¿Por qué es buena idea que las empresas también compren vacunas contra el coronavirus?

Desde que el Gobierno publicó para comentarios en internet el borrador de decreto que reglamenta el Plan Nacional de Vacunación, muchos han expresado sus críticas, reparos o incluso su apoyo a esta iniciativa.

Se trata de uno de los programas más ambiciosos del gobierno para inmunizar a la población contra la covid-10 y lograr que llegue pronto la anhelada reactivación de la economía.

Entre los temas allí contemplados, quizás uno de los que más polémica ha generado tiene que ver con el papel que tendrá el sector privado en el propósito de garantizar el abastecimiento de las vacunas. Algunos han interpretado que, al menos en la primera fase, para la cual el Ejecutivo ha asegurado 29 millones de vacunas, los privados no tendrán participación.

Eso ha generado preocupación en algunos sectores que consideran que la participación de empresas en la compra de vacunas podría afectar la disponibilidad para los gobiernos. Sin embargo, algunos empresarios defienden la idea de que los privados también puedan poner su granito de arena, incluso en esta primera fase. No solo en la segunda, como está previsto en el proyecto de decreto.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, es uno de ellos. Asegura que el Plan Nacional de Vacunación está muy bien pensado y diseñado, pero a la pregunta de si debe permitirse que las empresas puedan comprar vacunas para sus empleados, su respuesta es un sí rotundo.

En la hoja de ruta esto no está contemplado. “Esa es una limitación innecesaria”, dice Mac Master, y sostiene que si los empresarios pueden comprar vacunas, ya sea en esta primera fase o en la segunda, lo cual implicaría aunar esfuerzos y ayudar a que la inmunización se dé de una manera más rápida, que es el propósito central.

Entre las ventajas de que el sector privado apoye el proceso y compre vacunas, el dirigente gremial destaca que ampliaría el número de personas que podrían inmunizarse, incluso siguiendo los mismos protocolos del Gobierno de empezar dando prioridad a los mayores o los que tienen comorbilidades.

Esto permitiría que el sector productivo tuviera mayor certeza en sus procesos, y al mismo tiempo, generaría confianza entre los distintos públicos que hacen parte de sus negocios.

“Si una persona ya se vacunó, porque su empresa compró las dosis, ya el sistema colombiano no tiene que hacerlo. Esto puede bajar la presión que tiene el Ejecutivo de conseguir la plata y vacunar a ese colombiano, y lo más importante es que no le están quitando la vacuna a otro colombiano”, asegura Mac Master.

Incluso, va más allá y asegura que podrían aplicarse algunos mecanismos solidarios que beneficien no solo a los empleados de las empresas y a sus familias, sino también a otros colombianos.

Plantea que uno de estos podría ser que el Gobierno les exija a las empresas que al número de vacunas que ellos compren para sus empleados, se sume una cifra igual que sería donada al para aplicarlas en población vulnerable o la que dispongan las autoridades.

Otra opción sería que las empresas compraran vacunas no solo para sus empleados directos, sino también para las familias de sus empleados, ya que harían una inmunización mucho más completa en el entorno de sus unidades productivas.

Adicionalmente, Mac Master plantea que algunas firmas -con operaciones por fuera de las grandes ciudades, o las ubicadas en territorios lejanos (mineras, petroleras)- podrían apoyar al Gobierno con la inmunización de esas población ubicadas en sus inmediaciones, pues así lograrían bajarle presión a la logística que debe desarrollar el gobierno para llegar a las regiones más apartadas del país.

“El tema de fondo es cómo proteger la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo proteger el aparato productivo y la población productiva. Si por ejemplo la gente del sector hotelero puede vacunar a su gente ya, que no está en las prioridades, pero si tiene empleados expuestos, eso permitiría reactivar mucho más rápido esta actividad”, apunta el presidente de la Andi.

Eso sí, señala que en estos procesos deben participar tanto el sector privado como las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) y las EPS (Entidades Promotoras de Salud) porque la idea es que sean procesos ordenados y que lleven un seguimiento adecuado.

Proteger el aparato productivo, la economía y la salud es una prioridad en este momento. Y los empresarios considera que el gobierno podría delegarles parte de la tarea (junto a las ARL y las EPS) para que el proceso de vacunación no implique desplazar la labor que hace el gobierno, sino más bien, complementarla.