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| 12/8/2006 12:00:00 AM

A manos llenas

Con la venta de Ecogás, las privatizaciones de los dos últimos años suman más de 3.800 millones de dólares: igual a 10 por ciento de la deuda externa colombiana. ¿A dónde va a parar toda esa plata?

A manos llenas, Sección Economía, edición 1284, Dec  8 2006 El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, felicita a los ganadores: Astrid Martínez, gerente de la EEB, y Henry Navarro, gerente de negocios de la firma.
La puja de Ecogás es un sueño hecho realidad para muchos: se sacó adelante el negocio público del año, pues la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) pagó la impresionante suma de 3,25 billones de pesos para hacerse a la propiedad de esta compañía, un billón por encima de lo presupuestado por el gobierno.

Ese negocio cierra un año de lujo: se vendieron Bancafé, Ecogás y Megabanco, por más de 6,2 billones de pesos, y se capitalizaron Telecom, Batelsa y Enertolima por más de 1,2 billones de pesos. Si a esto se suman los procesos del año pasado dentro de los que se destaca el del Banco Granahorrar, todas las operaciones superan con creces los ocho billones de pesos, más de 3.800 millones de dólares, equivalente al 10 por ciento de la deuda externa total de Colombia de hoy.

¿Hay razones para cantar victoria? ¿Cuál es el destino de estos recursos importantísimos y que representan un aguinaldo generoso para las finanzas públicas?

Es muy claro que estos resultados son una excelente noticia para el país. No sólo demuestran que hay confianza en sectores clave como el financiero y el de servicios públicos, también representan ingresos adicionales para las arcas estatales. Pero las cuentas no salen tan alegremente.

Primero, estos ingresos son pasajeros: no se convierten en una entrada permanente y en menos de lo que se den cuenta, se habrán agotado. El otro aspecto clave es que las cifras no se deben considerar en términos absolutos, pues no son ocho billones de pesos los que ingresan a las arcas del Estado. Sólo unos ejemplos, el 12 por ciento de la venta de Bancafé y todos los dineros de la venta de Megabanco se fueron a fortalecer el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), encargado de responder por los ahorros de los usuarios en tiempos de crisis. Así que esos dineros se podrían catalogar como un seguro que bien vale la pena tener.

Otro caso es el de Ecogás. Una buena parte de esa venta corresponde a una deuda de largo plazo con Ecopetrol por más de 1.100 millones de dólares, unos 2,5 billones de pesos. El gobierno deberá definir si anticipa el pago total de ese pasivo o si se financia con esos recursos y mantiene la deuda hasta 2030.

Esto muestra que las cuentas no son elementales. El gobierno ya está echando lápiz y antes de tres semanas, revelará los cambios al plan financiero de 2007, documento que señala de dónde saldrá la plata para cubrir el déficit del próximo año, que asciende a 17,7 billones de pesos.

Sin embargo, todos estos negociazos ponen la balanza a favor de la administración del presidente Álvaro Uribe. Según el plan financiero vigente, por privatizaciones iban a ingresar entre 2006 y 2007, apenas 1,2 billones de pesos. Queda por definir el ingreso neto que tendrá la Tesorería de la Nación por los nuevos procesos y, muy seguramente, lo que más generará polémica, a qué se destinarán esos recursos.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, el gobierno debe honrar su compromiso de destinar todos estos dineros a cancelar deuda pública vigente o a contratar menos deuda nueva. E gobierno ya ratificó esa decisión.

Las implicaciones de esta política son importantes porque un buen manejo de deuda puede representar, por ejemplo, menores presiones en las tasas de interés, lo que hará que el dinero siga barato. Además, reduce para los próximos años el monto de la deuda y libera plata para que los proyectos sociales se puedan financiar sanamente, es decir, sin deuda.

El economista Ricardo Bonilla, del Centro de investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional, dice que lo que anuncia el gobierno es lo más lógico. No obstante, el debate se debe dar sobre qué clase de deuda se va a prepagar. En las actuales condiciones de reevaluación, prepagar deuda externa no tiene sentido, pues es muy barata. Además, como el prepago reduce el servicio de la deuda, se le debe abrir más espacio al gasto social. "Pero eso es lo que hay que ver. Si realmente se verifica en el presupuesto ese aumento en el gasto social", señala.

El gobierno del presidente Uribe fue el primero en adelantar un proceso de pago anticipado de deuda con el fin de reestructurarla. Primero, las reservas internacionales, por medio de un crédito que le dio el Banco de la República, sirvieron para cancelar compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, ha hecho operaciones de canje, al recoger obligaciones costosas y asumir unas más baratas.

Y los efectos se han sentido. El próximo año, el monto del presupuesto destinado al pago de deuda (entre intereses y abonos de capital) se reduce en casi un billón de pesos frente al de 2006, y esto, sin tener aún las cuentas nuevas.

Además, esas decisiones, sumadas a coyunturas favorables como la revaluación y la recuperación económica, han reducido el nivel de deuda del país de 50 por ciento del PIB, a cerca del 30 por ciento. A cambio, se espera que la inversión seguirá aumentando en términos reales.

Pero el asunto es que la estrategia de privatizaciones sólo es una de las partes de la política fiscal de Colombia. La realidad es que año tras año, el gasto del gobierno central es superior a sus ingresos y hoy esa diferencia está por encima de los 17 billones de pesos, que es lo que se conoce como el déficit fiscal. Por eso, a pesar de las buenas noticias, no se puede cantar victoria.

El gobierno debe informar con claridad al país cuál es el impacto real de estos exitosos procesos de venta de activos públicos y las implicaciones fiscales del asunto; además, es casi una obligación abrirle espacio adicional al gasto social, más cuando el propio Presidente tiene como una de las banderas de su segunda administración la lucha contra la pobreza. El otro gran reto sigue siendo la reducción del déficit.

Los dos proyectos fiscales clave, la reforma tributaria y los ajustes al régimen de transferencias, han tenido importantes tropiezos en el Congreso. Es probable que ambos tengan implicaciones considerables que se lleven por delante los logros en otros frentes. La tarea sigue pendiente y las alertas encendidas.

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