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| 10/5/1992 12:00:00 AM

PROYECTO UN GOLPE BAJO

Cuando parecían ir disparadas, un proyecto de ley del gobierno compromete el crecimiento de las compañías de leasing

PROYECTO UN GOLPE BAJO PROYECTO UN GOLPE BAJO
El NEGOCIO DEL LEASING ha venido desarrollándose en Colombia desde principios de la década de los 80 y a pesar de ser un sistema de financiación relativamente costoso ha tenido un crecimiento sustancial en los últimos años. Al punto, que a 30 de junio de 1992, los activos entregados en leasing ascendían a 288 mil millones de pesos, existían 15.000 contratos y el patrimonio de las 45 empresas autorizadas para operar en Colombia alcanzaba los 48.000 millones de pesos.
Y eso apesar de que el mayor reparo que se ha tenido contra el leasing en Colombia es su alto costo, que en esencia ha tenido origen en dos razones: la doble intermediación financiera y la doble tributación. Esta última, que consistía en el doble pago de IVA que tenía que hacer el usuario tanto por la compra del activo a la compañía de leasing como por los cánones mensuales correspondientes al uso del activo, se desmontó con la reforma tributaria, que acabó con la obligación de pagar el IVA correspondiente a los cánones.
El único obstáculo, entonces, que tienen todavía las sociedades de leasing para reducir sus costos y garantizar su crecimiento sostenido y de largo plazo es la doble intermediación.
La alternativa que permitiría superar ese problema, consiste en poder llegar a captar recursos directamente del público para evitar así el doble margen de intermediación que tiene esta modalidad financiera hoy en día: el de la entidad financiera que capta del público y le presta a la leasing y el de esta última al transformar esos recursos en activos productivos para el usuario del sistema. Esa posibilidad, sin embargo, está en peligro de no llegar a presentarse nunca.
El Gobierno Nacional acaba de someter a la consideración del Congreso un proyecto de ley mediante el cual regula la actividad financiera y la captación de ahorro del público. Y dentro del articulado hay una norma que establece que en adelante la vigilancia de las sociedades de leasing, de factoring y de los almacenes generales de depósito, no la hará la Superintendencia Bancaria sino las superintendencias de sociedades y de valores. La razón aparente para ello es que esas sociedades no captan ahorro directamente del público. Sin embargo, lo que parece ser la razón de fondo es la imposibilidad de la Superintendencia Bancaria de vigilar y controlar eficientemente un número tan grande de sociedades.
Lo grave de esta medida, independientemente de que se considere buena o mala, es la falta de continuidad que marca. Las compañías de leasing estuvieron sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades hasta 1989, en que por cuenta de una ley promovida por el gobierno del presidente Barco, se les trasladó a la Superintendencia Bancaria, como parte del paquete de medidas para abrir el sector financiero colombiano a la inversión extranjera. En el Estatuto Financiero promulgado el año pasado por la administración Gaviria se incluyeron estas compañías como entidades de servicios financieros dentro de la nueva definición global del sector. Y ahora, sin que hayan transcurrido 18 meses desde la entrada en vigor del Estatuto, se pretende echar marcha atrás. Un nuevo cambio de vigilancia introduciría un factor de incertidumbre a la industria que debilitaría las posibilidades de desarrollo acelerado del sector.
El nuevo cambio constituiría también un sobrecosto para el Estado. No sólo porque se perdería parte del esfuerzo de control ya realizado por la Superintendencia Bancaria y de la disciplina administrativa y de evaluación del riesgo, sino porque al estar la mayoría de las compañías de leasing vinculadas a entidades financieras -que están todas sometidas a la vigilancia de la máxima rectora del sector bancario- es mucho más efectivo para el Estado tener centralizado el control tanto de la sociedad matriz como de la subordinada en una sola unidad administrativa. De otra parte, la vigilancia de las filiales por parte de la Superintendencia Bancaria permite prevenir eventuales crisis de liquidez o resultados que pudieran afectar negativamente a las matrices. La decisión tampoco parece lógica si se considera que el negocio de leasing es por esencia financiero. Estas compañías transforman el dinero captado, bien sea directa o indirectamente del público, en bienes de capital que son utilizados en el proceso productivo. Como el plazo al que prestan es mayor que aquel al que captan también realizan úna labor de transformación del plazo. Es decir, que estas compañías presentan los elementos esenciales de la intermediación, así en Colombia no les esté permitido todavía obtener sus recursos del público de manera directa.
En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno, se plantea la necesidad de "profundizar la especialización de la Superintendencia Bancaria, restándole ciertas responsabilidades que pueden dispersar su actividad, y que no se justifican por abarcar entidades que no manejan recursos captados del público ". Sin embargo, la vigilancia de la Superintendencia Bancaria se ejerce en la actualidad - y se seguiría ejerciendo si el proyecto se convierte en ley- sobre otras entidades que no captan ahorro del público de manera directa y cuyas actividades son más de medio que de resutaldo, como las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones.
Con la decisión de hacer imposible la captación directa de ahorro del público, Colombia se estaría alejando a las sociedades de leasing del patrón prevaleciente en la mayoría de los países latinoamericanos, donde estas sociedades son vigiladas por la correspondiente superintendencia de bancos y tienen acceso a diversas formas de captación del público.
Ante el reto que impone la apertura económica y las necesidades de reconversión industrial que ello implica, este puede ser un instrumento muy efectivo de modernización del parque industrial colombiano. Y más aún si se considera que los estimativos del costo de esa reconversión son del orden de 5.000 millones de dólares. Otra razón para mantener la vigilancia como está, es que ahora que se habla de la posibilidad de titularizar créditos a través de sociedades fiduciarias para que se conviertan en valores negociables en bolsa que aumenten la oferta, los contratos de leasing podrían ser un instrumento bastante idóneo. Pero en la medida en que ello implique comprometer la confianza del público es muy importante que la entidad donde el título se origina esté vigilada por la Superintendencia Bancaria.

EDICIÓN 1879

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