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POR FIN JUNTAS

LA FUSION DE CORPAVI Y COLPATRIA PARECE ESTAR LLEGANDO AL FINAL DE UN CAMINO LARGO Y TORTUOSO.

29 de julio de 1996

Cuando en 1994 la privatización de Corpavi arrancó al interior del gobierno de turno fervorosos aplausos, pocos se imaginaban lo que estaba por venir. Sólo bondades saltaban a la vista: el grupo Colpatria había comprado el 51 por ciento de la entidad, la cual aspiraba a fusionar con su corporación de ahorro vivienda para comenzar a jugar en las grandes ligas del mercado del hipotecario. También se había conseguido el propósito de democratizar los bienes del Estado, pues el 44 por ciento de Corpavi había quedado en manos del sector cooperativo. Y como si esto fuera poco, la administración nacional se había metido al bolsillo la nada despreciable suma de 67.000 millones de pesos. Pero los elogios pronto quedaron atrás, pues si por algo se ha caracterizado la fusión de Corpavi y Colpatria es por haber sido uno de los procesos más accidentados que ha vivido el país en su historia financiera. Todo empezó en abril de 1994 cuando el gobierno puso a la venta la Corporación de Ahorro y Vivienda -Corpavi-. Para cumplir con el mandato constitucional de democratizar las empresas del Estado, la primera opción de compra la tuvieron las organizaciones del sector solidario. Trescientas cooperativas suscribieron un fideicomiso con Fidubancoop para medírsele al negocio con el propósito de tener una corporación de ahorro y vivienda. Pero las cosas no salieron como ellos esperaban, pues sólo pudieron adquirir el 37 por ciento de las acciones de la entidad, cada una a un precio de 789 pesos. Los representantes del sector solidario argumentan que ese descalabro obedeció a que las reglas de juego impuestas por el gobierno eran muy desfavorables: cada cooperativa sólo podía adquirir una participación equivalente a 150 millones de pesos y el sector no alcanzó a agrupar a las suficientes entidades en los 45 días que tenía para planear su oferta. El sector solidario llegó al martillo público del resto de las acciones con la intención de hacerse por lo menos al 51 por ciento de la corporación. Sin embargo en esa oportunidad los cooperativos tampoco lograron su propósito, pues su oferta fue superada ampliamente por aquella realizada por el grupo Colpatria, que pagó 1.243 pesos por acción y se quedó con el 51 por ciento. Convertirse en accionista mayoritario era fundamental para las aspiraciones de ese conglomerado financiero, que quería fusionar su corporación de ahorro y vivienda con Corpavi para ganar participación en el mercado. Pero si por los lados de Colpatria había razones para celebrar, en la orilla de los solidarios sólo había caras largas, pues al final sólo pudieron quedarse con el 44 por ciento de Corpavi. De esta manera el azar de los negocios había unido a dos socios disímiles que, tras el martillo, debían iniciar una vida juntos. Luego de analizar todas las alternativas posibles, Fidubancoop admitió que el único camino que le quedaba, en su condición de socio minoritario, era aceptar la propuesta de Colpatria y adelantar la fusión. La armonía que hasta entonces había reinado entre las partes se rompió cuando comenzaron a hablar de plata. A finales del año pasado el sector cooperativo aceptó la relación de intercambio sugerida por la firma Estructuras Financieras, la cual indicaba que la participación de este grupo en el nuevo Upac Colpatria sería del 17,6 por ciento. Sin embargo, en el último momento, Fidubancoop se arrepintió de la operación argumentando que Colpatria había adquirido sus acciones a un precio excesivamente alto y que ello generaba una deuda inaceptable para todos los eventuales socios de una fusión. Según Lubin Linares, "el sector cooperativo temió que fuera a terminar asumiendo la alta prima que Colpatria había pagado por hacerse a la mayoría de la corporación". Las conversaciones entre ambas partes se reanudaron un par de meses después, pero pronto volvieron a frustrarse por una propuesta que puso sobre la mesa el sector solidario. En ésta los cooperativos pretendían acceder al 33 por ciento de las acciones de la fusión o vender su parte por 43.000 millones de pesos. La iniciativa le pareció inaceptable a su contraparte. El presidente de Colpatria, Tulio Angel, señala al respecto: "Ese precio equivale al que ellos pagaron por las acciones más los intereses comerciales cursados hasta la fecha. El negocio de acciones es un negocio de riesgo, y las acciones se han desvalorizado". Colpatria decidió entonces adelantar la unión por la vía jurídica. Con esa determinación llevó la propuesta de fusión a la asamblea ordinaria del 28 de marzo de este año. Un observador independiente relató lo sucedido a SEMANA: "Ese día la asamblea empezó a las 10:05. El orden del día se agotó en 15 minutos. Luego se votó la fusión que estaba prevista en el punto de varios. El señor Lubin Linares aún no había llegado". La versión del sector cooperativo sobre los hechos es diferente: ellos insisten en que Colpatria desconoció a Linares como representante legal de la entidad y consignó en las actas que no estaba presente. Ante la aprobación de la fusión, el sector cooperativo ha recurrido a los argumentos jurídicos para impedir que la operación se lleve a cabo. De una parte, pidió la nulidad de la asamblea general, argumentado que en ésta se desconoció la representatividad de Linares. De otro lado, presentó dos recursos ante la Superintendencia Bancaria en los que sostiene que el plazo que tenía Colpatria para realizar la fusión ya se cumplió y que las tres firmas de banca de inversión, escogidas para realizar la valoración de las participaciones, no eran idóneas e independientes. La Superbancaria negó a principios de junio los dos recursos, despejando de esa manera el camino para la operación. Sin embargo Lubin Linares asegura que la decisión sobre estos temas es de orden jurisdiccional y no administrativo, por lo que desconoce la decisión de la Super. La suerte del proceso comenzará a dilucidarse esta semana cuando la firma Inverlink, seleccionada para hacer la valoración de las participaciones, entregue a la Superbancaria los resultados de su estudio, con base en el cual la entidad gubernamental entraría a fallar sobre la conveniencia de la fusión. Si hay luz verde, la unión de las dos entidades se iniciaría en la segunda semana de julio. No obstante, el sector solidario se mantiene en su posición de que el proceso ha tenido deficiencias jurídicas y espera negociar con Colpatria una mejor participación que la que indique Inverlink. De cualquier manera, lo cierto es que este tortuoso proceso de fusión ya superó la mayoría de los obstáculos que encontró en su camino y la luz al final del túnel ya está cerca.