¿Marcha atrás?

¿Marcha atrás?
UNO DE LOS COMPONENTES VITALES DEL proceso de apertura económica es la modernización tecnológica de la industria, y con ella la del recurso humano. Y la entidad encargada de cumplir esa función en Colombia es el Sena. Para nadie es un secreto, sin embargo, que ese organismo, que ha venido prestando sus servicios desde 1957, requiere de una gran reestructuración.
Pocas personas niegan el prestigio y la buena imagen de que goza ese instituto, tanto en Colombia como en el exterior. Pero esa imagen es más el resultado de un buen pasado que de un futuro prometedor. El Sena se creó para formar el personal de un país diferente al actual. La Colombia de 1957 tenía muy bajos niveles de educación formal, un marcado proceso de migración del campo a la ciudad, una industria artesanal y un entorno económico protegido. El país de las vísperas del año 2000 es bien diferente de aquel. Cada día más colombianos cuentan con una educación formal de nivel de sexto de bachillerato, la industria se ha sofisticado y modernizado y el entorno económico es de apertura internacional. Y por eso requiere de una nueva institución, con capacidad de responder a los retos que impone la proximidad del siglo XXI.
La estructura del Sena, de acuerdo con la mayoría de los analistas, se había vuelto vertical y paquidérmica.
Con 10.000 empleados distribuidos en todo el país y un presupuesto anual del orden de los 140.000 millones de pesos, el Sena apenas le estaba dando formación básica de tres años a menos de 17.000 colombianos. De hecho, esa cifra representa menos del dos por ciento del total de personas que tuvieron algún tipo de capacitación en esa entidad el año pasado, pues el mayor número se concentró en programas de complementación, que son apenas transitorios. Y la formación que están recibiendo los aprendices, según varios dirigentes gremiales consultados por SEMANA, no necesariamente corresponde en todos los casos a las últimas tecnologías.
Eso estaba contribuyendo a que algunos sectores buscaran desarrollar sus propios centros de formación, como en el caso de los plásticos. Las deficiencias en la formación por parte del Sena llevaron a Acoplásticos a crear su propio centro de formación en Medellín, ante la evidente carencia de profesionales y técnicos capacitados para enfrentar el reto de un mercado en permanente expansión.
Pero no es sólo eso. A pesar de que el Sena cuenta con recursos abundantes -se nutre con un porcentaje de todas las nóminas del país-, tiene grandes dificultades para ejecutar sus presupuestos. Se presentan problemas administrativos de pago, la contratación es muy lenta y es prácticamente imposible adecuar la entidad de manera sistemática a las nuevas tecnologías y a las nccesidades del sector empresarial.
Por eso el Gobierno decidió darle revolcón, al Sena y acometió una serie de reformas en tres frentes. El primero tiene que ver con la ley de Ciencia y Tecnología, cuya reglamentación le permitió a la empresa privada crear sus propios centros de formación, directamente o mediante asociaciones con el Estado. El segundo busca comprometer al Sena en los programas de reubicación o reentrenamiento de los trabajadores del Estado y del sector productivo que pierdan sus empleos como consecuencia de la reconversión industrial o de modernización del Estado. Y el tercero busca racionalizar la administración de los centros de formación y aprendizaje de la entidad convirtiéndolos en corporaciones con autonomía administrativa y financiera con participación de estamentos tradicionalmente vinculados a la entidad:
los trabajadores, los empleadores y las universidades, los centros de investigación y las organizaciones no gubernamentales.
Para implementar estos dos últimos frentes se aprovechó el paquete de reformas que se expidieron a fines del año pasado con base en el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional. Pero lo curioso es que ningún otro decreto de ese paquete produjo tanta reacción contraria y tanta demanda ante el Consejo de Estado.
La oposición fue tan grande que se recogieron más de un millón de firmas para avalar un proyecto de ley de iniciativa popular que se presentó al Congreso en la presente legislatura y que pretende derogar el decreto reformatorio del Sena y restablecer el régimen anterior. La ponencia presentada por los senadores Regina Betancur de Liska, Elias Matus y Laureano Cerón fue favorable y el proyecto resultó aprobado por la Comisión Cuarta del Senado.
Falta desde luego que complete el trámite, pero ya se sabe que ha recibido el apoyo del sindicato del Sena y de personalidades como el fundador de la entidad, Rodolfo Martínez Tono.
Y Io cierto es que existe un ambiente político para desmontar la reforma. Lo grave, sin embargo, según los propios gremios, es que se trata de una reforma necesaria que si no se hace ahora, tocará hacerla dentro de dos o tres años cuando el problema laboral del Sena haya adquirido dimensiones como el de Colpuertos. Es más, en una carta del Consejo Gremial al director del Sena, firmada por Carlos Arturo Angel, los gremios dicen "ver con gran preocupación la iniciativa que actualmente cursa en el Congreso orientada a desvirtuar los avances logrados y a detener la necesaria e inaplazable modernización del Sena".
Varias son las críticas que se le hacen a la reforma. Pero la mayoría son infundadas, según sus defensores. Se ha dicho por parte de los opositores que, con la reforma, el Estado se está desentendiendo de la responsabilidad en el área de formación profesional.
Eso, sin embargo, no parece cierto, pues en el mismo decreto de reforma se establece que el Sena es el encargado de cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en desarrollo social y técnico mediante la dirección y coordinación de las redes de formación.
Se menciona también que las corporaciones son la privatización del Sena. Pero lo cierto es que en esas corporaciones están los mismos estamentos que han estado presentes en la entidad desde siempre y lo que se busca es acentuar los procesos de concretación relacionados con cada subsector específico. Las corporaciones van a ser entidades de derecho privado, donde existe una presencia activa del Estado, en forma similar a lo que se presenta en el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.
También se acusa al Gobierno que va a cobrar por la formación profesional. Eso tampoco es cierto, según el propio Gobierno, puesto que el controvertido decreto reformatorio establece que el Sena cubrirá "plenamente los costos que demanden las acciones deformación profesional integral ".
Existe, de otra parte, mucha preocupación por la mortalidad laboral que la reforma implica. Esa preocupación no necesariamente es válida. Lo cierto es que 10.000 empleados apenas atienden 17.000 aprendices de tiempo completo. Esa cifra es inferior a la de 1970 cuando se atendian más de 20.000 aprendices y el país apenas superaba los 20 millones de habitantes. Se trata es de incrementar la productividad de los empleados del Sena más que de despedir grandes masas.
Lo cierto es que buena parte de la preocupación parece provenir de la falta de información y de la falta de definición. El decreto reformatorio es muy general y el Consejo Directivo del Sena lo tendrá que reglamentar. En cuanto al proyecto derogatorio de la iniciativa popular ya se han presentado dudas sobre la constitucionalidad de esa ley en el evento de que fuera aprobada. De acuerdo con el artículo 154 de la Constitución las leyes que se refieren a la estructura del Estado son exclusivamente de iniciativa del Gobierno.
Luego, en principio, la iniciativa popular no debería ser viable en casos como este.
Independientemente de la suerte que corra el proyecto, Io cierto es que la apertura impone cambios radicales en la concepción de esa institución.
Hoy no se están formando muchos jóvenes y de los que se forman una mayoría va a engrosar las filas del desempleo, pues la tecnología para la que los prepararon ya es obsoleta. Y la competividad de un país en el mundo moderno depende en buena parte de sus recursos humanos.