Ni tan distintos

En materia económica el próximo presidente tendrá cosas muy urgentes por hacer y poca plata para llevarlas a cabo. Después del desplome histórico de 1999 el aparato productivo nacional completa ya tres años de algo que los optimistas llaman estabilidad y los pesimistas estancamiento. Con la recesión el país retrocedió mucho en áreas vitales como la pobreza, el empleo y la inversión y, pese a los esfuerzos, aún no se ha logrado recuperar el terreno perdido.

Lo más complicado es que, por un lado, los programas para aliviar el bolsillo de los colombianos cuestan plata. Y, por otro, existe la necesidad de reducir el gasto pues de lo contrario las finanzas del Estado y la deuda pública se volverán inmanejables. Las propuestas de los candidatos y las políticas económicas que adopte el nuevo mandatario tendrán entonces la restricción de unas finanzas públicas debilitadas.

El actual gobierno le dejará al próximo la herencia de un ajuste fiscal en curso. Buena parte de la agenda económica del nuevo presidente estará determinada por su decisión de seguirlo, cambiarlo o pararlo. Las propuestas de los candidatos en este frente muestran una coincidencia importante, pero también algunas diferencias.

Las pensiones

Un punto en que están de acuerdo los aspirantes a la Presidencia es el de la reforma pensional. Todos coinciden en la necesidad de hacerla y los dos que van de primeros en las encuestas (Uribe y Serpa) tienen propuestas similares en cuanto a la forma de llevarla a cabo. Ambos prolongarían la coexistencia de los sistemas público y privado, eliminarían los regímenes privilegiados y propiciarían un esquema financieramente sostenible.

Las pensiones no han ocupado mucho espacio en el discurso de los candidatos en esta campaña, pero no por eso el tema deja de ser crucial. La reforma no sólo es necesaria para lograr la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos, sino que además es percibida en el exterior como un indicador del éxito de la política fiscal. Sin ella sería difícil mantener tranquilos por mucho tiempo a los inversionistas extranjeros que le prestan plata al gobierno colombiano.

El hecho de que en los programas de Uribe y Serpa haya propuestas concretas (y similares) en materia pensional es una señal de estabilidad en un área clave de la política económica. No obstante, una cosa es anunciar una reforma y otra es hacerla. La dificultad y el desgaste de aprobar un cambio en una ley que pisa muchos callos (como la de pensiones) es enorme. Por eso el próximo gobierno deberá emplear buena parte de su capital político inicial en hacer esta reforma.

El gasto

En otras áreas de la política fiscal empiezan a aparecer las diferencias entre las propuestas de los candidatos. Serpa ha hablado de darle un “estartazo” a la economía por medio de un aumento en el gasto del gobierno. Es decir, en 2003 se incrementaría el déficit fiscal con respecto a los niveles de este año para impulsar el aparato productivo.

Esta propuesta se basa en la premisa de que el recorte del gasto público ahonda la recesión. César González, asesor económico de Serpa, afirma que el mayor gasto se financiaría con recursos de entidades multilaterales. “Es una inversión tributaria. Se gasta para empujar la economía, y esto a su vez incrementa los recaudos de impuestos, explica. El ajuste fiscal definitivamente hay que hacerlo en el mediano plazo. Pero en el corto no se puede supeditar todo a esta meta pues se puede ahogar la economía”, añade.

El famoso ‘estartazo’ de Serpa implicaría un reversazo, aunque temporal, en el ajuste fiscal que se inició en 2000. ¿Qué tan viable es esto en la práctica? Si la magnitud no es demasiado grande es probable que haya forma de financiarlo. Frente a la efectividad de la medida, sin embargo, los economistas están divididos. Sus defensores reiteran que para salir de la recesión el gobierno debe gastar. De hecho, lo suelen hacer muchos países (sobre todo los desarrollados). Los escépticos, en cambio, creen que la expansión fiscal a lo sumo ayuda en el corto plazo. En 1996 la administración Samper aumentó el gasto público en un increíble 26 por ciento. Esto a duras penas bastó para mantener la economía a flote ese año y no impidió que en 1998 se fuera a pique.

La propuesta de Uribe, en cambio, no hace tanto énfasis en el gasto público como factor de reactivación. La premisa básica es que la inversión y el consumo privados son los que en últimas hacen crecer la economía y generan los recursos para financiar el sector público. La estrategia consiste entonces en generar seguridad, confianza y estabilidad macroeconómica y así crear un ambiente propicio para que retorne la inversión.

En cuanto a ingresos y gastos del gobierno, sin embargo, la propuesta de Uribe muestra una aparente contradicción. Por un lado el candidato ha enviado unos mensajes muy claros de austeridad fiscal (reducción de la burocracia). Pero también ha hablado de gastar más, sobre todo en seguridad, educación y asistencia alimentaria. ¿Cuál sería entonces el efecto neto sobre las finanzas públicas? Voceros de la campaña explican que el recorte debería ser más o menos del mismo monto que el incremento en los otros gastos, con lo cual habría un efecto neutro sobre las arcas del Estado. De otro lado, Uribe también ha planteado la necesidad de racionalizar la estructura tributaria. Esto pasaría por eliminar muchas de las exenciones que existen hoy y establecer unas sanciones más severas (de tipo penal) para los evasores.

La deuda

El próximo presidente deberá lidiar con una deuda pública (externa e interna) cuyo servicio consume una porción creciente de los ingresos del gobierno. En cuanto al manejo que se le debe dar a la deuda externa no parece haber diferencias de fondo en las propuestas de los dos principales candidatos. Tanto Uribe como Serpa se limitarían a emplear los instrumentos de mercado para el manejo de las obligaciones. Las palabras ‘moratoria‘ o ‘reestructuración obligada’ están totalmente ausentes del lenguaje de los asesores económicos de estas campañas.

Por el lado de la deuda interna el equipo económico de Serpa plantea una propuesta que se desvía de la ortodoxia tradicional: que el Banco de la República le preste plata directamente al gobierno. Los asesores de Serpa afirman que esta es una fórmula que hay que estudiar y que el de la emisión es un debate que no se debe ‘satanizar’.

Los detractores de esta medida afirman que el público podría perder confianza en la moneda y se dispararía otra vez la inflación, mientras los defensores argumentan que este último es un problema secundario frente al objetivo primordial de reactivar la economía y el empleo. En todo caso hay que tener presente que la famosa emisión no solucionaría el déficit fiscal. Ayudaría, a lo sumo, a financiarlo parcialmente y durante un período limitado. Pero se trataría en el fondo de más plata prestada que habría que pagar en algún momento.

Es bien sabido que para estabilizar la deuda pública tienen que pasar tres cosas. Primero, el gobierno debe gastar menos de lo que recibe, pues le tiene que sobrar plata para pagar aunque sea parte de los intereses. Segundo, deben bajar las tasas de interés que se pagan por las obligaciones. Y, tercero, la economía tiene que crecer lo suficiente.

Los programas de Uribe y Serpa le apuestan mucho a la tercera opción. La lógica es que si la economía crece los primeros dos objetivos se vuelven más fáciles de cumplir. Más aún, el desempleo y la pobreza, que son las mayores urgencias sociales que tiene Colombia, no se podrán aliviar lo suficiente mientras la economía no despegue.

De manera que los programas coinciden en el objetivo de hacer que la economía crezca. En lo que difieren, sin embargo, es en la forma de lograrlo. Serpa hace más énfasis en el gasto público como jalonador del aparato productivo (sacrificando incluso el ajuste), mientras que Uribe se apoyaría más en la inversión y el consumo privados. De ahí que la confianza y la seguridad de los inversionistas locales y extranjeros sean un elemento central de su discurso.

Vivienda y servicios

El crédito hipotecario es un tema que ha ocupado un lugar importante en la campaña presidencial. Serpa y su fórmula vicepresidencial han hablado de otorgar créditos no denominados en unidades como la UVR sino más bien en pesos.

Presentada así esta propuesta tiene un problema. Como lo advierten quienes saben de finanzas, el crédito de largo plazo en pesos es inviable en una economía inflacionaria. Nadie estaría dispuesto a prestar un millón de pesos para que se los reembolsen dentro de 10 ó 20 años, cuando esos pesos ya no valdrán nada. Aun si fuera el gobierno el que otorgara el crédito le saldría demasiado costoso.

No obstante César González, de la campaña serpista, afirma que la propuesta no es tan simple como prestar en pesos. “Los créditos, en efecto, se otorgarían en pesos, pero cada año se reajustarían con el costo de vida”, explica. En este caso la única diferencia que habría entre la propuesta de Serpa y la actual UVR es que esta última se actualiza mes a mes mientras que los otros créditos se reajustarían una vez al año según la inflación acumulada.

Otro de los temas con que Serpa está haciendo campaña son las tarifas de los servicios públicos. El candidato ha dicho que las congelaría mientras tramita una ley para impedir que el costo para los usuarios crezca por encima de la inflación. Esta propuesta, sin embargo, también tiene matices. La regla de no aumentar las tarifas por encima del costo de vida sólo se aplicaría cuando la economía esté creciendo por debajo de lo que aumenta la población.

Aún así la propuesta tiene problemas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los costos de producir la energía se disparan por cuenta de una sequía o del terrorismo? Si el Estado obligara a las empresas a perder plata indefinidamente espantaría la inversión. Y si los usuarios no pagan el costo de los servicios la diferencia la tendría que asumir el gobierno (es decir, los contribuyentes). Frente a estas observaciones los asesores de Serpa afirman que habría que buscar maneras de repartir los costos en toda la cadena de producción y no cargárselos todos al usuario.

El crédito hipotecario, como los servicios públicos, son temas electoralmente rentables. Después del trauma que vivieron los deudores con Upac muchos le cogieron miedo a toda unidad monetaria designada por una sigla (como UVR). El problema no está en la sigla, ni en la unidad, sino en la forma de calcularla. Eso ya se corrigió para bien pero la gente todavía no lo percibe así. De la misma manera, el público tiene muy presente lo mucho que han subido las tarifas del agua pero olvida todo lo que han bajado las de telecomunicaciones en virtud de la misma ley de servicios públicos.

Serpa resolvió cabalgar sobre el descontento popular frente a estos temas con propuestas que, de llevarse a la práctica, implicarían cualquier cantidad de problemas financieros para empresas, bancos y gobierno. Uribe, en cambio, no hace tantas promesas en estos temas. En el área de los servicios públicos, por ejemplo, su programa dice lo siguiente: “Debemos mantener un régimen tarifario que refleje los costos de eficiencia, e incluya criterios de solidaridad y redistribución del ingreso. Por causa de restricciones fiscales y razones de equidad los subsidios sólo deberán cubrir las necesidades básicas de los más pobres”.

Los programas económicos de los candidatos no son tan diferentes entre sí como podría pensarse. Todos coinciden en la necesidad de adelantar el ajuste fiscal, aunque difieren en la magnitud y el plazo del mismo. Están de acuerdo en que es urgente hacer una reforma pensional. Manejarían la deuda externa con instrumentos de mercado. E incluso los asesores de Serpa no descartarían la posibilidad de acudir al FMI, “si toca”, aunque advierten que en esa eventualidad negociarían “muy duro” con el organismo internacional. Ambos candidatos tratarían de hacer subir la tasa de cambio y ninguno cerraría la economía.

Más allá de las propuestas puntuales sobre crédito hipotecario y servicios públicos lanzadas al calor de la contienda electoral y difícilmente viables, las diferencias entre Uribe y Serpa son de énfasis: para hacer crecer la economía y el empleo el primero se apoyaría más en la inversión privada y el segundo más en el gasto público.