Teléfono roto entre contralor delegado, Contraloría y DNP por Ingreso Solidario

El programa Ingreso Solidario fue una de las primeras herramientas de repuesta social que implementó el Gobierno nacional para atender a las familias afectadas por la crisis económica que causó la pandemia del coronavirus.

Este giro de $160.000 mensuales, que se mantendrá vigente por lo menos hasta mediados de 2021, tiene como requisito que los hogares que lo reciban no figuren en las bases de datos de otros programas sociales y tampoco reciban la devolución del IVA, cuya implementación también adelantó el Gobierno este año como producto de la pandemia.

Sin embargo, este lunes, durante la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, el contralor delegado de Gestión Pública, William Suárez, aseguró haber encontrado irregularidades en el pago de $759 millones a través del subsidio.

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"El seguimiento de la Contraloría facilitó que se encontraran deficiencias en las bases de datos administradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Encontramos cédulas inexistentes, personas que estaban en otros programas sociales y también cédulas correspondientes a personas fallecidas. Nos reunimos con el DNP, expusimos la problemática y ellos depuraron sus datos", explicó el delegado.

Suárez dijo que la entidad realizó una revisión estricta de las bases de datos y las depuró, pero puntualizó que, aun con las alertas y el trabajo conjunto, hubo un hallazgo por $759 millones, esto es un "detrimento patrimonial que ya se trasladó y (por el cual) se iniciaron las acciones fiscales correspondientes" concluyó.

Los problemas de comunicación

Sin embargo, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez, le comentó a Dinero que la información brindada por la Contraloría corresponde a los primeros meses de giros del Ingreso Solidario, cuando los mismos ciudadanos advirtieron que la página web mostraba como beneficiarios números de cédula inexistentes como 11111, así como dijo que tal alerta llevó a un cambio en la página y a una nueva depuración de las bases de datos.

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"Ese informe preliminar lo analizamos conjuntamente con la Contraloría y se hicieron todas las claridades. No hubo ningún giro irregular y no hay ningún halllazgo", explicó Gómez, haciendo la claridad que el delegado Suárez no hizo durante la socialización del ente de control.

Además, el subdirector explicó que no hay ningún hallazgo notificado directamente a la entidad y que el proceso está "ad portas" de cerrarse por la actuación conjunta.

Esta posición fue ratificada por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, quien le explicó a Dinero que las alertas se emitieron a tiempo y se resguardó el beneficio público.

"El interés de la Contraloría es que se recupere la plata y no se pierda. Si se logra resolver el tema, que es o no enviar la plata o que no se pierda, el proceso de responsabilidad fiscal se muere ahí mismo. En ese sentido, el delegado envió los archivos y todo a responsabilidad fiscal, pero allá se archiva en el momento en que no haya pérdida del recurso o, digamoslo así, se logre recuperar el recurso", enfatizó el Contralor General.

Fuentes le comentaron a este medio que Córdoba no se pronunció públicamente en su momento sobre el tema debido a que el DNP entregó soportes sobre la solución a los problemas de las bases de datos, razón por la que los hallazgos de Suárez no avanzaron dentro de la entidad.

Además, recordaron que el requisito para que la entidad financiera asignada al beneficiario del Ingreso Solidario le entregue efectivamente el subsidio a este es que la persona demuestre su identidad mediante la cédula. Al no existir documentos con números como el conocido "111111", aunque en la página inicial apareciera como beneficiario, ningún colombiano podía reclamar dicho subsidio.

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Sin embargo, entre los casos más recientes sobre inconvenientes en las bases de datos de este programa está el de una ciudadana de Barranquilla que reconoció en uno de los espacios de difusión del Gobierno que recibía transferencias monetarias por Familias en Acción y también por Ingreso Solidario, que destinaba como inversión para su negocio de sustento.

Al respecto, el contralor Córdoba señaló que este caso en particular debe ser evaluado para encontrar y solucionar la falla existente.