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| 5/30/1994 12:00:00 AM

PATINAZO MONETARIO

Las medidas sobre las relaciones de solvencia y restricción al crédito podían tomarse como un contrasentido a la apertura.

PATINAZO MONETARIO PATINAZO MONETARIO
CUANDO EL BANCO DE LA República decidió restringir el crédito interno y externo en marzo pasado, comenzó a cundir en los banqueros el pánico por lo que podría ser el preludio de una intervención de fondo del gobierno en las operaciones y la dinámica del sector. Pero lo que no esperaban, aunque se escuchaban rumores, era que por decreto se les iban a cambiar las reglas del juego en materia de solvencia y composiciòn patrimonial.
Una cosa era ponerle coto al endeudamiento externo para controlar el crecimiento de la demanda agregada y su presión inflacionaria, pero otra bien distinta resultaba fijarle un tope transitorio de 2,2 por ciento mensual al crecimiento de la cartera del sector financiero. Las voces de los gremios empezaron a registrar su inconformidad. Sin embargo, a los pocos días se produjo el verdadero distanciamiento entre las autoridades monetarias y los banqueros cuando el Ministerio de Hacienda expidió intempestivamente el decreto 673.
Con esa norma se afectó estructuralmente la relación de solvencia de las entidades financieras y se modificó su composición patrimonial. Para ellas fue como si el gobierno hubiera roto un pacto de caballeros, pues hacía más de dos años ambas partes habían aceptado regirse por los estándares que el Comité de Basilea establece para la materia y que rigen a nivel internacional. La pelea no se hizo esperar. La Asociación Bancaria protestó y la discusión empezó a tomar vuelo en el XXIX Congreso de la entidad en Cartagena. En ese foro la crítica de los banqueros llovió sobre lo inconsulto, intempestivo e inconveniente del decreto. Mauricio Cabrera, presidente de la junta directiva de la asociación, fue enfático: "Sorprende un cambio de esta índole cuando hace menos de tres años se habían adoptado, en forma que se creía definitiva, los parámetros y lineamientos del acuerdo de Basilea". Y es que no parecía lógico elevar los estándares en Colombia cuando el sector se encuentra en plena apertura financiera y no existen dudas razonables sobre su solvencia.
La respuesta del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien no pudo asistir al evento, fue sorpresiva: "Las nuevas normas corresponden a la necesidad de ajustar los requerimientos de capital de los establecimientos de crédito a las circunstancias de una economía más abierta y volátil". Ese argumento no convenció a los banqueros porque plantea un eventual deterioro de la cartera, y esto va en contravía con los análisis de riesgo de prestigiosas entidades internacionales que concluyen que el sistema financiero colombiano es sólido y solvente.
A partir de entonces la polémica ha arreciado. César González, presidente de Asobancaria, es partidario de la derogatoria de la medida y así lo ha repetido públicamente. En el mismo sentido, pero en tono más moderado, se ha expresado Javier Fernández Riva, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), quien afirma que "el gobierno ha subestimado el daño que la medida le va a hacer a la economía" y justifica la norma "como un propósito coyuntural de freno al crédito".
Aunque el gobierno niega esto, a los pocos días expidió el decreto 806 que introduce ajustes al polémico 673. Esa medida ha sido interpretada como un reversazo a la drasticidad del ajuste, pero no ha logrado apaciguar la controversia. Además, con los constantes viajes de Hommes fuera del país ha sido difícil limar las asperezas. Con todo y eso, lo que sí puede ser cierto es que "aunque los ajustes eviten una catástrofe en el caso de la construcción -dice Javier Fernández-, el asunto de fondo sigue siendo que se van a elevar sustancialmente las tasas de interés, pues va a aumentar la tasa de interés activa; va a aumentar el riesgo crediticio, y se va a ver especialmente golpeada la inversión tanto pública como privada". De todos modos, el desacuerdo persiste y la posición de los banqueros ante lo inevitable es clara: mientras Asobancaria exige la derogatoria de la medida, ANIF pide su aplazamiento.
Por lo pronto, el gobierno se defiende con la teoría de que las medidas están orientadas a que el sistema financiero se capitalice; los banqueros opinan con fundamento técnico que las normas reducen su actividad y limitan su crecimiento. Y mientras unos y otros pelean, el sector productivo, y especialmente las empresas que han afrontado procesos de reconversión industrial y de modernización, asumen con incertidumbre lo que podría ser un patinazo en la política de apertura que desde hace más de tres años proclama el gobierno.

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