NO HAY CUÑA QUE MAS APRIETE...

Es uno de esos casos en los cuales los pájaros le tiran a las escopetas. Compromete a varios miembros distinguidos de la sociedad antioqueña y a dos bancos colombianos, que se encuentran enfrascados en una disputa legal donde están en juego varias decenas de millones de dolares.

La historia comenzó por allá en 1981 cuando una serie de inversionistas entro en conversaciones con el Banco Industrial Colombiano de Panamá y el Banco de Bogotá también de Panamá, con el objeto de conseguir un crédito para adelantar un proyecto de desarrollo turístico al sur de la Florida, en Estados Unidos. Las compañías interesadas eran la Vincennes Company N.V., matriculada en las Antillas Holandesas y la Key Largo Investors, Inc., de la Florida.
En ambos casos los representantes principales eran Rodrigo Arboleda Halaby-ex presidente de Turbana y actual gerente de Tampa en Míami Luis Fernando Echavarría -ex ministro de Hacienda de la administración Pastrana y ex miembro de la junta directiva del Banco de la Republica y Eugenio Mora.

El prestigio de quienes solicitaban el credito -particularmente de Echavarría y las garantías otorgadas 16 acres de terrenollevaron a que tanto el BIC como el Banco de Bogotá, concedíeran préstamos cercanos a los 1.5 millones de dolares cada uno, suma que fue desembolsada en agosto de 1981. La idea general era la de aprovechar unos terrenos ubicados en el exclusivo sector de Cayo Largo y construir allí un condominio para gente de altos ingresos, gracias a una autorizacion de las autoridades del lugar.

No obstante, los problemas comenzaron cuando hubo quejas ante los eventuales daños ecológicos que se pudieran presentar. Como consecuencia el proyecto se suspendió y empezaron los atrasos con los bancos. Estos estuvieron presionando para el pago de la obligacion que vencio en agosto de 1983, sin obtener ningún resultado. Lo unico que sucedió fue que el 25 de abril de 1984 la compañia Vincennes demando a los bancos ante las cortes del condado de Dade en Florida, con el argumento de que el préstamo era usurero y víolaba las leyes del Estado. La manzana de la discordia era la tasa de interés acordada del Libor (la tasa ínterbancaria londinense) más 3 y 38%, calificada de excesiva. En respuesta, en mayo de 1984 los bancos presentaron una contrademanda cuyo objetívo era hacer efectíva la garantía del préstamo.

Este intento culminó, sin embargo, en un nuevo acuerdo firmado el primero de febrero de 1985, en el cual tanto Vincennes como Key Largo se comprometieron a pagar el dinero adeudado. En el caso del BIC la suma era de 1.5 millones de dolares de capital y 263.484 dolares más, correspondientes a intereses atrasados. En térmínos generales, los deudores acordaron cancelar, antes del 31 de dicíembre de ese año, una cuarta parte del capital. Si eso se cumplía, la obligacion se prorrogaría hasta que para fínales de 1988 todo el crédito debería haber sído pagado. A cambio, Vincennes se comprometía a retirar su demanda y a aceptar que el préstamo "no es usurero y no víola el capítulo 687 de los Estatutos de la Florida", tal como quedo consagrado en el documento firmado por Arboleda, Echavarría y Mora a las dos y media de la tarde del primero de febrero de 1985 .

A pesar de ese intento de arreglo, lo cierto es que los problemas continuaron. Aparte de unos pagos parciales, los bancos no recibieron más dinero, de manera que para diciembre de 1988 se volvió a iniciar el proceso judicial, en el cual los bancos tomaron la ofensiva. La respuesta se vino a conocer el pasado 31 de marzo cuando Arboleda, Echavarría y Mora respondíeron las acusaciones y decidieron contrademandar a los bancos.
En esta se alega que las entidades no dieron la financiacion adicional requerida, cobraron intereses de usura, difamaron a los garantes (Arboleda, Echavarría y Mora), les causaron daño moral y obligaron a la firma del acuerdo de 1985 bajo coaccíon. En consecuencía, los demandantes piden de cada banco una suma cercana a los 60 millones de dólares.

Como es de suponer, el episodio tiene dividida a la alta sociedad de Medellín. Por una parte, se encuentra el prestigio de Echavarría y Arboleda y, por otra, el del Banco Industrial Colombiano; una de las entidades bandera del sindicato antioqueño. La primera audiencia tendrá lugar el proximo 17 de junio y desde ya se están haciendo las apuestas. Se comenta, por ejemplo, que la demanda contra los bancos no se habría presentado si los socios de Vincennes y Key Largo no estuvieran seguros de ganar. En respuesta, se dice que no se puede denunciar un préstamo cuyas condiciones eran conocidas y que fue tomado por voluntad propia. Sea como sea, lo cierto es que el desenlace es esperado con expectativa, aunque desde ya se da por seguro que, independietemente del veredicto, el caso de los inversionistas colombianos contra los bancos nacionales ha dejado heridas muy profundas que tardaran mucho tiempo en sanar.-