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LLUVIA DE MARCAS Y PATENTES

En 1993 se concedieron en el país 36.638 derechos de propiedad industrial, cinco veces más que en 1992.

4 de abril de 1994

NO TODOS LOS REVOLCOnes del presente gobierno han merecido la misma atención por parte de los medios. Es más: algunos han pasado casi inadvertidos. Es el caso de las reformas en materia de propiedad industrial, marcas y patentes. En los dos últimos años un equipo de funcionarios liderado por el superintendente de Industria y Comercio, José Orlando Montealegre, ha venido modernizando las normas y procedimientos que rigen la propiedad industrial, en un proceso que ha desatrasado varios años al país en ese campo. Basta citar un ejemplo: mientras el trámite de renovación de una marca demoraba unas 208 semanas en promedio hasta 1992, con el actual Sistema Integrado de Propiedad Industrial tarda sólo tres semanas.
Con esta renovación informática, la simplificación de los trámites ha sido evidente. Y lo mismo ha pasado con la eficiencia de los organismos encargados de realizarlos. En 1993 se publicaron 29.015 marcas solicitadas, mientras que en 1992 esa cifra fue de apenas 3.093. La tramitación de una patente se redujo de 60 meses en promedio a tan solo 24. De igual manera, el registro de una marca, que anteriormente requería una maratónica jornada de 40 meses, ahora se logra en 120 días. Esa ventaja ya empezó a ser aprovechada por los industriales: el año pasado solicitaron 13.270 registros de marca y más de 800 patentes industriales.
Pero las mejoras en esta materia no están limitadas a la sistematización de los procedimientos. En lo sustancial se ha dado un salto enorme para dejar atrás más de dos décadas de legislación proteccionista. El avance más significativo para Colombia y los países del Grupo Andino fue la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que coloca la legislación sobre propiedad intelectual a la par con estándares internacionales del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y con la normatividad de los países más desarrollados.
La decisión incluye aspectos novedosos como la patentabilidad de biotecnología, diferente a los procedimientos esencialmente biológicos en la obtención de razas y especies animales. Además, permite el registro de patentes de invenciones relacionadas con materiales nucleares y fisionables, y abre la posibilidad inmediata de patentar productos farmacéuticos. Fija un plazo de vigencia de 20 años para toda patente, elimina el régimen de prórrogas y fortalece la protección legal de la propiedad intelectual a nivel empresarial. Y en materia de marcas ratifica la mayoría de las disposiciones vigentes, simplifica los procedimientos de registro y les concede una mayor protección a las marcas notorias.
Pero quizás el aspecto más atractivo lo constituye la adopción del nuevo régimen de secretos industriales, antes inexistente. Aunque el texto es de carácter general, establece la protección del secreto industrial, entendido como aquella información no conocida ni fácilmente adquirible de actividades productivas que tenga valor comercial efectivo o potencial, que se mantenga en secreto y que conste en documentos o en cualquiera otra forma física para el archivo de información. Con ello se facilita la llegada de los inversionistas extranjeros -que tradicionalmente han sido cautos en establecer operaciones en países donde no existan plenas garantías para el respeto de sus derechos- y se permite la transferencia de tecnología foránea.
Por todo lo anterior, Colombia se ha convertido en país modelo a nivel latinoamericano en materia de propiedad intelectual e industrial. Su manejo sistematizado de estos asuntos le han merecido elogios por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y se han hecho avances para exportar ese software a Brasil y al resto de miembros del Pacto Andino. Ante los ojos de los industriales, el país ya tiene una garantía legal para sus inversiones y lo que se espera para este año bien podría ser una avalancha de nuevas patentes.-