un enemigo, y siendo Sendero Luminoso el único verdadero pero demasiado difícil de eliminar por decreto, entonces creó uno: el sector financiero. En el más puro estilo caudillista buscó repetir el éxito político de hace dos años cuando se enfrentó a la banca extranjera y al FMI decretando una limitación unilateral al pago de la deuda externa. Ahora, los problemas deriva dos de la nacionalización de la banca ya se sienten: polarización de los distintos sectores sociales y desconfianza traducida en ausencia de inversión privada. La intención económica manifiesta de la medida es obtener inversión productiva partiendo del control de la banca. Olvida que el crédito solo no puede transformar la estructura de un país, por más que un presidente lo quiera.
El gobierno mexicano de López Portillo el 1° de septiembre de 1982 emitió dos decretos: nacionalización de la banca privada y establecimiento de control integral de cambios. Los objetivos perseguidos eran tres: salvar la estructura productiva, excesivamente endeudada con la banca; proporcionarle los recursos para recuperarse; y detener el proceso perverso de fuga de capitales-devaluación-inflación. La situación económica en la cual se dieron estas medidas era desesperada. El gobierno estaba acorralado por los hechos, y las medidas se tomaron no para iniciar un ciclo de expansión sino para sostener al sector productivo.
1982 es un año difícil también para el sector financiero chileno. A mediados de julio el Banco Central interviene para anunciar un conjunto de medidas a fin de impedir su colapso. Ofrece un convenio para adquirir malas deudas "consistentes en cartera vencida, cartera no vencida pero con riesgo o inconvenientes de recuperación, y cartera "relacionada" o sea la de los grupos financieros a sus empresas". 13 bancos y 3 empresas financieras acordaron convenios con el Banco Central, iniciando de esta manera el proceso de saneamiento del sector.

LOS ANTECEDENTES COLOMBIANOS
El caso colombiano también es particular. Con el episodio reciente del Banco del Comercio el gobierno tiene bajo su control el 70% del total de los activos del sistema bancario, contando con tres bancos estatales: el Cafetero, Popular y Ganadero; cinco bancos intervenidos desde 1982: Colombia, Estado, Tequendama, Trabajadores y del Comercio y uno en fiducia, el Banco de Bogotá. Actualmente están intervenidas porda Superbanca ria 33 instituciones financieras, la primera de las cuales fue la Financiera Furatena.
A los 43 días de la toma de posesión de Furatena, se expidieron dos decretos que constituyeron los "sagrados mandamientos" de la intervención. Por medio del artículo 6° del decreto 2217 de 1982 se estableció que la toma de posesión conlleva la separación de los anteriores administradores, la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo, la formación de la masa de bienes, la suspensión de los procesos ejecutivos en contra de la entidad intervenida y la prevención a los registradores de instrumentos públicos de las acciones que se llevan adelante. Por medio del decreto 2216 del mismo año, se determinaron los trámites por seguir para la devolución de los depósitos y bienes de los ahorradores e inversionistas de las entidades intervenidas.
Tan grave era la situación en 1982 que el gobierno se vio obligado a recurrir a la emergencia económica por 24 horas para "adoptar medidas destinadas a conjurar la crisis financiera y a impedir la expansión de sus efectos mediante reformas al régimen legal". Dentro de las causas que determinaron la emergencia sobresalen: la necesidad de confirmar que la propiedad tiene una función social, el reconocimiento de una crisis sobre las instituciones financieras nacionales, la presencia de prácticas especulativas para adquirir el control de instituciones financieras, las tendencias a la concentración de la propiedad y del crédito, las conductas tendientes a burlar los límites legales y a evadir los deberes fiscales, y la necesidad de proteger a los accionistas de buena fe. Un decreto posterior que desarrolla la emergencia, el 2920 de 1982, señaló los mecanismos para lograr que el sector mantenga la confianza del público: vigilancia de la Superbancaria o de la Comisión de Valores en las instituciones amenazadas; toma de posesión para administrar o para liquidar; y en casos extremos, nacionalizar, entendiéndose por ello la actuación del gobierno por medio de la cual "asume la administración de una institución financiera, en uso de la facultad de intervención, y adquiere la posibilidad de participar en su capital en condiciones especiales evitando que los responsables de prácticas ilegales o inseguras se beneficien de su apoyo".

Y LA BANCA, ¿PARA QUE?
Ideológicamente, para los liberales progresistas y para la izquierda moderada la idea de nacionalizar la banca es siempre atractivo, pues se solucionarían rápidamente problemas complejos como la asignación del crédito a las actividades prioritarias del gobierno, el control a los abusos de los dueños de los bancos contra los ahorradores, y el asumir un mayor riesgo y un mayor costo en una mayor y más equitativa distribución del crédito. "Desafortunadamente este panorama no deja de ser un sueño" afirma un análisis de R. Hommes en la revista Estrategia. Si el Estado existiera en el vacío, siguiendo los dictámenes de una función de bienestar social, ese modelo de banca estatizada podría funcionar. "Por el contrario, si se nacionaliza la banca pero permanece inalterada la organización política y económica del país, muy rápidamente adquiriría la banca pública objetivos burocráticos propios... que obedecerían más a los intereses gremiales, particulares o regionales... y menos a los objetivos de desarrollo social y económico del gobierno".
Para el desarrollo económico y social se necesita un sector financiero ágil, competitivo, sólido y controlado por el gobierno. Pero para controlarlo, ya se tienen las herramientas, dentro de las atribuciones que posee la Junta Monetaria. Para estimular la competencia, el gobierno tiene bancos y corporaciones con las cuales dinamizar el sector. La organización del sector financiero, anota el mismo analista, "tal como está, permite al gobierno hacer todos los cambios que desee en el sector, y cambios en la economía a través de éste. No se ve la conveniencia ni la necesidad de una nacionalización indiscriminada de la banca. Lo que se necesita es fortalecer y agilizar la banca estatal... y respaldar a las instituciones que han sobrevivido a la crisis financiera e incitarlas a reorganizarse y a fortalecerse para contribuir al esfuerzo de reactivación" sin olvidar que el sector financiero es el espejo del productivo, ya que si se solucionan los problemas de las empresas productoras de bienes se solucionan también, en lo fundamental, los de las empresas financieras.