Aunque el presidente Duque ha negado tajantemente la posibilidad de una reforma tributaria en el corto plazo, la situación fiscal del país no dejará otra alternativa. | Foto: Alejandro Acosta

BALANCE FISCAL

Sin regla fiscal, el déficit de Colomba será de 8,2% en 2020

Sin regla fiscal, el déficit del país en 2020 podría llegar a 8,2% del PIB. Esta cifra es clave para saber cómo enrutar de nuevo la economía, una vez superada la crisis que trajo la pandemia.

26 de junio de 2020

Al gobierno de Iván Duque le llegó la hora cero para poner sus cartas sobre la mesa y contarle al país cómo retomará la senda de las disciplina fiscal, una vez pase el tsunami económico por el coronavirus.

La tarea no será sencilla. La actual administración se enfrenta a la segunda recesión que registra Colombia en 40 años, que, de paso, traerá consigo un desplome en los ingresos tributarios de $24 billones (según la Dian), un desempleo disparado y un gasto adicional igualmente elevado.

Este reto mayúsculo debe ser tomado por los cuernos y así lo tiene planeado el Gobierno, que revelará en las próximas semanas la estrategia fiscal de 2020 y 2021. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2020 será el más importante que se haya publicado en el país desde que este instrumento se creó en 2003. Ni siquiera la crisis mundial de 2008 o la caída de los precios del petróleo en 2015 tuvieron un coletazo tan profundo como lo tiene la actual pandemia.

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La devaluación del peso también le pasará factura a la deuda de la Nación. El Gobierno proyecta que esta termine 2020 en 65% del PIB.

Y aunque la situación es compleja, la hoja de ruta del Ministerio de Hacienda es clara en dos cosas: la responsabilidad fiscal deberá continuar mientras se solventa la crisis y todos los colombianos deberán meterse la mano al dril para sacar adelante la economía nacional.

"Para volver a la senda tenemos que racionalizar el gasto. Primero, ya no existirá este gasto extraordinario que estamos haciendo para enfrentar la pandemia y eso nos mejorará el déficit. Y lo segundo es que tenemos que buscar que haya un crecimiento para que nos genere nuevos ingresos y también encontrar alguna forma en la que todos los colombianos pongamos un poquito más para pagar esa deuda", explicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Y no es para menos. Según los cálculos del Gobierno, la deuda pública se disparará a niveles de entre 65% y 66% del PIB, tanto por el mayor gasto necesario para atender la covid-19 como por el efecto que traerá consigo la devaluación del peso. El dólar por encima de $3.500 o $4.000 no es gratuito y también pasará su cuenta de cobro.

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Por lo pronto, la toma de préstamos en los mercados internacionales será la "nueva normalidad" de Colombia en lo que resta de 2020, pues la situación del coronavirus es apremiante y debe enfrentarse sin escatimar recursos. Ese fue el mensaje que enviaron la semana pasada las autoridades en este frente, al suspender durante dos años la Regla Fiscal.

De hecho, el Comité Consultivo fue claro en que el Ejecutivo debe ejecutar una política que permita retomar la senda fiscal a partir de 2022. Mientras ese momento llega, el Gobierno podrá aumentar su gasto hasta tanto lo requiera, aunque eso no quiere decir que se endeudará a diestra y siniestra. Es más, el viceministro le confirmó a Dinero que la meta de déficit para este año será de 8,2% del PIB, es decir 2,1 puntos por encima de lo que permitió inicialmente el comité.

Una estimación un poco más elevada que la formulada por Fedesarrollo, la cual le apunta a un déficit de 7,8% y un nivel de deuda de 64,3% del PIB, casi 15 puntos más de los que presentaba el país a principio del año. Cabe aclarar que estos 15 puntos no serán solo gasto, sino que también corresponden en gran medida a los efectos cambiarios.

"Nuestro mensaje es: no podemos cumplir la regla en este momento, pero eso no quiere decir que nos vamos a volver irresponsables", añadió Londoño.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que la suspensión de la Regla Fiscal era previsible, pero se mostró sorprendido por el periodo de dos años de dicha suspensión, pues considera que es probable que en el último trimestre de 2020 la actividad económica se acelere y, además, que aún es prematuro para saber cómo se comportará el recaudo en 2021.

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“Creo que la suspensión de la Regla Fiscal este año es justificable, lo que está sufriendo la economía colombiana es un choque inesperado de una magnitud extraordinaria, en abril la economía se contrajo 20%, lo que significa un quinto de la producción total. Era claro que este año no íbamos cumplir”, agregó.

Si bien el Gobierno sabe que el hecho de no tener la camisa de fuerza de la regla fiscal no es sinónimo de gasto desbordado, es fundamental que aplique las políticas necesarias para que esta carta blanca no se salga de control.

“Es fundamental que el Gobierno anuncie rápido a los mercados y a las calificadoras cuáles van a ser esas nuevas metas de déficit, porque la suspensión no quiere decir que no haya metas y esto debe ser a la mayor brevedad”, puntualizó Mejía.

Por otro lado, las calificadoras de riesgo ya han advertido que es muy probable que el país siga afectando su grado de inversión crediticia.

En una entrevista dada a la Revista Semana, Richard Francis, director de calificaciones soberanas para Colombia de Fitch Ratings, explicó que no les causó sorpresa la suspensión de la regla fiscal, esto teniendo en cuenta que ya tenían previsto que el Gobierno iba tener que gastar más y que las pérdidas de ingresos serían mayores a las esperadas. Por eso consideran que el país debe presentar un plan donde se muestre cómo harán para estabilizar la deuda, pues están seguros de que esta se disparará.

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Precisamente, la hoja de ruta para reducir ese elevado nivel de deuda se dará a conocer en el MFMP, pero, por lo dicho hasta ahora, parece no haber dudas de que será necesaria una nueva reforma tributaria en 2021. Los puntos a tocar serían dos, de acuerdo con el Comité de la Regla: revisar el gasto público y aumentar los ingresos tributarios por parte de los ciudadanos.

En el primer caso, es clave tener en cuenta que el gasto oficial en el país tiene una alta inflexibilidad –está comprometido incluso desde antes de aprobarse–, con lo cual su revisión estaría por el lado de focalizar mejor los subsidios que se giran anualmente. Esto iría de forma paralela a un mayor pago de impuestos por parte de las personas naturales y de la revisión de algunas exenciones.

Decirlo es más fácil que hacerlo. Miles de familias saldrán de esta coyuntura sin empleo y con sus ingresos por el piso, por lo que gravarlos con mayores tributos sería ponerlos entre la espada y la pared. El desafío será encontrar ese punto medio entre recuperar el frente fiscal del país y mantener el tamaño de la clase media.