LAS CUENTAS TRISTES DE LOS GENERALES

Con el reciente susto del Golfo de Venezuela en el tema fronterizo, y frente a la agravación constante de la inseguridad de fronteras para adentro, las Fuerzas Armadas han empezado a encontrar eco en sus peticiones de armamentos y equipos. Según explicó a fines de agosto el ministro de Defensa, general Rafael Samudio, ante el Congreso, se necesita de todo: desde fragatas y aviones hasta botas y fusiles. Y las necesidades suman la astronómica cifra de 370 mil millones de pesos: el equivalente a la tercera parte de todo el presupuesto nacional presentado para el año 88 por el gobierno. Pero sóló disponen en él de 72 mil millones (cuando habían pedido por lo menos 86 mill para funcionamiento, y, para inversión, de 1.400 millones cuando solicitaron 59 mil millones. La impresión que queda de esta comparación entre lo que se necesita y lo que hay es que también las Fuerzas Armadas deberán hacer cola en el plan de erradicación de la pobreza absoluta.
Pobreza absoluta que, de todos modos, es bastante relativa. Las Fuerzas Armadas y de Policía tienen, sumadas, 144 mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento: el 14 por ciento del presupuesto total del sector central del Estado. Sólo está por encima, con el 20 por ciento, el sector de la educación, que tiene que afrontar la nómina colosal de 248 mil maestros. Pero como se trata de un tema de tanta importancia como es el de la seguridad interior y exterior del país, tanto el gobierno como el Parlamento se han devanado los sesos tratando de encontrar la fórmula mágica que le permita cuadrar sus cuentas al general Samudio.
Los parlamentarios han hecho toda clase de propuestas, casi todas referidas a "impuestos de guerra" específicos con destino directo al Fondo de Defensa Nacional. Un recargo del 10% durante cinco años al valor de los impuestos de renta y complementarios superiores a cien mil pesos. Un incremento del 1% en los gravámenes contemplados en los tres primeros artículos de la reforma tributaria del año pasado. Un gravamen del 10% al impuesto a las ventas. Una adición del 1% al impuesto sobre ganancias ocasionales, sucesiones y donaciones. Una adición -también del 1%- a las transacciones de compraventa de propiedad raíz urbana y rúral. Una sobretasa -también del 1%- sobre el valor global de todos los contratos, con excepción de los de trabajo. Un tributo sobre las chequeras y las tarjetas de crédito: un peso por cada cheque, y cincuenta pesos mensuales por cada tarjeta. Para inventar nuevos tributos, la imaginación de los congresistas no ha faltado. Comenta el representante conservador Carlos Rodado Noriega: "Casi llegamos a una nueva reforma tributaria".
Al gobierno, sin embargo, ninguna de todas las propuestas le ha gustado mucho. El ministro de Hacienda, Alarcon Mantilla, ha dicho a la subcomision económica designada por las comisiones terceras de las dos cámaras, donde se discuten los posibles proyectos, que no quiere nada que altere la política fiscal, nada que afecte la política monetaria, nada que dificulte la política de control de la inflación y nada que haga daño a la política de estímulo a la inversión. Y, por supuesto, nada que tenga qué ver con una posible reestructuración de la deuda externa, como insisten en proponer los social-conservadores. Para el gobierno, en efecto, el problema es complicado: es difícil inventar tributos que no tengan efecto inflacionario, por una parte; y por la otra, aceptarlos equivale a reconocer que la reforma tributaria del año pasado se quedó corta (contradiciendo repetidas afirmaciones del presidente Barco), o a echar por la borda el principio de que no son convenientes los tributos de destinación específica. En todo caso, como señalan el parlamentario liberal Hernando Agudelo Villa y el galanista Gabriel Rosas Vega, cualquier cosa que se haga afectará el conjunto del panorama económico, y posiblemente obligue a cambiar el recién elaborado Plan de Desarrolo del gobierno.
Considerando todo eso, la subcomisión parlamentaria y el Ministro acabaron poniéndose de acuerdo para parir un proyecto de empréstito forzoso. La emisión de bonos de deuda pública interna que deberán ser suscritos obligatoriamente por las empresas y personas naturales con renta líquida gravable superior a los cuatro millones de pesos, suscripción que será del 5% de la renta a pagar.
Ese dinero, que según las cuentas de los expertos tendrá un monto de 10 mil millones de pesos, será distribuído entre las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y la rama jurisdiccional (que ahora cuenta con sólo el 3% del presupuesto nacional). Eso, para gastos generales. Y por ótro lado habría además otros 30 mil millones de pesos provenientes, en dólares, de una adición al cupo de endeudamiento externo, destinados a financiar la compra de armamento y equipos (ya se iniciaron negociaciones por 64 millones de dólares).
Este aporte, sin embargo, no será suficiente para satisfacer los requisitos de defensa. Se trata, sí, de un aumento sustancial en su presupuesto -cerca del 50 por ciento- pero sigue dejándolos muy por debajo del que tienen los países vecinos (ver recuadro). Como dice Rodrigo Marín, resumiendo las críticas que por su parte hacen los social-conservadores, es un "aporte insignificante" y, por añadidura, "transitorio".