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DECRETO

Punto para los trabajadores

Se acaba la intermediación laboral que hacían las Cooperativas de Trabajo Asociado. Se legalizarán unos 300.000 empleos.

18 de junio de 2011

El decreto que pone en cintura la operación de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) es ya una realidad. Aunque Colombia actuó por la exigencia que hizo Estados Unidos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) -lo que suena antipático-, no hay que desconocer que se trata de una muy buena noticia para la clase trabajadora. Ahora, como toda ley, lo importante es que se aplique y se cumpla.

Con la entrada en vigencia de la norma, el gobierno calcula que se podrán formalizar al menos 300.000 empleos. Las empresas que trabajan bajo esta modalidad de contratación ahora deberán vincular a la nómina a estos trabajadores y tendrán que pagarles con todas las de la ley. El viceministro de Relaciones Laborales, Ricardo Echeverri, señaló que ahora ninguna cooperativa podrá hacer intermediación laboral ni las empresas podrán usar este mecanismo para contratar. Las sanciones son altas para los que incumplan: van desde 1.000 a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (hasta 2.670 millones de pesos), de acuerdo con el tamaño de la cooperativa, es decir, mientras más trabajadores asociados, mayor será la multa y el riesgo de liquidación.

Ya varias empresas se están ajustando a la nueva norma. Carrefour y Éxito, que contrataban empacadores a través de este modelo, hicieron la conversión. La primera vinculó a la nómina a 600 empleados, lo que le representará costos adicionales por 5.000 millones de pesos anuales. Éxito vinculó directamente a 2.500 empacadores, dentro de un plan que incluye la contratación directa de 6.250 empleados este año. Esto implicará al Éxito 70.000 millones de pesos anuales.

Los grandes beneficiados con la medida son los trabajadores de la caña. El sector vincula a unas 180.000 personas de manera directa e indirecta en toda su cadena. "El sector azucarero tiene claro que el cumplimiento de la ley en todas las formas legales de contratación es un imperativo que no solo lo demanda el Plan de Acción para el TLC, sino el Estado y la sociedad colombiana", dice Asocaña. Los ingenios actualmente trabajan con 84 cooperativas de trabajo asociado especializadas en la actividad de corte manual de caña de azúcar. Es claro que no todas violan la ley.

Según la industria azucarera, en la contratación directa de los ingenios siempre se respetan las normas laborales, y en cuanto a las cooperativas que prestan servicios como contratistas se verificará que cumplan con los estándares laborales. Si hay cooperativas que no se ajustan, los ingenios asumirán directamente la contratación. Por el momento no hay una cifra de cuántos se vincularán.

El cultivo de palma en Colombia emplea al menos a 65.000 trabajadores contratados, en su mayoría, a través de cooperativas. Se estima que un alto porcentaje de estos debería ser vinculado directamente por las empresas.

Ahora, lo importante en todos los casos es que no le pongan conejo a la norma. Como dice Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General del Trabajo (CGT), en esta labor serán claves los cien inspectores nombrados para vigilar y señalar a las que incumplan con el decreto.

Lo que ha faltado precisamente ha sido control. Este esquema de vinculación laboral había estado en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo, pues se venía prestando para que los empleadores encontraran no solo mano de obra barata, sino que pudieran evadir el pago de aportes parafiscales, seguridad social, salud, pensión y las demás obligaciones legales a las que tiene derecho un empleado en Colombia.

Aunque el modelo ha existido casi desde la creación del cooperativismo, las CTA empezaron su auge desde 2002 y han sido la práctica de contratación preferida en la salud pública y privada, en las plantaciones de caña azucarera y de palma africana, en las grandes superficies, en hotelería, puertos, confecciones, la industria de alimentos y bebidas, así como en la minería y la explotación de hidrocarburos, las telecomunicaciones y la construcción. Según cifras de Confecoop, en el país funcionan 4.307 cooperativas de este tipo.

Erradicar esta modalidad de contratación será un gran paso para el mercado laboral del país. Si bien es cierto que subirán los costos nominales en las empresas, es un asunto de justicia con los trabajadores, que suelen llevar la peor parte.