Procurador pidió al Gobierno transparencia en rescate de Avianca

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en carta al presidente Iván Duque, pidió que el financiamiento de hasta US$370 millones para poner en marcha un plan de salvamento de la aerolínea panameña Avianca se adelante con toda la transparencia y de cara al país.

También pidió que el Ejecutivo explique a los ciudadanos las acciones que piensan desplegar para evitar los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.

En la misiva, el jefe del Ministerio Público planteó 18 interrogantes dirigidos a explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con operaciones a lo largo del continente americano y deudas del orden de los U$5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el Gobierno. 

Precisó, además, que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público nacional en el país.

“Surgen de allí varios interrogantes: ¿fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el Gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así, ¿por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el Gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.

E insistió: “¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del Gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado? ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos —nacional o extrajera—? ¿Qué incidencia fiscal tendrán? ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el Gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser? ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?”.

Carrillo sostuvo que, ante las graves consecuencias que deja la emergencia sanitaria por la covid-19, la decisión del Gobierno de adelantar un plan de salvamento para Avianca, que debió contemplar todas las opciones disponibles, debe estar encaminada exclusivamente al interés nacional de evitar trastornos en la prestación del servicio aéreo, asegurando su continuidad y la seguridad de los usuarios.

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Carrillo Flórez advirtió sobre la necesidad de que el país conozca cómo se protege la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca, actualmente en proceso de reorganización, teniendo en cuenta que no existe sustento para imponerles a los accionistas el deber de comprar la participación del Estado en un plazo corto, ni la de ceder el control de la empresa a un accionista mayoritario capaz de gestionarla adecuadamente.

El procurador manifestó que Avianca no es una aerolínea que presta servicios exclusivamente en Colombia, por lo que emprender un plan de salvamento sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de su continuidad puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado, si se tiene en cuenta, adicionalmente, que esos gobiernos cuentan con programas de apoyo al sector aeronáutico durante la pandemia.

“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente y se convertirá posiblemente en la primera de varias operaciones similares, consumiendo recursos escasos que el tejido empresarial del país podría haber aprovechado con mayor probabilidad para salvar puestos de trabajo y crear capacidad de generación de ingresos, en ese o en otro sector de interés general".

El procurador reiteró que el país ya ha conocido historias similares en las que se comprometieron recursos públicos y, cuando los costos aumentaron y los dineros resultaron insuficientes, la Nación se vio obligada a comprometerse nuevamente para no perder lo ya invertido, por lo que "es perentorio que el Gobierno defina con certeza si asumirá o no compromisos adicionales" y se comprometa a revelar al país los resultados de la Reunión de Acreedores de Avianca, prevista para el 21 de septiembre, donde de definirá el futuro de la empresa y la destinación de la financiación que hará Colombia.

“En todo caso, el Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad, continuará dando seguimiento cercano al desarrollo de los hechos y alertando sobre situaciones o conductas que puedan poner en entredicho el deber del Gobierno de actuar con transparencia absoluta en la inversión de los recursos de todos los colombianos”, puntualizó.

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