Algo mágico está pasando con los precios en los almacenes colombianos. En el camino que va de los estantes a la caja, cucharas, ollas y blusas... ¡cambian de precio! La cifra con la que se anuncian las mercancias, es siempre inferior a la que después aparece en las facturas. Y las caras perplejas de los compradores son sólo superadas, en lo que a efectos dramáticos se refiere, por el abra cadabra del dependiente que dice: "es el impuesto al valor agregado, señora". Todo queda dicho, pero lo unico claro es que la olla a presión ya no vale $ 5.000 sino $ 5.500. ¡Abur!
Se trata del primer efecto visible de la reforma al Impuesto a las Ventas que ha entrado ya en funcionamiento. Y que consiste básicamente en que, de ahora en adelante, los productos estarán gravados desde que aparece la vaca, hasta que sale el zapato de la tienda.
Hasta antes de que entrara en vigencia la actual reforma, el impuesto a las ventas era ya un impuesto al valor agregado, pero gravaba solamente las etapas de producción previas a la comercialización del producto, salvo muy contadas excepciones. Es decir, que hasta llegar a la manufactura, los distintos productores eran gravados con base en el valor que su trabajo agregaba a las mercancias. De esta forma, la mayor parte del comercio se libraba de pagar el impuesto, con la excepción solamente de los comerciantes de bienes importados y de los mayoristas que eran a la vez manufactureros. La novedad que introduce la reforma, y la gran culpable de la sorpresa, es simplemente la extensión de esta forma de impuesto, hasta cobijar a todo el comercio incluidos los vendedores al detal.
A juicio de los expertos, hacia ya tiempo que era necesario reformar este impuesto y permitirle al fisco un mayor recaudo, más aún cuando la recesión mundial y la caída de las reservas golpean tan duramente las arcas. Lo que ahora se pregunta la nación, es si el remedio aplicado es el más adecuado, o si se están tapando los huecos del fisco a riesgo de abrir fosos en otro lado.
Para empezar, los analistas consideran poco prudente la inclusión de todos lo minoristas en el alcance del impuesto, y temen que ésta se constituya en una nueva puerta a la evasión. En segundo lugar, hay gran preocupación con respecto a los posibles efectos recesivos que pueda tener el impuesto.
El gobiernó, por su parte, confía en el autocontrol que este tipo de gravámen impone, ya que la única forma de no pagar más de un impuesto, consiste en la presentación de las facturas de compras para el descuento. Y esto es cierto si se trata de no pagar sino una vez. Pero si el vendedor decide que es mejor no pagar ninguna, ocultará ventas y procurará que sus abastecedores no declaren sus compras, con lo que se iniciaría una, muy difícil de frenar, "cadena de evasión" hacía atrás. Tratando de rescatar al fisco, el gobierno puede terminar echándole más leña a la candela que hoy lo quema.
Por otro lado, al presionar sobre el alza de precios, el impuesto golpea necesariamente las posibilidades de recuperación de la industria. Si el gobierno no está preparado para incrementar suficientemente la inversión pública, (y muchos, entre ellos los economistas de Fedesarrollo, dudan que lo esté) el efecto recesivo, puede resultar a la postre bien costoso. Por esto, para muchos, se trata de un momento muy poco afortunado para imponer la reforma.
Finalmente, como todo impuesto fácilmente transmitible al consumidor, el actual impuesto a las ventas puede acabar, eventualmente, castigando con más rigor a las clases de menores ingresos, y agravando con ello la problemática social actual. Aunque el gobierno ha sido cuidadoso en no afectar mayormente la canasta familiar popular (un 90% de los artículos que la integran no han sido gravados) no es fácil preveer el impacto real sobre ella, y hay quienes se muestran reservados al respecto.
Por el momento sólo cabe aguardar, e irse acostumbrando a que los precios de las etiquetas de las mercancias no volverán a ser iguales a las sumas que finalmente habrán de salir de la billetera.