Llamada urgente

Muy pocas veces el negocio de telefonía celular ha tenido tanta tensión. Esta industria, que hoy tiene 40 millones de abonados en todo el país, atraviesa una de sus coyunturas más decisivas en los 15 años de historia que tiene en Colombia. Actualmente Comcel es el mayor operador celular con una tajada del 66 por ciento del mercado nacional, es decir, 27 millones de líneas activas. Y la Comisión de Regulación en Telecomunicaciones (CRT) está a punto de casar una pelea legal con este gigante, que tiene como principal accionista al magnate mexicano Carlos Slim.

La razón: según el borrador de una resolución de la CRT, que sería ratificada esta semana, la comisión va declarar que Comcel tiene una posición dominante en el mercado. Se entiende como posición dominante cuando una empresa puede determinar a su antojo las condiciones de un mercado.

Las empresas Tigo y Movistar están convencidas de que el tamaño de Comcel es un problema para la competencia. Camilo Aya, vicepresidente de Estrategia y Regulación de la compañía Telefónica (Movistar), explicó que Comcel tiene hoy una posición dominante en el mercado, pues "a pesar de la llegada de un tercer operador como Tigo, a pesar de que se han bajado los cargos de acceso (tarifas que se cobran las empresas entre sí por las llamadas de otros operadores), este mercado se encuentra hoy más concentrado que nunca -explicó-. Comcel prácticamente se ha convertido en un club cerrado de llamadas con beneficios sólo para los usuarios de esa empresa".

Por su parte, las directivas de Tigo respondieron a SEMANA que hay dos fallas en ese mercado relacionadas con Comcel: "1) Los usuarios ven limitadas sus posibilidades de comunicarse con otras redes móviles, debido a los altos precios que les cobra su operador (...). 2) Las altas tarifas que se cobran por las llamadas a otras redes, no permiten el comportamiento normal del tráfico entre redes".

El problema es muy sencillo. Hoy, un usuario cualquiera tiene más incentivos para irse a Comcel que para acudir a los otros dos operadores, pues esa compañía tiene la mayor parte del mercado. Esto significa que, en promedio, las llamadas son más baratas para los usuarios Comcel porque la mayor parte del tiempo están comunicándose con beneficiarios de su misma red. Si la tendencia continúa, el negocio podría terminar convertido en un monopolio.

Pero el asunto no es simplemente ponerle un nuevo letrero a Comcel de "operador con posición dominante". La decisión de la CRT tiene implicaciones comerciales, pues la Comisión podría 'meterle' mano a las tarifas con el objetivo de que a los usuarios de Tigo y Movistar les salga más barato llamar a usuarios Comcel. Así se desestimula la tendencia de 'comcelización' del mercado.

Obviamente, la batalla legal ha sido dura. Comcel se ha defendido con todos los argumentos. Las directivas de la empresa señalaron a SEMANA que "por el hecho de tener la mayor participación en el mercado no se puede concluir por parte de la CRT que Comcel tiene posición de dominio y castigarlo por ser exitoso, en razón a que los usuarios lo prefieren por tener la mayor cobertura, planes competitivos, hacer grandes inversiones en redes y tecnología, por tener la más grande red de ventas y distribución, contar con el mayor número de puntos de atención a clientes y prestar el servicio con calidad". Comcel además argumenta que la CRT no tiene competencia para definir el tema.

La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, ha dicho que el Estado tiene que intervenir cuando vea en el mercado fallas que afectan a otros jugadores y a los consumidores. Esto también piensa el director ejecutivo de la CRT, Cristian Lizcano, quien dijo a SEMANA que la Comisión sí tiene competencia. De hecho, la entidad está analizando la situación de posición dominante en todos los mercados de las telecomunicaciones: telefonía celular, fija, larga distancia y banda ancha.

La pelea apenas comienza, pues si la CRT se mete con Comcel es muy probable que el tema llegue a otras instancias jurídicas, pues lo más seguro es que la compañía no se quede con los brazos cruzados. La pelea tiene unas implicaciones hondas, porque toca las finanzas del principal operador móvil en Colombia y el bolsillo de más de 40 millones de abonados celulares que hay en el país. Sin embargo, la prioridad es garantizar, por encima de todo, los derechos de los consumidores.