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| 12/19/1994 12:00:00 AM

LA GRAN BATALLA

La primera batalla del Plan de Desarrollo va a tener que darse en el terreno de la credibilidad de sus metas.

LA GRAN BATALLA LA GRAN BATALLA
EL LIBRETO SE REPITE CADA CUATRO años. Poco después de que el gobierno de turno le entrega a la opinión el texto del plan de desarrollo, los especialistas se dedican durante los meses siguientes a tratar de demostrar que sus objetivos sencillamente no son posibles.

Y todo indica que lo mismo le va a pasar a El Salto Social. En efecto, el proyecto de plan de desarrollo de la presente administración, que fué dado a conocer la semana pasada, va a estar en la mira de los conocedores en el transcurso de los próximos meses.

Claro que por cuenta de la Constitución de 1991 el asunto va a ser más extenso. El texto que entregó el presidente Samper el pasado miércoles 16 debe recorrer ahora un dispendioso camino, el cual incluye su discusión en el seno del Consejo Nacional de Planeación, su examen por parte de los Consejos Regionales y su presentación al Congreso para que éste lo apruebe, a comienzos de febrero del próximo año. Sólo a mediados de 1995 se sabrá finalmente en qué consiste en definitiva la carta de navegación de este gobierno a lo largo del cuatrienio.

No obstante, lo más probable es que buena parte del libreto actual se conserve. Al fin de cuentas, a pesar de las criticas y de la artillería que se apresta a recibir El Salto Social, es difícil creer que un puñado de personas sin mucho apoyo técnico pueda sugerir un camino muy diferente.

El proyecto de plan que se le presentó a la opinión tiene varios sellos característicos de Ernesto Samper. Muchas de sus propuestas datan incluso desde los tiempos en que el actual presidente estaba al frente de Anif, o, más recientemente, al comando del Ministerio de Desarrollo durante el gobierno de Gaviria.

Uno de sus énfasis principales es el de darle una base conceptual novedosa a todas las propuestas. Se trata del modelo alternativo de desarrollo que Samper había tenido la ocasión de exponer a finales de septiembre, durante su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para decirlo en términos coloquiales, se trata de un ensayo de hacer las cosas 'ni muy muy, ni tan tan'. Para citar un caso ilustrativo, Samper no es ni muy intervencionista en la economía, pero no esta ni tan convencido de las bondades del libre mercado.

La nueva manera de analizar la realidad colombiana y las soluciones que se proponen tienen como objetivo aumentar el crecimiento de la economía y mejorar el bienestar de los colombianos. Dicha meta, valga la pena anotarlo, es la misma que han tenido los diferentes planes en la historia del país, con resultados que ya están a la vista.

No obstante, los instrumentos son diferentes. El plan contiene estrategias particulares en las áreas económica, de inversión, de competitividad y de gasto social, entre otras. Cada una de ellas tiene elementos positivos y negativos, los cuales, sin entrar a particularizar, vale la pena analizar.

Quizás la principal particularidad de el Salto Social es la magnitud de recursos involucrados. Pero más allá de los 50.000 billones de pesos (unos 60.000 millones de dólares) que debe costar el programa en los próximos cuatro años, lo que resulta evidente es que el Estado colombiano ya comienza a manejar volúmenes de recursos importantes, debido al rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos 20 años. De manera que el plan, cuyo cumplimiento se avecina, es de lejos el más rico y ambicioso y en esa medida está tan expuesto a los éxitos como a los fracasos.

El riesgo general de toda la estrategia tiene que ver con la manera de 'cuadrar' las cuentas. Si se analizan las cifras, no deja de ser preocupante que las finanzas del sector central van a mostrar un enorme deterioro que las va a llevar de un superávit fiscal a un déficit superior al 4.3 por ciento del Producto Interno, un nivel que los especialistas consideran como peligroso para la estabilidad económica de un país.

En medio de este escenario, es valido argumentar que los recursos fiscales que va a generar la explotación de Cusiana van a componer un poco las cargas. Al fin de cuentas se espera que el sector publico consolidado muestre un superávit fiscal. Sin embargo el problema estructural continua, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de las cuentas fiscales tiene que ver con ingresos muchas veces imponderables, como son los provenientes de las privatizaciones o los derivados de una mejor administración tributaria.

Otro gran interrogante surge a la hora de mirar el papel del sector privado en el éxito del plan. Por una parte, el volumen de privatizaciones debe ser bien importante y superar la suma de los 3.000 millones de dólares, una cifra considerable si se tiene en cuenta el historial de Colombia en ese campo. De la misma manera se aspira a que una tercera parte de la inversión vial sea financiada por el sector privado a través de concesiones por un valor cercano a los 2.200 millones de dólares. Aunque ambos objetivos son loables, queda la duda sobre si habrá interés por parte del sector empresarial, tanto colombiano como extranjero, en tantas cosas a la vez, por más apetitosas que parezcan.

Por el lado del gasto, los interrogantes no mejoran mucho. Como ya se ha dicho, buena parte del énfasis en los recursos presupuestados se va a dirigir a programas sociales en temas como educación, vivienda o salud. Pues bien, la experiencia pasada indica que uno de los principales problemas de estos sectores está relacionado no sólo con la baja asignación de fondos, sino con los desalentadores incides de ejecución de los programas. Dicha preocupación se vuelve particularmente aguda si se tiene en cuenta que el nivel de preparación de los funcionarios del área social es tan baja como de costumbre. El sector sigue plagado de nombramientos políticos, mala organización y bajos incides de motivación, tal como ha sido tradicional en Colombia. Poco se consigue con asignar más dinero si la ineficiencia es la misma de siempre.

Un temor relacionado con el anterior es que los nuevos recursos se gasten, pero se queden en la mitad del camino. En otras palabras, se sabe que va a haber una enorme presión para que se hagan aumentos salariales considerables en diversos sectores, y aunque es cierto que en algunos casos estos podrían estar justificados, un exceso de largueza puede repetir de alguna manera la experiencia de lo que pasó en la justicia: funcionarios mejores pagados, pero la misma ineficiencia de siempre.

Para completar esta atropellada lista, queda flotando la duda sobre la consistencia macroeconómica del plan. Aunque las cifras de Planeación Nacional demuestran que las cuentas cuadran, otra cosa es la que piensan los expertos. "Va a ser difícil conseguirlo todo", anota Eduardo Lora, de Fedesarrollo.

Las mayores dudas están relacionadas con un éxito eventual en la lucha contra la inflación y la revaluación. Los críticos del gobierno señalan que un aumento en el gasto publico, como el observado, va a hacer muy complicado conseguir disminuir la carestía y el abaratamiento relativo del peso frente al dólar. En contraste, si se logran conquistas en ambos escenarios, se cree que esto sólo podría ser a cambio de una menor ejecución presupuestal e incluso de un menor crecimiento.

El resultado de tantas especulaciones sólo será aclarado por el tiempo. En el intermedio queda la duda de que el plan propuesto pueda cumplir la mayoría de sus propósitos, por más altruistas que sean. Dicho de otra manera, el Salto Social ya dio el primer brinco. Falta ver en donde cae.-

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