PLATA A CHORROS

Con el crecimiento de la población mundial y la presión que ésta ejerce sobre los recursos naturales no es de extrañar que el agua se haya convertido en uno de los negocios más grandes del planeta. Según cálculos de la empresa norteamericana Enron, el sector del suministro de agua mueve anualmente cerca de 300.000 millones de dólares y sus perspectivas de crecimiento, particularmente en países en vías de desarrollo con poblaciones en aumento y bajos niveles de cobertura, son enormes. Según el Banco Mundial, entre 1995 y 2005 los países menos desarrollados tendrán que invertir cerca de 600.000 millones de dólares en sus sistemas de acueducto y alcantarillado para suplir las necesidades de sus habitantes.
Este colosal botín está atrayendo a una serie de empresas de diversas industrias y países a un sector que durante muchos años fue la 'niña fea' de los servicios públicos, relegada a un segundo plano por sectores más atractivos, como la electricidad y las telecomunicaciones (ver gráfica). Las dos compañías líderes a nivel mundial en el sector son las francesas Vivendi _anteriormente llamada Compagnie Générale des Eaux_ y Suez Lyonnaise des Eaux. Aunque Francia siempre se ha caracterizado por tener una economía bastante regulada y estatizada, en el siglo XIX decidió dejar que los municipios contrataran individualmente su servicio de agua. De esta manera se conformó un sector dinámico y competitivo que permitió a las empresas galas desarrollar fortalezas importantes en el negocio y comenzar a exportar su conocimiento y tecnología al resto del mundo. Hoy Vivendi y Suez Lyonnaise tienen una presencia importante en Europa, Asia, Africa y América, incluyendo Colombia, donde administran algunos acueductos y plantas de tratamiento de aguas.
No obstante Vivendi y Suez Lyonnaise están enfrentando cada vez más competencia en sus esfuerzos de expansión a nivel global. Por una parte las empresas de agua británicas, privatizadas por Margaret Thatcher en 1989, también han salido a buscar oportunidades más allá de sus fronteras. Sin embargo la mayor amenaza parece venir del lado de compañías de otros sectores de servicios públicos e infraestructura, como las norteamericanas Enron _cuyo negocio central es de energía y gas_ y Bechtel _la mayor constructora del mundo_. Y lo más probable es que empresas de este tipo sigan ingresando al sector. Después de todo ya la mayoría de los países han privatizado sus servicios de telefonía, electricidad y gas, por lo que el agua se ha erigido como la próxima frontera para inversionistas interesados en el potencial de crecimiento de los negocios de infraestructura en los países en desarrollo. Además tiene el atractivo de ser un sector con un número limitado de jugadores importantes.

Los gobiernos y el agua
En gran parte del mundo los gobiernos siguen siendo dueños de los sistemas de acueducto. no obstante, enfrentados a las abrumadoras cifras de inversión que requieren y a la falta de tecnología y capacidad para administrarlos, han comenzado a abrir las puertas a operadores privados, atraídos por la posibilidad de agregar valor considerable a compañías ineficientes, reparando las redes para reducir las pérdidas y facturando y cobrando más eficazmente. Pero esto no es nada sencillo. Después de todo mucha gente considera que el agua es un derecho natural y está acostumbrada a pagar tarifas bajísimas por este servicio. (Según cifras del Banco Mundial, los consumidores a nivel global pagan en promedio tarifas equivalentes al 35 por ciento de los costos reales de suministrar el servicio.) En estas condiciones el negocio no es rentable para ninguna empresa. Por lo tanto, la vinculación de un operador privado, bien sea a través de concesiones, alianzas estratégicas y privatizaciones, generalmente implica un aumento de tarifas significativo, el cual conlleva un costo político considerable. Además, como el agua es un monopolio natural por excelencia _pues instalar un sistema de tuberías adicional cuesta una fortuna_, privatizar un acueducto o entregarlo en concesión sin un marco regulatorio adecuado puede generar abusos por parte del operador en detrimento de los usuarios.
En Colombia, con la promulgación de la Ley de Servicios Públicos durante la administración Gaviria, se abrió la posibilidad de que empresas particulares prestaran el servicio de acueducto y alcantarillado, y hoy cerca del 15 por ciento de estas compañías son privadas o mixtas. Sin embargo el proceso no ha estado exento de controversia. En la Costa Atlántica, por ejemplo, donde la empresa española Aguas de Barcelona opera los acueductos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, a pesar de que todo el mundo reconoce que el servicio ha mejorado, muchos usuarios han protestado frente a los aumentos de tarifas y los gobiernos municipales se han quejado de que la empresa no ha invertido lo suficiente en la expansión de las redes. Y en general muchos municipios, agobiados por los problemas de sus empresas de acueducto, las han entregado a operadores privados en condiciones que no reconocen el valor real de la infraestructura y que no obligan a éstos a comprometerse a mejorar y expandir las redes.
Para el nuevo gobierno el tema del agua es prioritario, como lo refleja el peso que se le da en el plan de desarrollo presentado la semana pasada. Jaime Ruiz, director de Planeación Nacional y principal promotor de esta tesis dentro de la nueva administración, sostiene que los gobiernos anteriores dieron una gran prioridad a los temas de energía y comunicaciones y dejaron de lado el tema del agua potable, que es fundamental para la salud y el bienestar de los colombianos. Ruiz es consciente de la escasez de recursos a nivel del gobierno central y la falta de capacidad de gestión de muchos municipios. Por lo tanto, uno de los aspectos centrales del plan del gobierno _que tiene como objetivos centrales llevar los servicios de acueducto y alcantarillado a 3,5 y 4,4 millones de colombianos adicionales en 2002, mejorar la calidad del servicio y fortalecer a las entidades que lo prestan_ es utilizar los recursos técnicos de planeación para asesorar a los municipios en la evaluación de proyectos de concesión y privatización. El primer proyecto desarrollado bajo este marco es el de la concesión del servicio de acueducto de Montería, que pretende no solo limitar el compromiso de fondos del Estado sino también garantizar que el concesionario cumpla con ciertos objetivos de calidad y cubrimiento. La intención es replicar este modelo en otros municipios para mejorar la calidad del servicio y hacer rendir los recursos del Estado, que por esta época están para repartir a cuenta gotas.