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| 3/28/1994 12:00:00 AM

LA GUERRA DE LAS ROSAS (3)

La nueva demanda contra las rosas colombianas preocupa no sólo por los derechos compensatorios que les puedan imponer, sino por los costos del proceso.

LA GUERRA DE LAS ROSAS (3) LA GUERRA DE LAS ROSAS (3)
LOS FLORICULTORES DE COLOMBIA Y ECUAdor tienen los pétalos de punta. En especial los productores de rosas. El pasado 14 de febrero la firma de abogados Stewart & Stewart, actuando a nombre de los floricultores estadounidenses, asociados en el Floral Trade Council, entabló una demanda por dumping contra los exportadores de rosas cortadas de los dos países. El Departamento de Comercio de Estados Unidos emprenderá esta semana la correspondiente investigación, con el fin de establecer si existen méritos suficientes para imponer derechos compensatorios a su importación.
Es la tercera vez en 11 años que las rosas colombianas se ven sometidas a un proceso similar. La primera fue en 1983, cuando, después de una larga investigación, los exportadores de rosas cortadas ganaron un pleito que amenazaba con hacerles perder su competitividad en el mercado estadounidense. La segunda fue en 1986, cuando los cultivadores de ese país demandaron la totalidad de las flores colombianas. En esa ocasión salieron afectados -con el pago de derechos compensatorios- los claveles, los claveles en miniatura, los pompones y el crisantemo. Pero nuevamente las rosas pasaron el examen de las autoridades estadounidenses.
Los cultivadores de Estados no han cesado, sin embargo, en su empeño por limitar la penetración de las rosas colombianas -y ahora también de las ecuatorianas- en el mercado de su país. Por eso decidieron interponer un nuevo recurso ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por su sigla en inglés), alegando que los floricultores de los dos países están incurriendo en prácticas de dumping, esto es, vendiendo sus flores en el mercado norteamericano a un precio inferior, en promedio, al del mercado y que, por tanto, su producto es sometido a una competencia desleal.
La demanda tendrá que seguir un procedimiento que puede durar por lo menos un año, mientras se demuestra que los cultivadores de flores de Estados Unidos son perjudicados (ver recuadro). Lo curioso de esto es que cobija a todos los floricultores de Colombia y Ecuador, a pesar de que muchos de ellos no son exportadores de rosas.
La firma demandante, al parecer, tomó los nombres de los productores de flores frescas de los dos países que maneja el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los incluyó a todos en su petición de derechos compensatorios. De allí que la misma esté acompañada por una lista de más de 450 productores de la cual forman parte la totalidad de los cultivadores colombianos, pese a que los exportadores de rosas no pasan de 170.


PROBLEMA DE METODO
Lo cierto del caso es que si los productores de Estados Unidos ganan su demanda, afectarían un segmento significativo de la industria de flores colombiana. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las rosas cortadas representaron el año pasado cerca del 30 por ciento del valor total de las exportaciones de flores del país. Fue uno de los renglones más dinámicos del sector, con un crecimiento que -hasta el mes de septiembre- superaba la tasa del 30 por ciento y estaba por encima de casi todas las demás variedades.
Quedaría por ver, claro está, la magnitud de los derechos que las autoridades de Estados Unidos le podrían imponer a las rosas colombianas. El único antecedente comparable que existe es el de los derechos impuestos en 1987 a los claveles, los pompones y los crisantemos. Aunque no existe una tasa única para todos los productores, pues, dado el contenido de las leyes antidumping, una vez qaue se ha tomado la determinación de sancionar a la industria de un país cáda exportador puede pedir un tratamiento individual y, por tanto, llegar a tener un margen de dumping diferente, el promedio no supera en la actualidad el 2 por ciento. Y esa es, sin duda, una tasa muy baja, que no ha impedido el crecimiento de la industria.
Nada garantiza que suceda lo mismo con las rosas. Según Juana María Unda, presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores),"los cultivadores están muy preocupados porque no existe la certeza de que las autoridades de Estados Unidos apliquen una metodología apropiada a la investigación de su producto. Los exportadores pueden llegar a realizar hasta 10 envíos diarios de flores con todas las contingencias que eso puede significar. Si el análisis de los investigadores se hace operación por operación, el resultado podría ser supremamente costoso. Por eso la investigación requiere un tipo de análisis especial, que considere las particularidades del producto y en especial su altísima perecibilidad".


EL COSTO DE LA DEFENSA
Pero ese no es el único motivo de preocupación de los exportadores de rosas. Y para algunos no es ni siquiera el más importante. Convencidos de que no están ejerciendo ningún tipo de competencia desleal y de que, por ende, no es probable que les puedan imponer derechos compensatorios muy altos, su mayor preocupación es el costo mismo del proceso. "Los productores -según la presidenta de Asocolflores- tienen la responsabilidad de defenderse de las acusaciones que se les están haciendo, y los costos legales y administrativos que trae asociados un pleito de tal naturaleza son supremamente altos". Lo que quiere decir que, aun si resultan ganadores, el sólo hecho de tener que responder a la demanda puede resultarles muy costoso a los exportadores.
No es la primera vez que los floricultores tendrán que echarse la mano al dril para tratar de mantener su mercado en Estados Unidos. En años anteriores, con el fin de evitar demandas asociadas con la posible existencia de subsidios a la industria o para tratar de modificar las normas antidumping, los cultivadores colombianos -la gran mayoría de las veces de su propio bolsillo- tuvieron que pagar sumas que, según conocedores del sector, superaron el medio millón de dólares al año. Y cuando tuvieron que enfrentar revisiones asociadas con demandas, llegaron a pagar más de un millón. De allí que los cálculos preliminares sobre los gastos que tendran que efectuar en el próximo año no bajen de esta última cifra. Aunque, por primera vez, los costos podrán ser compartidos, pues la demanda incluye también a los cultivadores ecuatorianos.
"En cualquier circunstancia -en palabras de Juana María Unda- el costo será muy alto. Por eso estamos estudiando la posibilidad de solicitarle al Gobierno, a través de Proexpo, una contribución para hacerle frente a la demanda del gremio norteamericano". Para los cultivadores colombianos es hora de recibir una mano después de todo el palo que, según ellos, han recibido con el manejo cambiario.


EL PROCESO ANTIDUMPING

LA LEGISLACION DE ESTADOS Unidos sobre comercio exterior es una de las más estrictas y rigurosas del mundo. Dentro de esa normatividad existe un estatuto especial para los casos de d umping (competencia desleal) . Según las leyes vigentes, existe dumping cuando se presenta una diferencia sustancial (margen de dumping) entre el precio del producto en el mercado de origen y el precio de exportación a Estados Unidos, y, además, alguna industria norteamericana que produce bienes similares a los que se importan resulta perjudicada por la competencia desleal.
Una investigación de dumping se inicia con la petición que hace cualquier persona o entidad que se siente víctima de competencia desleal ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por su sigla en inglés), directamente o por medio de apoderado. A partir de entonces, tanto la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) como el DOC inician la investigación en varias fases.
En la primera, la ITC evalúa la petición y las pruebas, y determina en un plazo máximo de 45 días si existe "mérito razonable" para continuar la investigación. Durante esta etapa la Comisión realiza una audiencia pública para oír los descargos de los supuestos infractores. Si la determinación preliminar de la Comisión es negativa, el caso se cierra. Si concluye que ha habido un perjuicio real para los productores estadounidenses, la investigación continúa y pasa a manos del DOC.
Al DOC le compete realizar una evaluación preliminar en un plazo de 160 días, para determinar si ha existido dumping. Para ello envía cuestionarios detallados a los productores acusados para que provean información sobre los precios de sus bienes. Al mismo tiempo, las empresas implicadas deben consignar un depósito a modo de derecho compensatorio. Si la determinación preliminar es negativa, la investigación se suspende pero el depósito se mantiene y el caso pasa a la instancia de decisión final. De lo contrario, vuelve a manos del ITC para que emita un concepto definitivo.
En últimas, el ITC establece el alcance del perjuicio a los productores nacionales por la competencia desleal. El DOC determina la naturaleza del dumping y cuantifica los mecanismos compensatorios. Si ambas entidades deciden el caso afirmativamente, emiten una resolución antidumping contra los productores afectados y la inscriben en la lista negra del Registro Federal, hasta que los perjuicios sean cubiertos en su totalidad.

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