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Huawei enfrenta a China y Estados unidos en un juego de espías

Huawei, segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes, está bajo la lupa de Washington, que lo acusa de espionaje y robo de secretos industriales. China dice que es una retaliación. Los gigantes se muestran los dientes.

2 de febrero de 2019

Mezclar negocios y política crea una fórmula explosiva que casi siempre tiene consecuencias nocivas para empresas y gobiernos. De eso puede dar fe Huawei, la poderosa compañía china de telecomunicaciones presente en 170 países. Hoy anda en el centro de una fuerte controversia internacional, acusada por delitos de espionaje, robo de propiedad intelectual y por violar el régimen las sanciones impuesto por Estados Unidos a Irán.

Los directivos de la firma niegan estas acusaciones. Y el Gobierno chino las atribuye a una suerte de manipulación enmarcada en la guerra comercial para frenar los avances tecnológicos de esta firma que hoy desarrolla el sistema 5G.

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El martes el fiscal encargado de Estados Unidos, Mathew Withaker y el director del FBI Christopher Wray leyeron los 23 cargos contra dos filiales de Huawei que involucran a su vicepresidenta financiera Meng Wanzhou (hija del fundador de la firma), detenida en Canadá desde el primero de diciembre y pedida en extradición.

Le hacen tres acusaciones centrales: espionaje, robo de secretos industriales y obstrucción a la justicia. Los cargos de espionaje se basan en la estrecha relación que los norteamericanos atribuyen a la empresa con el Gobierno chino, que en 2017 aprobó una ley que obliga a las compañías públicas o privadas a colaborar en temas de seguridad nacional.

Las suspicacias del FBI apuntan a casos de posible espionaje por medio de la infraestructura que instalan las empresas de Huawei en el mundo y de los teléfonos inteligentes que venden como pan caliente en África, Asia y Suramérica. Pero nada ha probado y hay quienes creen que se trata de una leyenda urbana.

Sin embargo, Australia y Nueva Zelanda han prohibido la tecnología Huawei de las futuras redes de comunicaciones 5G por sus preocupaciones sobre la seguridad nacional, según el diario Financial Times. Alemania también estaría estudiando tomar esa vía.

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Estados Unidos ha ido más lejos e incluso vetó en el pasado a la compañía china ZTE, proveedora de tecnología para telecomunicaciones. La firma tuvo que pagar el año anterior una millonaria multa en un proceso judicial, para seguir vendiendo sus productos y comprar insumos en ese país.

Para Huawei el peor escenario llegaría si se concretan los anuncios recientes de algunos congresistas que quieren aprobar una ley que prohiba a compañías estadounidenses venderles piezas y suministros a esta y otras compañías que infrinjan las leyes de su país, como ha advertido la revista The Economist.

El FBI sustenta el segundo cargo, por robo de secretos industriales, en una demanda que ya falló en 2017 la justicia estadounidense luego de que T-Mobile US se declaró víctima del robo de secretos industriales cometidos por un empleado de Huawei que participaba en una alianza de investigación y desarrollo.

El empleado robó información del sistema Tappy, una especie de dedo digital para hacer las pruebas de los teléfonos móviles antes de ponerlos en las vitrinas. El caso se cerró con una multa para Huawei pero sin pruebas que confirmaran que la empresa estaba involucrada. Pero se trata de un caso fallado y todo indica que las nuevas pruebas no serían contundentes.

Quizás la acusación más fuerte contra Huawei en estos momentos, que amenaza la libertad de su vicepresidenta financiera tiene que ver con la violación del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos a Irán. El FBI y el departamento de justicia insisten en que la compañía se habría dado mañas para seguir vendiendo tecnología a ese país por medio de una subsidiaria en Canadá.

Este tema sin embargo tendrá que quedar probado en el juicio que arranca a comienzos de marzo próximo contra Meng, quien ha rechazado las acusaciones.

Guerra de intereses

La lectura de los cargos contra Huawei coincidió con el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y China que buscan bajarle el tono a la guerra comercial que lanzó Donald Trump hace más de un año contra China.

Esto generó muchas suspicacias sobre los verdaderos intereses que se mueven detrás de la causa contra Huawei. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, salió al paso de los comentarios e insistió en que las acusaciones a la empresa no tienen nada que ver con las negociaciones comerciales que se están desarollando.

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Los equipos de Washington y Beijing se reunieron dos días pero el jueves se retiraron sin grandes avances. Y en el ambiente quedó la sensación de que con este episodio el gobierno de Trump estaba enviando una señal muy poderosa: habrá presión hasta lograr un mayor equilibrio en las relaciones comerciales.

La preocupación del Gobierno Trump va más allá del mero intercambio de mercancías, ampliamente favorable a China. Se extiende a la importancia que esta nación ha ganado en materia empresarial, tecnológica y de investigación y desarrollo.

En los últimos cinco años Huawei se convirtió en una de las empresas más prósperas del sector. Fundada en 1987 por Ren Zhengfei, un exoficial del Ejército chino, hoy es una de las más poderosas compañías de ese país: cuenta con 180.000 empleados alrededor del mundo, sus ventas habrían superado los 109.000 millones de dólares y sus inversiones en investigación y desarrollo, que este año superarán los 14.000 millones de dólares, la tienen a la vanguardia en una de las tecnologías más promisorias: el 5G. Se trata de resultados nada despreciables para una compañía que hasta 2013 pocos conocían en el hemisferio occidental.

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Globalmente la marca ha obtenido su mayor reconocimiento por su división de teléfonos inteligentes, pues el año pasado vendió más de 200 millones de unidades, por encima de iPhone. Pero la unidad de infraestructura para telecomunicaciones es su mayor generadora de ingresos.

Asociar las acusaciones contra Huawei en momentos de alta tensión con la guerra comercial no sorprende a nadie. Sin embargo, resulta una señal preocupante de hasta dónde puede llegar un Gobierno para defender sus intereses comerciales.