Error de cálculo

Uno de los pilares del desarrollo financiero, comercial y empresarial de Panamá estuvo a punto de irse al piso. Cuando la mayoría de países se alistaba para cerrar 2013 y darle la bienvenida al nuevo año, en Panamá se aprobaba una reforma al Código Fiscal que en sus artículos 2 y 3 acababa con el llamado régimen territorial de impuestos a la renta.

Los dos polémicos artículos, que estaban incluidos dentro de una ley que guardaba relación con la Zona Económica Especial del Barú y que fueron aprobados en la tarde del 30 de diciembre durante las sesiones extra de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá (el Legislativo), imponían a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pagar impuestos sobre la renta dentro o fuera del territorio panameño.

En otras palabras, la ley, que alcanzó a ser sancionada por el presidente Ricardo Martinelli, derogaba el sistema de recaudación tributaria que lleva más de 100 años vigente en ese país y que lo ha convertido en una atractiva plaza financiera a escala mundial. Se estima que los servicios que surgen a partir de este régimen representan más del 15 por ciento del PIB de ese país.

La reforma desató una ola de críticas en Panamá, pero pasó desapercibida en otros países, como Colombia, en donde también tendría enormes implicaciones para los inversionistas que buscan esa economía por el régimen tributario que ofrece.

En Panamá, inversionistas, banqueros, empresarios y bufetes de abogados afirmaron que la reforma no solo era inconstitucional sino que tendría efectos internacionales y ahuyentaría todos los capitales, poniendo en riesgo la economía de esa nación.

Según abogados citados por la agencia EFE, derogar el principio de territorialidad consagrado en el artículo 694 del Código Fiscal de Panamá suponía un durísimo revés para negocios como el abanderamiento de naves, la banca internacional y el régimen de sociedades anónimas, que se han instalado en Panamá aprovechando que las actividades off shore (en el extranjero) no eran objeto del impuesto sobre la renta.

Según Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, el sistema fiscal territorial es vital para la existencia económica y está en el ADN del sistema financiero de ese país. El gremio de los abogados lo calificó de exabrupto, pues atentaba no solo contra la seguridad y la estabilidad jurídica de Panamá, sino que generaría la pérdida de credibilidad y confianza en el sistema financiero.

Lo más sorprendente del asunto es que el presidente Martinelli desconocía que había firmado un ‘orangután’ que echaba por tierra la personalidad internacional de Panamá. El proyecto fue presentado, sin consultar, por el director de la Autoridad Nacional de Ingresos, Luis Cucalón, quien recibió un fuerte llamado de atención por parte del jefe de Estado.

En un comunicado, el presidente Martinelli calificó de error la propuesta y sanción de la llamada Ley 120 de 2013. Por su parte, Cucalón aceptó haberse equivocado. “He pedido al director de la Autoridad de Ingresos mayor cautela en el futuro. He aceptado su recomendación de presentar una ley que derogue los artículos 2 y 3 de la Ley 120 y restablezca la vigencia de los derogados o modificados por ellos”, dijo el presidente.

Pues bien, el proyecto corrigiendo el error fue presentado el pasado 6 de enero a la Asamblea Nacional y ya completó los tres debates requeridos en ese país. Tendrá efectos retroactivos desde el 30 de diciembre de 2013. Esto significa que Panamá mantendrá el régimen de renta territorial como sistema de recaudación tributaria. 

Aunque se restableció el orden, se ha presentado una denuncia penal por extralimitación de funciones contra el responsable, y los gremios están exigiendo su destitución. Algunos creen que todo se debió a un error de cálculo del recaudador de impuestos, que estimaba que con la reforma le generaría enormes ingresos al fisco, lo que podía ser cierto. Sin embargo, no calculó el efecto secundario que tendría como una fuga de capitales y negocios, lo que puso a temblar la economía panameña.