LEYES DE AFAN

Esta vez el Congreso no estuvo tan pródigo como en años anteriores. Después de haber legislado profusamente a lo largo de la administración Betancur, las sesiones que terminaron la semana pasada se caracterizaron por ser relativamente "parcas" en cuanto al número de leyes aprobadas en materia económica. En contraste con lo ocurrido, por ejemplo, hace un año, cuando parecía que de la voluntad del Parlamento dependía la suerte del país, en 1985 el órgano legislativo creó relativamente poco revuelo entre la opinión pública.
Sin embargo, en opinión de los entendidos, este año fue uno de esos en los que pese a que la cantidad de leyes sancionadas no fue muy grande, Si se legisló sobre temas importantes. Concretamente, se aprobaron sendas leyes sobre el sector financiero y las finanzas municipales, que serán definitivas para cambiarle la cara al país en los próximos años.
Garantías con Fondo
En lo que tiene que ver con las finanzas privadas, el Congreso le dio luz verde al proyecto sobre la creación del Fondo de Garantías de Institúciones Financieras, cuya función es la de "la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras (...), preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras".
Con la conformación del Fondo de Garantías, el gobierno pretende empezar a solucionar la crisis que afecta a varias entidades del sector financiero, el cual está atravesando por uno de sus años más difíciles. Según la Superintendencia Bancaria la cartera vencida del sector llega a los 280 mil millones de pesos, la cifra más alta en la historia del sistema. Los anuncios sobre quiebras eventuales en bancos o corporaciones financieras se han multiplicado y, en general, se palpa una creciente desconfianza hacia una serie de entidades.
Ante tales problemas, el gobierno ideó la fórmula del Fondo de Garantías. Siguiendo las pautas que le fije la Junta Monetaria y el superintendente Bancario, el Fondo se va a constituir en la práctica en el organismo plenipotenciario del sector financiero y va a tener las facultades de capitalizar, fusionar y adquirir temporalmente empresas del sector. Con esta alternativa, los especialistas consideran que queda casi eliminado el riesgo de quiebras o situaciones que precipiten medidas tan drásticas como las de julio de 1982, cuando se produjo la crisis del Grupo Colombia.
A pesar de que las perspectivas son alentadoras, la creación del Fondo de Garantías se inició con una nota que contrarió al gobierno. En una escaramuza parlamentaria de última hora, el Congreso decidió suprimir los artículos que facultaban al Estado para permitir la inversión extranjera en instituciones financieras, en lo que se llamó la "descolombianización" del sector. Pese a que incluso en el seno del gobierno se reconocía que la norma podría presentar algunos problemas en el futuro, el permiso que se le quería dar a la inversión extranjera tenía un fin eminentemente práctico como era el de darle base legal a las inversiones que extranjeros han llevado a cabo en una serie de bancos nacionales, con el fin de salvarlos de la bancarrota. Adicionalmente, se creía que la medida permitiría una solución más rápida de los problemas del Grupo Grancolombiano, al poder desmembrarlo y venderlo a compradores del exterior.
Con todo, tales consideraciones no fueron aceptadas por los parlamentarios que argumentaron que la soberanía nacional se debe mantener en el sector financiero. Como resultado, varios analistas estiman que el gobierno se ha quedado sin piso legal para justificar las inversiones extranjeras que ya se han realizado y las cuales deben ser normalizadas tarde o temprano.
Municipios con plata
Pero si en el sector financiero hubo cambios, el sector público también va a variar sustancialmente. Al cabo de un rápido debate, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que aumenta la cesión a los municipios de los recaudos que se hagan por concepto del IVA, hasta llegar a un 50% del total a mediados de 1994. En pocas palabras, la iniciativa le va a dar mayor autonomía en el gasto público a los municipios que cuenten con menos de 100 mil habitantes (95% de los municipios que existen en Colombia), cuidando al mismo tiempo que no se presenten despilfarros de recursos, ni que los municipios se despreocupen por recaudar dinero de sus habitantes.
La iniciativa viene a reforzar una serie de proyectos en el frente político, y en especial la de la elección de alcaldes, con lo cual se asegura una descentralización sustancialmente mayor que la actual. Si bien se corre el riesgo de que en algunas regiones se presenten desvíos de recursos, se estima que, paulatinamente, los municipios en Colombia han venido adquiriendo la madurez suficiente para decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, sin que necesariamente entren a influir consideraciones del orden departamental o nacional.
Necesariamente, los mayores recursos van a llevar a que una serie de instituciones que hoy trabajan por todo el país (Insfopal, Coldeportes, etc.), vayan a sufrir recortes debido a que sus funciones van a ser asumidas directamente por las poblaciones. Esta decisión se considera como la píldora amarga del proyecto, pero se cree que en último término el país va a administrar sus recursos de mejor manera que la actual.
Con esas dos leyes en materia económica cerró su tránsito legislativo la presente administración. En medio de las discusiones sobre el manejo económico (ver recuadro), un especialista consultado por SEMANA consideró que "las leyes aprobadas este año son de esas que no hacen mucho ruido ahora, pero van a sonar continuamente durante el resto de este siglo".--
Petróleo: polémica internacional
"Primero vino la sangrienta toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Entonces, en lo alto de los Andes, vino una asesina erupción volcánica. Ahora otra crisis ha pasado a las primeras páginas en Colombia". Con esas palabras comienza un artículo de la revista Newsweek, de la semana pasada con el cual se dio "nivel internacional" al debate que, de realizarse, promete ser uno de los más difíciles para la administración Betancur: el de la política petrolera. En medio de la ironía de ser el jefe de un gobierno bajo el cual se multiplicaron las reservas de crudo del país, el Presidente ha sido atacado por sus críticos debido a supuestos favoritismos con Occidental Petroleum y su legendario presidente, Armand Hammer.
Concretamente, el debate al cual hace referencia Newsweek, tiene que ver con la construcción del oleoducto Río Zulia-Coveñas, por parte de Bechtel Corporation, obra que es determinante para permitir la exportación del petróleo ubicado en la zona de Cravo Norte, en el Arauca. Según los críticos, el contrato por 500 millones de dólares adjudicado a la Bechtel estuvo lleno de irregularidades y creó discrepancias dentro del mismo gobierno, debido al proceso de adjudicación. Por su parte, Occidental se defiende: "Cuatro firmas internacionales renombradas en proyectos de construcción de esta magnitud, fueron seleccionadas de un grupo de 12 que habían participado en una precualificación previa. La preselección y el otorgamiento final se hizo conjuntamente con Ecopetrol".
Aparte de los descargos de la multinacional, el gobierno colombiano también trató de explicar la situación. Sendas declaraciones del ministro de Minas y del presidente de Ecopetrol aseguraron que la situación era de normalidad y que todo está claro. No obstante, Newsweek sostiene que sí existen hechos confusos. La revista afirma que una cuenta por 50 millones de dólares correspondiente a trabajos en el puerto de Coveñas, sobre pasó en 23 millones al presupuesto original y fue objetada por la junta de Ecopetrol, hasta que la intervención directa del presidente Betancur "persuadió" a la junta de aceptar la cuenta.
Según Newsweek, las denuncias sobre irregularidades estaban a punto de producir el tercer escándalo del año. No obstante, tal parece que los pronósticos de la publicación resultaron equivocados. Los debates sobre el tema en el Congreso se quedaron en veremos y con las elecciones parlamentarias a menos de seis meses de distancia, lo más probable es que los legisladores se preocupen más por mantener su curul que por tratar de definir lo que pasó realmente entre el gobierno de Colombia y la Occidental Petroleum Corporation.--