LA HORA DE LA VERDAD

¿En manos de quien acabará el Banco de Colombia? Tal era la pregunta que a final de la semana pasada se hacían los observadores económicos después de que se hiciera público el plan de la Junta Directiva de la institución crediticia para "recapitalizar" al organismo a través del Fondo de Capitalización, en una estrategia que fue refrendada por el gobierno. La idea consiste, básicamente, en emitir 7 mil millones de pesos en bonos convertibles en acciones del Banco al cabo de tres años, los cuales serán manejados por el gobierno quien, a su vez, se encargará de ponerlos en poder del público, dando facilidades de crédito para su compra.
El anuncio fue hecho tan pronto el gobierno terminó el análisis más exhaustivo que se haya realizado de banco alguno en el país. Como conclusión, quedaba claro que el organismo que, tradicionalmente había tenido utilidades cercanas a los $ 600 millones en el primer semestre, había arrojado pérdidas por $ 317 millones, durante el mismo lapso en 1984.
Los problemas operacionales, sumados a la exigencia que se le hacia al banco de incrementar en $ 2.000 millones su provisión para deudas de dudoso recaudo (de las que algo menos de la mitad corresponden a préstamos hechos a compañías del grupo), hacían imperativo contar con una fuente de liquidez. El aumento de recursos dado días antes al Fondo de Democratización, convertía en "obvia" la solución que se tomó.
Sin embargo, lo que no era obvio era cuáles eran las intenciones del gobierno, 7 mil millones de pesos representarían más del 51% en una nueva composición accionaria del Banco. De ahí que de la reglamentación que se le dé al mecanismo de capitalización dependerá la propiedad del organismo. Concretamente, el 52% que hoy en día posee el Grupo Grancolombiano podria ser mantenido en la medida en que éste llegue a ejercer su derecho de preferencia para obtener financiación por un monto de 3.600 millones de pesos. La ejecución del derecho de preferencia, que consiste en otorgar la primera opción de compra a los actuales accionistas, en proporción previa a su participación antes de la emisión, puede ser trabada o facilitada por el gobierno dependiendo de condiciones como tipo de garantía, veto de la superintendencia, etc. De ahí que de la actitud que tome el gobierno frente a la participación del Grupo Grancolombiano en la suscripción de la nueva emisión dependerá la proporción que éste pueda mantener. En el caso más extremo el 52% de ahora se puede ver reducido a un 15% o 16%.
No obstante, todo indica que, pese a las acusaciones que se le han hecho el gobierno no tiene la intención de aplicar técnicas discriminatorias en desmedro del Grupo, ni de estatizar el Banco en forma definitiva. Fuentes consultadas por SEMANA, tanto en el Grupo Grancolombiano como en el gobierno anticipan que el primero podrá ejercer el derecho de preferencia sin mayores obstáculos. La medida no quiere decir que en la práctica las riendas del Banco de Colombia queden en manos del Grupo Grancolombiano o de Jaime Michelsen pues las decisiones están siendo tomadas por un grupo de fideicomisarios por el lapso de 20 años. En consecuencia, aun cuando en teoría los actuales dueños puedan mantener su porcentaje la realidad es que hasta el año 2004 el Banco será controlado por su actual administración que representa indirectamente al gobierno.
Subsisten algunos interrogantes por aclarar. En primer lugar, aún no se sabe el precio de la acción que se utilizará como base de las negociaciones. En la actualidad, el valor en bolsa de las mismas es $ 3.90 mientras que el valor intrínseco es $ 21. En el caso del Banco de Bogotá, estos dos valores eran equivalentes, como consecuencia de haber mantenido artificialmente el valor en bolsa para beneficiarse en la negociación. En el del Banco de Colombia, la situación es al contrario ya que el valor en bolsa se había mantenido bajo artificialmente para efectos tributarios.
Al cierre de esta edición, se rumoraba que el valor escogido para las acciones del Banco de Colombia estaría entre 9 y 10 pesos, valor considerado promedio entre los extremos del gobierno y del grupo.
La mayor incógnita, sin embargo, era otra. Habría demanda para comprar acciones del Banco de Colombia, pese a las facilidades otorgadas para su compra por el gobierno. La situación económica del país, así como el precedente del Banco de Bogotá donde ninguna acción se ha vendido a la fecha, no permiten mayor optimismo. Si no hay demanda para el Banco de Bogotá con más de 500 millones de pesos de utilidad, difícilmente podrá haberla para el de Colombia con pérdidas de 300 millones de pesos durante la primera mitad de 1984. En caso de que las acciones no se vendan, se acabaría llegando a una semi-nacionalización del Banco, aunque no fuera ése el propósito inicial. Esto adquiriría más trascendencia si se tiene en cuenta que hay planes serios por parte de otros bancos de usar la nueva modalidad de capitalización.