Patos al agua

Una silenciosa revolucion ha venido sucediendo en el sector del agua potable y saneamiento en el país: varias ciudades han mejorado notoriamente su servicio con el ingreso de empresas privadas —desde gigantes multinacionales hasta pujantes y pequeñas firmas nacionales—. El esquema de participación privada

en este servicio vital, que comenzó en forma espontánea y poco regulada en la Costa Atlántica, está siendo ahora impulsado y organizado por el Ministerio de Desarrollo, con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial.

La gestión privada en el servicio del agua en el país empezó en octubre de 1993, cuando el Distrito de Cartagena liquidó la empresa de acueducto y abrió una licitación para crear una nueva compañía mixta que prestara el servicio. El concurso lo ganó Aguas de Barcelona. Se conformó entonces el consorcio Acuacar, integrado por la empresa española en asocio con el Distrito y algunos inversionistas locales, que recibió la concesión para operar el servicio durante 20 años.

Algo similar ocurrió en Barranquilla, donde el servicio antes era de pésima calidad. Hasta peces llegaron a salir de las tuberías en los tiempos en que el mal manejo de los políticos había llevado a las empresas públicas a una situación lamentable. En 1992 la empresa mixta Triple A empezó a prestar el servicio. Después, en 1995, cuando ya se había promulgado la ley 142 de servicios públicos que reguló el ingreso del sector privado al sector del agua, Aguas de Barcelona entró como socia del Distrito en Triple A y empezó a operar el servicio. Posteriormente la empresa española vendió sus acciones a inversionistas locales, que a su vez las vendieron a otro consorcio ibérico (Tecvasa), que está integrado por las compañías que administran los acueductos de Madrid y Valencia.

Desde que arrancó la Triple A los barranquilleros han visto mejorar ostensiblemente el servicio. Las quejas de los usuarios pasaron de 50.000 al año a sólo 1.000 y el número de hogares con medidor subió a más del doble. Ahora Triple A también es socia de Metroagua, el consorcio mixto que maneja el acueducto de Santa Marta, y también está administrando el mismo servicio en Santo Domingo en República Dominicana, en el estado de Zulia en Venezuela y en una municipalidad que está dentro del área urbana de Guayaquil en Ecuador.

Las capitales de la Costa fueron apenas las primeras en ensayar el esquema de participación privada en el servicio. Después hubo muchas otras. Vivendi, por ejemplo, que es la compañía más grande del mundo en el sector, opera a través de filiales los servicios en Tunja y Montería. Otra subsidiaria suya se ganó, en asocio con el grupo colombiano Fanalca, la licitación para rehabilitar, operar y mantener la planta de tratamiento de Tibitoc, que surte parte de Bogotá.

Otro jugador grande es Suez Lyonnaise Des Eaux, otra francesa que ha entrado a algunas ciudades como Girardot y Palmira, y además integra el consorcio Bogotana de Aguas, que construyó y está operando la planta de El Salitre, que limpia el 9 por ciento del caudal del fétido río Bogotá. Y hay otras firmas extranjeras en La Guajira y en Tuluá, como el grupo Hydros.

Pero en el mercado se ha asomado, así mismo, la competencia nacional con vigor. Es el caso de la empresa Conhydra, que comenzó operando los servicios de agua y alcantarillado de Marinilla y otros municipios vecinos de Antioquia, donde encuestas independientes ahora muestran un índice de satisfacción de 98 por ciento por parte de los usuarios. Esta compañía criolla compite de tú a tú con las grandes del mundo. Hace poco ganó la licitación para operar los servicios de Buenaventura en consorcio con Hidroestudios. Apenas llevan un mes en operación y ya se empezaron a ver los resultados. “Ya sistematizamos la información, con un software de gestión comercial que desarrollamos nosotros mismos”, dice Jorge Alberto Uribe, gerente de la empresa.

Las lecciones

En la mayoría de las ciudades donde se han ensayado los nuevos esquemas de prestación del servicio los resultados para los usuarios en términos de cobertura y calidad han sido excelentes (ver tabla de indicadores). Sin embargo también hay algunos riesgos. Un municipio puede firmar contratos de concesión en condiciones desventajosas y onerosas, como se ha denunciado que fue el caso de la planta del Salitre en Bogotá.

No obstante el resultado ha sido bueno en general. Hay que tener en cuenta que este modelo de prestación del servicio es nuevo en el país y los errores de las primeras concesiones han permitido mejorar las condiciones de las siguientes. Hacia adelante se debe procurar que haya la mayor inversión posible por parte de los privados. El programa que tiene el Ministerio de Desarrollo para los municipios que quieran recibir plata de la Nación para agua busca que éstos se sometan a unos procedimientos que garanticen la transparencia de los procesos de concesión. “Nos hemos propuesto desarrollar proyectos técnicos con contratos bien hechos, financieramente sostenibles, y con instituciones idóneas para sacarlos adelante”, dijo Carmiña Moreno, directora de agua potable del Ministerio.

A juzgar por la forma como han evolucionado la mayoría de los servicios donde ha entrado el sector privado, el esquema adoptado por el gobierno tiene el potencial de dar excelentes resultados. Ahora bien, quedan en el sector algunos cabos sueltos que es necesario amarrar en el corto plazo. Uno tiene que ver con el caos que existe en el cobro de tarifas de uso del agua por parte de las corporaciones autónomas. Cada una cobra la tarifa que cree conveniente y cuando cambian sus funcionarios el cobro también puede variar.

El segundo obstáculo para la participación privada es el riesgo regulatorio. Según una experta asesora en el tema, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) aún no ha desarrollado unas reglas de juego claras para el sector privado en todo país . Reconocen en el sector, eso sí, que los miembros de la CRA son independientes y técnicos, pero consideran que su modelo regulatorio no ha podido pasar aún del papel a la práctica.

De todos modos lo que se ha logrado avanzar ya es mucho. Los usuarios de Barranquilla, Cartagena, Tunja, Montería y otras ciudades, que suman millones de colombianos, cuentan hoy con un servicio de agua mucho más eficiente, que puede ser sostenido en el largo plazo, sin que ello implique que hayan tenido que pagar tarifas abusivas. Por eso, con algunos ajustes, es saludable para el país que más patos privados se sigan metiendo al negocio del agua.