El presidente Solís insiste en que Costa Rica vive una "emergencia fiscal"

"Estamos hablando de una emergencia fiscal. No puedo estar satisfecho (con los resultados económicos de 2015) si no sumamente alarmado. Esto no es un invento, esto tiene que ver con el país y el crecimiento económico a mediano y largo plazo", expresó Solís en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

El gobernante dijo que este es un problema que debe ser resuelto por el Gobierno, el Congreso y los ciudadanos, pues si no se hace, el déficit será "inmanejable" para el próximo Gobierno que ejercerá en el periodo 2018-2022.

"Es responsabilidad de todos: del Gobierno, que ha dado pruebas de su voluntad por recortar el gasto; de la Asamblea Legislativa, que deberá aprobar leyes necesarias para que se reduzca el déficit, y de la ciudadanía, que va a pagar esos impuestos", expresó.

El año pasado, el Gobierno envió al Congreso proyectos de ley que buscan combatir la evasión, reducir el gasto y aumentar los ingresos.

Las principales iniciativas para incrementar los ingresos son una que busca introducir la renta global y otro que pretende convertir el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) del 15 %, que ampliará la base de productos y servicios por gravar.

"No podemos seguir con una de las cargas fiscales más bajas de América Latina", declaró Solís al abogar porque los proyectos de ley se aprueben en el primer semestre de 2016.

El mandatario comentó que el Gobierno tiene la responsabilidad de invertir más en áreas como la infraestructura y también de redistribuir la riqueza, ya que esta "se ha concentrado de manera escandalosa en los últimos diez años".

El pasado martes, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Olivier Castro, presentó el programa macroeconómico 2016-2017 y calificó el déficit fiscal como el "talón de aquiles" de la economía del país, pues en 2015 se estima que cerrará en un 5,9 % del PIB.

Si no se introducen reformas fiscales, la proyección del BCCR es que el déficit alcanzará el 6,2 % del PIB en 2016 y el 7 % en 2017.

Los proyectos de ley que se estudian en el Congreso enfrentan el rechazo de partidos de oposición y sectores empresariales que exigen recortes en el gasto público antes de que se aprueben nuevos impuestos.

Esa exigencia es señalada por los sindicatos como un ataque al empleo público y además aseguran que los nuevos impuestos afectarán más a la clase media y baja.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), uno de los principales sindicatos del país, aseguró el pasado miércoles que el disparador del déficit no es el gasto público, sino la evasión, que según sus datos, alcanza el 8 % del PIB.