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Reforma tributaria: ¿la hora de generalizar el IVA?

Los enormes gastos asociados a enfrentar la pandemia de COVID-19 han puesto a todos los gobiernos contra las cuerdas. Colombia no es la excepción. Por eso ya se empieza a hablar de la necesidad de una nueva reforma tributaria.


El golpe para las finanzas públicas viene por muchos lados. El primero de ellos son las erogaciones generadas por el fortalecimiento de los programas sociales que hoy existen en Colombia como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Cabe recordar que allí también se encuentra el programa de devolución de IVA, los pagos adicionales para Colombia Mayor y el nuevo programa de Ingreso Solidario.

A esto hay que sumarle los costos propios de combatir la pandemia y evitar su propagación. Aunque no hay todavía una estimación sobre el costo fiscal total de todas estas medidas, el dato más cercano que se tiene es el de $14,8 billones que es lo que vale el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) que se viene nutriendo de recursos de todos los orígenes, pero principalmente de deudas que se adquieren o bien con otros sistemas (como el de regalías) o bien con otras instituciones que han sido descapitalizadas o de las que se han tomado dineros adicionales.

Así que combatir el coronavirus, en el menos peor de los casos nos va a costas 1,5% del PIB desde una perspectiva fiscal. Al menos esos son los recursos que tendrán que buscarse para financiar esas erogaciones. A esto habría que sumarle el impacto por el menor recaudo tributario que se origine por cuenta de la parálisis económica.

Por esta razón es que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó sin ambages que es necesario empezar a discutir una nueva reforma tributaria, porque el covid-19 barajó de nuevo el juego fiscal de este y los próximos años, más teniendo en cuenta que la estrategia de mayor endeudamiento también tiene sus límites.

De prosperar el debate, el Gobierno tendría que llevar al Congreso de la República una iniciativa tributaria. La idea de decretar impuestos solo tendría sentido para lograr algunos recursos coyunturales, pero no para la solución estructural. Cabe recordar que la administración del presidente Andrés Pastrana decretó el dos por mil (que luego terminaría convertido en el cuatro por mil) en medio de una emergencia económica, pero la Corte Constitucional lo tumbó y por eso tuvo que darse el debate legislativo corriente.

El asunto es que, si el Gobierno se decide por presentar la reforma, tiene muy pocas opciones. La primera es presentar una "contrarreforma" que implicaría volver al esquema tributario anterior al vigente, donde las tarifas de renta para las empresas eran más altas.

Sin embargo, esta opción va en contravía de la idea que tiene el ministro Carrasquilla sobre los niveles de tributación de las empresas. Aumentar nuevamente dichos niveles podría echar al traste cualquier posibilidad de pronta recuperación, pues el sector privado ha sentido duro el golpe por la parada súbita del aparato productivo.

Paradójicamente, la otra opción que tiene el Ministro es revivir la reforma tributaria que en 2018 le trajo tanta polémica. El contenido principal de esa propuesta era la generalización del IVA.

Actualmente, por cuenta de la complejidad de la normativa sobre el IVA (que incluye varias tarifas y muchos productos exentos o excluidos del gravamen), la fiscalización es mucho más compleja e implica unos elevados niveles de evasión. Distintos expertos han estimado la evasión de IVA entre $14 billones y $20 billones.

Hay un argumento a favor de quienes consideran que ahora mismo podría reabrirse la discusión sobre generalizar el IVA: el gobierno nacional ya inició la devolución de este impuesto para los niveles de ingreso más bajos de la población. De esta manera se les podría compensar lo que paguen por un mayor nivel de IVA al gravar el resto de los productos hoy exentos o excluidos.

Además, es claro que las exclusiones en IVA generan un problema desde el punto de vista de la técnica tributaria, pues los insumos utilizados para producirlos quedan gravados, lo que termina convirtiéndose en un costo para el consumidor. Con el IVA generalizado, habría mayor transparencia en los costos de los empresarios y su nivel de tributación.

Obviamente, el debate está en que el impacto de la generalización del IVA caería directamente sobre la clase media, que en la actual coyuntura también ha sido la más afectada.

Sin lugar a dudas el país no la tiene para nada fácil desde una perspectiva de la situación fiscal. Los mayores costos originados por la emergencia tienen que ser cubiertos con recursos frescos. Ese es un debate que va a tener lugar muy pronto, cuando el país empiece a volver a la normalidad y advierta el tamaño del hueco en las finanzas públicas por cuenta no solo de los mayores gastos, sino de los menores recaudos que genere la parálisis económica.