La información, un asunto personal

En Colombia se volvió una constante recibir llamadas telefónicas en las que se ofrecen toda clase de productos y servicios, desde seguros, cursos de inglés, tarjetas de crédito, electrodomésticos y viajes, entre otros. Nadie se escapa de esta práctica comercial que vienen usando las empresas y que tiene fastidiados a millones de colombianos que no saben cómo hacen las compañías para conseguir sus datos personales.

Sin embargo, esa intromisión que se produce a cualquier hora del día y hasta los fines de semana podría tener un freno cuando comience a funcionar la nueva ley que protege la información de los colombianos.

Aunque a finales del 2010 el Congreso aprobó la Ley de Habeas Data, que regula el manejo de la información personal en las bases de datos, su aplicación había quedado engavetada a la espera del fallo de la Corte Constitucional que le daba vía libre a la norma. Solo falta la firma del presidente Juan Manuel Santos para que entre a regir la iniciativa. Con la divulgación de la sentencia del alto tribunal, la semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrá comenzar a aplicar las herramientas que contempla la norma para sancionar a quienes hagan uso indebido de las bases de datos.

Su implementación será uno de los mayores retos para la entidad, que afilará sus dientes para castigar a quienes suministren información a terceros sin permiso del afectado o la empleen para otros fines, como ocurre en el caso de muchas llamadas telefónicas de carácter comercial.

Por primera vez en el país se llevará un registro nacional de todas las bases de datos y se ejercerá un control sobre ellas -todo empresario que administre información de terceros tendrá que registrarse ante la SIC-. La entidad podrá imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales, más de 1.000 millones de pesos, ordenar el bloqueo temporal de los datos o incluso el cierre definitivo de las operaciones, si encuentra irregularidades en el manejo de la información personal.

"Vamos a garantizar que se respete el derecho al buen nombre y a la intimidad de las personas", dice el superintendente José Miguel de La Calle, quien aclara que nadie puede usar los datos personales si no hay una autorización expresa. Las compañías quedan obligadas a cumplir con el principio de finalidad, es decir, no podrán usar la información si no es para lo que expresa el contrato. Por ejemplo, un operador de telefonía celular no puede llamar a sus clientes para brindarles un servicio diferente al que contrató -no le pueden ofrecer un seguro o un plan vacacional-. En estos casos el usuario puede exigir que no lo llamen más y tienen derecho a que lo excluyan de estas bases de datos. Si no atienden sus reclamos podrán presentar una queja ante la SIC.

Nelson Remolina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dice que si bien estas llamadas pueden ser muy molestas lo más grave es el tema de seguridad. Los datos personales pueden llegar a manos de la delincuencia que los utiliza para fines criminales. Un ejemplo son las llamadas millonarias para estafar a la gente. "Esta es la tarea más importante y dispendiosa que tendrá por delante la Superintendencia porque se trata nada menos que de manejar la información de 44 millones de colombianos", dice Remolina.

El senador Luis Fernando Velasco, coordinador ponente de la iniciativa, sostiene que las entidades financieras, los operadores de telefonía celular, los hipermercados, las instituciones de salud, entre otras, tendrán que armarse de un equipo de abogados para mirar en detalle la nueva ley y evitar usos indebidos de la información.

Pero aunque vendrán más controles, son los propios usuarios y consumidores quienes deberán estar más atentos para saber a quienes les suministran su información personal, porque nunca se sabe en qué manos puede caer.