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| 9/8/1997 12:00:00 AM

LINEA ABIERTA

Después de una larga espera los colombianos finalmente tendrán alternativas en el servicio de telefonía de larga distancia.

LINEA ABIERTA, Sección Economía, edición 797, Sep  8 1997 LINEA ABIERTA
la decisión del presidente Ernesto Samper la semana pasada de abrir el servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional volvió a calentar el debate en torno a uno de los negocios que más expectativas y controversia ha generado en los últimos tiempos en Colombia. La noticia sorprendió a muchos, pues si bien un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia parecía allanarle el camino a la apertura, el gobierno no se había pronunciado formalmente al respecto. Lo que sí no fue sorpresa para nadie es que la medida suscitara fuertes reacciones entre los interesados en el tema, que incluyen a los grupos económicos, empresas multinacionales del sector, compañías de telefonía local y, por supuesto, a Telecom. Después de todo lo que está en juego es un mercado de más de 1.200 millones de dólares al año y con importantes perspectivas de crecimiento.
El tema de la larga distancia saltó al primer plano de la actualidad nacional cuando en abril de 1992, bajo la administración de César Gaviria, el entonces ministro de Comunicaciones Mauricio Vargas presentó al Congreso un proyecto de ley entre cuyos artículos se encontraba uno que despejaba el camino para la privatización de Telecom. Inmediatamente el sindicato de la empresa se declaró en paro indefinido, exigiendo el retiro del proyecto de ley. El sindicato, para fortalecer su posición negociadora, saboteó las instalaciones de la compañía, y dejó incomunicado al país por varios días. Ante esta presión, y en una decisión muy cuestionada, el gobierno de Gaviria decidió retirar el proyecto de ley y dejarle la papa caliente al siguiente.
Recién posesionado, Samper presentó un ambicioso programa de privatizaciones que incluía la apertura del sector de telefonía de larga distancia, la cual se llevaría a cabo entre 1996 y 1997. Sin embargo el proceso se volvió a enredar por motivos políticos, llegando al punto de que en enero del presente año el gobierno y los trabajadores de Telecom suscribieron un acuerdo en que el primero se comprometía a "no expedir normas en el sector de telecomunicaciones que violen la convención colectiva de trabajo vigente". Así, el gobierno adbicaba su autonomía en materia regulatoria en beneficio de los 14.000 trabajadores de Telecom y, a juicio de casi todos los expertos, en detrimento de millones de colombianos.
Bien recibido
Por lo tanto el acontecimiento del martes pasado fue muy bien recibido en el país. Ese día Douglas Velásquez, el coordinador de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, hizo pública la determinación del Presidente, anunciando que el 15 de diciembre próximo se subastarían tres licencias para prestar el servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional. Las empresas que accedan a estas licencias entrarán a competir directamente con Telecom en la prestación de este servicio, con lo que se pone fin al monopolio de esta entidad.
En su exposición Velásquez afirmó que las licencias se entregarían por un período de 10 años con cinco de exclusividad, y prorrogable por 10 más. Los requisitos para participar en la licitación son básicamente dos: ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, según lo estipulado en la Ley 142, y presentar una garantía de seriedad por 30.000 millones de pesos. Aparte de esto, aun cuando el marco legal definitivo del proceso licitatorio todavía está en proceso, no existen limitantes en términos de inversión extranjera ni de composición accionaria. Consultado por SEMANA sobre el porqué de la aceleración del proceso licitatorio, Velásquez afirmó que la decisión se basaba en los criterios de libre competencia establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley 142 de 1994, y fue precipitada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia del mes pasado mediante el cual autorizó el ingreso de las empresas de telefonía local al mercado de telefonía de larga distancia. El funcionario opina que el esquema propuesto ofrece igualdad de oportunidades a todos los interesados, que incluyen más de 11 firmas internacionales, las teléfonicas y varios de los grandes grupos locales.
No obstante, los principales ejecutivos de las empresas de telefonía local han cuestionado la medida del gobierno y su compatibilidad con el fallo del máximo tribunal. Sergio Regueros, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá _ETB_, criticó la decisión del gobierno argumentando que la misma está motivada por "aspiraciones fiscalistas" y que conducirá inevitablemente a un "concurso de chequeras" en el cual el mayor perjudicado será el usuario, a quien los adjudicatarios de la licencia le transferirán, en forma de mayores tarifas, el precio de entrada al mercado.
Para Regueros, el fallo de la Corte Suprema es explícito en establecer el derecho de las telefónicas locales de prestar el servicio de larga distancia y no de entrar a competir por éste en una licitación. Al fin y al cabo Telecom no tuvo que cancelar ningún derecho de entrada para ingresar al mercado local de Bogotá a través de su filial Capitel. Sin embargo, si se ve forzada a competir por una licencia, la ETB se ha alineado con algunas de las chequeras más fuertes del país y el exterior, pues haría parte de un consorcio conformado por la Organización Sarmiento, MCI, Bell Canada International y El Tiempo para participar en la licitación.
Pros y contras
Por su parte José Blackburn, presidente de Telecom, asevera que la empresa es amiga de la apertura, siempre y cuando ésta se haga en condiciones de equidad. Para Blackburn las cargas que tiene Telecom, entre las que se incluyen impuestos del orden del ciento por ciento, la obligación de prestar el servicio de telefonía rural, los subsidios a los usuarios de menores recursos y las transferencias al gobierno, significan que la compañía paga al Estado un valor mayor al de una licencia cada año. Bajo las distorsiones que implica este esquema, afirma Blackburn, la empresa no podrá competir efectivamente con los nuevos adjudicatarios.La visión general de los representantes del sector privado frente al anuncio del gobierno es sintetizada por Francisco Navarro, gerente de Global One, consorcio internacional de telecomunicaciones conformado por Sprint, Deutsche Telecom y France Telecom, el cual se ha asociado en Colombia con el Grupo Empresarial Bavaria, las Empresas Públicas de Medellín y Emcali para ingresar al mercado de larga distancia. Para Navarro la decisión de proceder con la apertura del sector es a todas luces positiva, porque es "una necesidad impostergable del país". Sin embargo a Navarro le preocupa que las condiciones de ingreso sean demasiado onerosas, limiten la rentabilidad esperada de los inversionistas y disuadan a muchos de participar en la licitación.
Al respecto, el ejecutivo cita dos factores principales que preocupan a los inversionistas privados. El primero es el que se haya escogido un esquema en el cual habrá cuatro competidores, pues en su opinión el número es excesivo dado el hecho de que se espera que Telecom conserve una cuota de mercado de casi el 60 por ciento por un período de por lo menos cinco años. Como segundo factor, Navarro menciona la incertidumbre sobre el precio base de cada licencia, el cual estaría en el orden de 200 millones de dólares. Para Navarro este precio es excesivo, pues los adjudicatarios tendrían que invertir por lo menos 350 millones adicionales en infraestructura, capital de trabajo y otros pagos al gobierno, lo cual haría muy difícil obtener una rentabilidad adecuada. Para él, el esquema ideal de licitación sería uno en que el gobierno no fijara un precio base y más bien decidiera si las ofertas presentadas por los licitantes cumplen sus exigencias.
Con tantos actores tan importantes halando en diferentes direcciones no es claro si la licitación programada por el gobierno tendrá un final feliz. Lo que sí es definitivamente alentador, independiente del esquema que se ponga en práctica, es que los intereses de los colombianos, que en su gran mayoría padecen un deficiente servicio telefónico, hayan primado sobre los de unos pocos sindicalistas de Telecom. Las empresas estatales de telefonía no están en capacidad de realizar las inversiones por 5.000 millones de dólares necesarias para aumentar la cobertura del servicio a niveles razonables (ver cuadro). Y hoy más que nunca, en la era de la informática, la posibilidad de intercambiar información con el mundo de manera oportuna y eficiente es fundamental para el desarrollo de un país. Por eso, bienvenida la apertura.

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