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| 4/12/1993 12:00:00 AM

LA VIDA SIN AGRIA

La posible huelga de la industria cervecera se podría convertir en el campo de batalla para determinar el alcance de la unidad de empresa en Colombia.

LA VIDA SIN AGRIA LA VIDA SIN AGRIA
EN EL CURSO DE LA PRESENTE SEMANA LOS colombianos podrían quedarse, por primera vez en la historia, sin cerveza. Esto sería el resultado de la declaratoria de huelga de los sindicatos no sólo de Bavaria, sino también de las cervecerías Unión, Aguila, Litoral y Colombo Alemana y de Malterías de Colombia y Colenvases. Es decir, la industria cervecera en pleno. Esa posible huelga está directamente relacionada con un interrogante jurídico que no ha sido fácil dirimir en muchos años. ¿De quién son las cervecerías en Colombia? Para el colombiano común y corriente la respuesta es obvia: del Grupo Santo Domingo. Pero una cosa es la interpretación coloquial y otra, bien distinta, es la interpretación jurídica. Y de esta última dependen muchas cosas: desde la posible huelga de la semana entrante hasta los estados financieros de la industria cervecera. La hora cero para la huelga es este jueves 18 de mar zo a las 12 del día. Al cierre de esta edición, las dos partes estaban trabajando a marchas forzadas para tratar de evitar el paro de actividades, pero tanto la administración como el sindicato estaban atrincherados en firmes posiciones de principio. Y como sucede con las posiciones de principio las dos partes manifestaban que no estaban dispuestas a ceder.
Lo que está de por medio es importante no sólo para los protagonistas sino para todos los colombianos.
Además de la posibilidad de que los consumidores se queden sin cerveza, el Estado va a dejar de percibir 700 millones de pesos diarios por concepto de impuestos. Y multimillonarias también serán las sumas que los trabajadores dejarán de recibir.
¿Cuáles son los principios que han desembocado en semejante con flicto? Básicamente uno. El de la propiedad de las cervecerías que determina lo que en la jerga jurídico laboral se denomina la unidad de empresa. Esta es una figura del derecho laboral que le permite al Ministerio de Trabajo o a un juez, decretar que un grupo de empresas son de propiedad o están controladas por las mismas personas y, en consecuencia, todos los trabajadores de estas; deberán recibir el mismo tratamiento laboral.
Desde 1987 los sindicatos de la industria cervecera habían solicitado la unidad de empresa. El propósito era buscar la nivelación salarial de los trabajadores de todas las cervecerías aplicándoles la misma convención colectiva.
Hoy en día el salario promedio de un trabajador de Bavaria supera en 22 por ciento al de un trabajador de Aguila y en alrededor de un 30 por ciento al de un trabajador de Cervunión.
El costo de nivelar los sueldos de toda la industria cervecera es inmenso. Según el presidente de Bavaria, Augusto López Valencia, se podría acercar a los 70.000 millones de pesos anuales. Según el sindicato, el costo de la nivelación asciende solamente a 22.000 millones de pesos. lndependientemente de cuál de las dos cifras sea la verdadera, el hecho es que el aumento de costos sería muy grande y por esto las cervecerías del Grupo Santo Domingo siempre habían batallado para que no les decretaran la unidad de empresa.
Con intereses económicos de esa magnitud, esta batalla pasó de ser un conflicto jurídico a un conflicto de poder. De las cuatro cervecerías existentes en Colombia, el Grupo era propietario del 100 por ciento de Aguila, el 100 por ciento de Litoral, el 95 por ciento de Cervunión y el 66 por ciento de Bavaria. La matriz era Cervunión, que a su turno controlaba a las demás, incluyendo Ba varia. Con esta estructura era prácticamente imposible sacarle el cuerpo a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de junio 27 de 1973, que señalaba que tenía que decretarse la unidad de empresa cuando se puede demostrar "que la principal tiene predominio económico sobre las filiales o subsidiarias... y que las varias unidades tienen actividades similares, conexas o complementarias".
Ante esta situación, el 6 de abril d 1990, después de tres años de presión de sindicato, la oficina jurídica y la de planeación y economía laboral del Ministerio de Trabajo determinaron que tenía que ser decretada la unidad de empresa del grupo cervecero en Colombia. Prepararon la resolución jurídica en este sentido y se la pasaron a la entonces ministra de Trabajo, María Teresa Forero de Saade, para que la firmara.
Como el aspecto era tan delicado la Ministra decidió consultarlo con la Presidencia de la República, concretamente con el Secretario General de entonces, Germán Montoya. En Palacio no estaban de acuerdo con la recomendación de las oficinas jurídica y de planeación y economía laboral del Ministerio de Trabajo. Al igual que la doctora Forero de Saade, tenían serias reservas sobre la conveniencia de decretar la unidad de empresa, pues se consideraba que tendría profundas implicaciones en el desarrollo del panorama laboral. Si para fundar una nueva empresa un grupo económico tenía que enfrentar las mismas condiciones laborales que en sus empresas existentes, los conglomerados no tendrían ningún incentivo para adelantar nuevas inversiones.
Desde abril hasta agosto no se pudo llegar a un acuerdo entre las tesis de las dependencias técnicas del Ministerio y la de la Presidencia de la República. Finalmente, el 6 de agosto de 1990 se decidió definir el asunto. La solicitud de los sindicatos de que se decretara la unidad de empresa fue negada mediante la resolución 3841 de 1990. Esta argumentaba que "no habiéndose demostrado que la explotación económica de las sociedades en cuestión constituya una unidad, o que las sociedades dependan de una misma persona natural o jurídica, o que las sociedades sean principal y filial o subsidiaria, no se puede declarar la unidad de empresa, toda vez que no se configura ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 15 del decreto 2351 de 1965". Con esta resolución, el Grupo Santo Domingo ganó una de las más importantes victorias jurídicas de los últimos tiempos. Fue el último acto de gobierno de la administración Barco, puesto que al día siguiente se posesionó César Gaviria.
El nuevo gobierno designó a un nuevo ministro: Francisco Posada de La Peña. El conocido dirigente conservador costeño también tenía en su hoja de vida 25 años de servicios al Grupo Santo Domingo como presidente de Colinsa la entonces sociedad holding de las inversiones de la familia Santo Domingo.
Al llegar al Ministerio de Trabajo, Posada de la Peña se encontró con el recurso de reposición que habían ejercido los sindicatos cerveceros contra la resolución que negaba la unidad de empresa.
La argumentación de ese recurso de reposición se fundamentaba en los considerandos del primer proyecto de resolución que se había preparado el propio Ministerio de Trabajo y que la ministra Forero de Saade no había considerado conveniente firmar.
El ministro Posada de la Peña consideró que los argumentos de conveniencia no tienen nada que ver con la aplicación de la ley y que la unidad de control de la industria cervecera en Colombia era un hecho evidente. Por esos mismos días el propio presidente de Bavaria? Augusto López, anunció en la asamblea general de accionistas de Bavaria que el Grupo Santo Domingo, con las cuatro cervecerías colombianas y las de Ecuador y Portugal, se había convertido en el quinto grupo cervecero del mundo.
La oficina jurídica del Ministerio de Trabajo volvió a hacer un minucioso análisis de la estructura accionaria de Grupo y llegó una vez más a la conclusión de que era imposible pretender que la propiedad y el control no estaban centralizados. En consecuencia, el 8 de marzo de 1991 el ministro Posada firmó la resolución 874 que accedía a las peticiones del sindicato, revocaba la anterior resolución y declaraba la unidad de empresa entre todas las cervecerías. El Grupo recusó al Ministro e instauró una serie de
acciones jurídicas para echar atrás la resolución.
Entre tanto, vino la hora de negociar una nueva convención colectiva con el sindicato. La empresa inicialmentc aceptó la nueva realidad jurídica, y el 5 de febrero de este año firmó una cláusula en la cual se comprometía a hacer extensiva a todas las cervecerías la convención que se acordara. Posteriormente, sin embargo la administración de Bavaria decidió interpretar este compromiso en el sentido de que una convención única podía tener capítulos diferentes. Es decir que las condiciones laborales no tenían que ser las mismas para todas las empresas. La posición de los sindicatos es que son conscientes de las dificultades financieras que existen en la aplicación automática de la nivela ción de las condiciones laborales de todas las empresas cerveceras del Grupo y están dispuestos a negociar un proceso gradual de incrementos.
El presidente de Bavaria por su parte, ha reiterado que está decidido a defender la estabilidad económica dc las empresas. El considera que la aplicación de la unidad de empresa es tan onerosa, que amenaza seriamente el futuro del sector. El Grupo piensa utilizar todos los medios legales a su alcance para romper esa unidad. Al respecto, el presidente de Cervunión, Luis Fernando Arango, hizo una declaración donde manifestó que están estudiando vender el establecimiento de comercio de esa sociedad. Se mantendría la persona jurídica de la sociedad aparte y esta no se liquidaría. El jurista Luis Carlos Sáchica, apoderado del sin dicato, considera que "Independientemente de los cambios de estructura que adopte Bavaria en el futuro para neutralizar la unidad de empresa, no se puede hacer caso omiso de que esta ya existe".
Para el ministro de Trabajo, Luis Fernando Ramírez, no es lógico que se haya llegado a la amenaza de huelga, pues ni siquiera se ha discutido el 30 por ciento del pliego. En cuanto a la preten sión del sindicato de que se comience a aplicar la unidad de empresa, Ramírez considera que "apunta al espíritu del le gislador en el sentido de que si todas las empresas son de un mismo dueño y la actividad económica es la misma, todos los trabajadores deben tener las mismas condiciones".
De lo que suceda esta semana dependerá el futuro de la unidad de empresa en Colombia. Es una figura que le gusta a los sindicatos puesto que les mejora las condiciones laborales. Sin embargo, su extensión generalizada puede poner en peligro la competitividad de la industria colombiana, en la medida en que altera la estructura de costos y hace más rígida la legislación laboral.
Consciente de todos estos problemas, el Estado limitó el alcance de esta institución. En la ley de reforma laboral del año 90 propiciada por el ministro Posada de la Peña, introdujo una serie de excepciones destinadas a estimular la inversión productiva y el empleo.
Hoy se pueden crear nuevas empresas que tienen un período de gracia de 10 años antes de que se les pueda decretar la unidad con la empresa matriz. La medida no dejó contenta a ninguna de las partes. Para los empresarios, no fue suficiente. Para los sindicatos, les birla sus derechos. Lo malo es que el escenario donde va a tener lugar el forcejeo que defina este asunto puede llegar a tener que ser una huelga que priva a todos los colombianos de uno de sus principales placeres: una buena amarga.

EDICIÓN 1879

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