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| 9/12/2004 12:00:00 AM

Otro apretón

La nueva reforma tributaria del gobierno les pasa la factura sobre todo a las clases medias y populares. Levantará polémica la propuesta de reducir la tasa del impuesto a la renta

Otro apretón Otro apretón
Si usted es jubilado, aporta a un fondo de pensiones voluntarias o simplemente hace mercado, podría ser uno de los perjudicados de la avalancha de impuestos que se avecina. Está en la mira del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien la semana pasada puso sobre la mesa las propuestas que piensa incluir en una nueva reforma tributaria. Y esta vez, a diferencia de las otras dos reformas que le ha aprobado el Congreso al gobierno de Álvaro Uribe, no serían las empresas sino los pensionados y los consumidores los que lleven la peor parte.

La fórmula que en esta oportunidad presentará el gobierno al Parlamento incluye dos medidas que vienen barajándose desde hace rato. En primer lugar, Carrasquilla propone ampliar la lista de productos y servicios gravados con el IVA. A partir de enero de 2005, desde la carne y los huevos hasta las boletas de cine y los servicios funerarios comenzarían a pagar una tarifa de 2 por ciento. Productos como el chocolate o las pastas, que hoy están gravados con un IVA de 7 por ciento, pasarían a pagar la tarifa general de 16 por ciento. Y sólo los bienes de consumo básico o servicios relacionados con la salud, el transporte público, la educación o el arrendamiento de vivienda quedarían sin impuesto.

El golpe sería fuerte. Con la extensión del IVA el gobierno espera recaudar la mitad de los 1,5 billones de pesos necesarios para reducir el hueco en las cuentas fiscales del año entrante. Estos recursos saldrían del bolsillo de todos los colombianos, pero, sin duda, los más afectados serían los consumidores de menores ingresos para quienes cualquier peso adicional en la factura del mercado implica un descuadre grande en su presupuesto. Por eso muchos congresistas suelen rechazar públicamente este tipo de medidas, aunque en privado y después del tire y afloje que se da con cada reforma tributaria terminen aprobándolas en parte.

Así sucedió, por ejemplo, a finales de 2002, cuando el Congreso aprobó un IVA generalizado de 2 por ciento para todos los productos que hasta ese momento no eran gravados. Pocos meses después la Corte Constitucional tumbó esa norma, aduciendo, entre otras razones, que no podía extenderse el cobro del IVA de manera indiscriminada. Cobijaba desde la bienestarina hasta las armas, sin considerar en cada caso el impacto que esto tendría sobre los colombianos más pobres.

El argumento del gobierno en este nuevo intento de ampliar la base del IVA es que en Colombia sólo se cobra este tributo sobre el 52 por ciento de la canasta de bienes y que hay espacio para subir este porcentaje hasta 72 por ciento, como lo contempla su propuesta. Además, las sucesivas reformas tributarias han ido añadiendo retazos a las normas sobre el IVA, al punto que hoy, como caso único en el mundo, existen ocho tarifas diferentes del impuesto. El hecho de que unos productos estén gravados y otros no y que algunos paguen tarifas preferenciales dificulta el control a la evasión y, por supuesto, disminuye el recaudo. Lo deseable, dicen los técnicos en temas tributarios, es tener la mayoría de productos cobijados por el IVA y una tarifa única que, incluso, podría ser más baja.

Pensionados, a pagar

Pero quizá la propuesta que más calentará el debate es la de gravar las pensiones. Desde el primero de enero de 2005 todos los jubilados que reciban mesadas superiores a 2.327.000 pesos verían reducir su cheque mensual. Se les haría una retención igual a la que hoy se aplica a los salarios. A un pensionado que, por ejemplo, gane cinco millones de pesos se le retendrían alrededor de 615.000 pesos mensuales.

Carrasquilla defiende esta medida diciendo que los actuales jubilados no ahorraron lo suficiente en el pasado y por tanto ahora reciben un gigantesco subsidio del Estado. En el presupuesto de 2005 cerca de 16 billones de pesos se destinarán a pagar las mesadas del sector público y del ISS. De cada 10 pesos que pagan los colombianos en impuestos, cuatro se dirigen a pensiones y por eso, dice el gobierno, es justo que los jubilados que ganan más ayuden a pagar las mesadas de quienes ganan menos. En últimas, quienes terminarían pagando el nuevo impuesto serían sólo el 15 por ciento de los jubilados (que ganan más del monto propuesto por el gobierno), según cifras del Ministerio de Hacienda.

De otra parte, la reforma establece un impuesto a la llamada 'mesada 14'. La ley 100 de 1993 otorgó un ingreso adicional de 30 días al año a aquellos funcionarios públicos que se hubieran jubilado antes de 1988, como una forma de compensar el hecho de que a ellos nunca se les había reajustado su mesada. Posteriormente, la Corte Constitucional consideró que era discriminatorio dar este dinero extra sólo a ese grupo de jubilados y ordenó extender la mesada adicional a todos los demás. Hoy, según el Ministerio de Hacienda, este beneficio le cuesta a la Nación 1,5 billones de pesos anuales.

El gobierno pretende, entonces, eliminar la mesada 14 para quienes se pensionen a partir del próximo año, a través de un acto legislativo que ya radicó en el Congreso. Por ahora busca gravar la que reciben los jubilados actuales con un impuesto de 2,5 ó 4,5 por ciento dependiendo del monto. Así, la cuenta de cobro que les pasaría el gobierno a los pensionados con su proyecto de reforma tributaria ascendería a cerca de 500.000 millones de pesos.

¿Fin de los privilegios?

Acudir al IVA y a un impuesto a las pensiones para conseguir el faltante en el presupuesto de 2005 era la idea original del gobierno. Pero en las discusiones que ha realizado con congresistas de distintos partidos durante los últimos meses surgió una propuesta adicional: eliminar algunos de los beneficios tributarios que les otorga la ley a sectores específicos de la población. Según cálculos de la Dian, por cuenta de estos tratamientos especiales en el impuesto de renta, el Estado deja de recibir más de seis billones de pesos cada año.

Uno de los beneficios que el gobierno puso sobre el tapete es el que reciben quienes aportan a fondos de pensiones voluntarias. Si usted, por ejemplo, gana seis millones de pesos al mes y decide meter una parte de su salario en uno de estos fondos, podría llegar a ahorrarse anualmente cuatro millones de pesos a través de una menor retención en la fuente. La única condición es no retirar sus aportes antes de cinco años.

Actualmente, 228.000 colombianos tienen ahorrados cuatro billones de pesos en fondos de pensiones voluntarias. Y por hacerlo, el Estado les ha rebajado cerca de 163.000 millones de pesos en impuestos, una cifra superior a la inversión en carreteras que planean hacer todos los departamentos del país el año entrante.

El principal cuestionamiento a este beneficio es que lo reciben los colombianos de mayores ingresos. Según cifras de Asofondos, el 18 por ciento de los afiliados a los fondos de pensiones voluntarias aportan más de cinco millones de pesos mensuales, un lujo que pocos pueden darse. Al otro lado están quienes opinan que a través de este mecanismo se ha promovido el ahorro. "Las cifras hablan por sí solas. El valor de las pensiones voluntarias ha pasado de 500.000 a cuatro billones de pesos en los últimos cinco años", dice Luis Fernando Alarcón, presidente de Asofondos.

Para el ministro Carrasquilla, en cambio, no hay evidencia de que esta exención haya estimulado el ahorro total de largo plazo. Por eso propone mantenerla sólo cuando los afiliados utilicen los aportes para mejorar sus ingresos al momento de jubilarse y no, como sucede ahora, apenas pasen los cinco años de permanencia mínima.

Otro beneficio tributario que está siendo examinado es el de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC). Como en el caso de los fondos, la plata que usted consigne en una de estas cuentas, con destino a la compra de vivienda, le servirá para reducir la retención en la fuente. En otras palabras, por comprar casa, el gobierno le regala el valor de los impuestos que, de otra forma, tendría que pagar. A junio de este año, los bancos habían abierto más de 26.000 cuentas AFC, con un saldo de 45.600 millones de pesos y un costo anual para el fisco de 19.000 millones.

La reforma contempla eliminar este incentivo después de un período de transición de un año, es decir, a partir de 2006. Los constructores y los banqueros han rechazado esta medida diciendo que las cuentas AFC han ayudado a canalizar el ahorro hacia la construcción y han sido, en parte, uno de sus motores. Pero el ex ministro Rudolf Hommes afirma que es deseable la eliminación de este incentivo pues " en el sector de la construcción se ha creado una burbuja especulativa que hay que desinflar suavemente". Por su parte, Carrasquilla afirma que si bien las cuentas AFC contribuyeron al despegue de la actividad edificadora, hay otros factores que han incidido en el auge de la vivienda de estratos medios y altos. Uno de los más importantes, según el Ministro, es que muchos colombianos decidieron traer sus ahorros del exterior para comprar casa. Y remata diciendo que, en todo caso, "tenemos demasiadas urgencias como para mantener este tipo de beneficios".

Por el lado de las empresas, la propuesta del gobierno también busca eliminar exenciones o simplemente dejar que éstas se venzan según lo hayan establecido reformas anteriores. A cambio, se reduciría la tarifa del impuesto de renta del 38,5 por ciento que se paga actualmente a 32 por ciento a partir de 2008.

Paradójicamente, el gobierno les dio a las compañías la zanahoria más grande que hoy tienen en materia de impuestos en la reforma tributaria de finales de 2003. Aquellas que inviertan en maquinaria, equipo o, en general, activos productivos pueden restar de sus utilidades hasta 30 por ciento de estas inversiones para calcular el impuesto de renta entre 2005 y 2007. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto costará este incentivo, los cálculos oscilan entre 400.000 y dos billones de pesos.

Saber si este costoso beneficio ha incentivado la inversión de las empresas es una pregunta que siempre quedará por resolver. Sin embargo, los economistas suelen repetir que este tipo de gabelas sirven muy poco. Los empresarios invierten en sus compañías no porque el Estado les rebaje impuestos sino porque mejora la demanda de sus productos. Esas mismas críticas recibió el gobierno cuando, por decisión expresa del presidente Uribe, insistió en meter este beneficio en la ley. Ahora, menos de 10 meses después, cambió de idea, diciendo que no se esforzará porque la deducción se mantenga después de 2007.

Al bajar la tarifa de renta y eliminar algunas exenciones, los recaudos del gobierno caerán en casi un billón de pesos anuales desde 2008, reducción que se compensaría en parte con el IVA, el gravamen a las pensiones y un aumento en el impuesto al patrimonio. Este último, según lo que ha planteado el gobierno, se volvería permanente y empezaría a cobrarse con una tarifa de 0,3 por ciento -quienes tengan patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos- y no de 3.000 millones como está hoy.

Al cierre de esta edición, el presidente Uribe estaba dándole las puntadas finales al proyecto de reforma que está previsto presentar al Congreso esta semana. Le espera un arduo trámite, más aún cuando esta ya es la cuarta vez en dos años que el gobierno busca apretarles el cinturón a los contribuyentes, cuando paradójicamente todavía no ha hecho la tarea en materia de reducir sus gastos..

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