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| 12/26/1994 12:00:00 AM

PUPITRAZO AL EMISOR

Insólita salida de la Cámara al solicitar la renuncia del gerente del Banco de la República.

PUPITRAZO AL EMISOR PUPITRAZO AL EMISOR
LA CONSTITUCION POLITIca de 1991 introdujo la figura de la moción de censura, la cual permite separar a un ministro de su cargo mediante el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras. Esta figura constitucional, que todavía no se ha estrenado en Colombia, busca dotar al Congreso de un instrumento de control político frente al Poder Ejecutivo. La semana pasada, sin embargo, se presentó una situación política que es lo más parecido que se ha dado a una moción de censura. Se trata de la proposición aprobada por la Cámara de Representantes mediante la cual se solicita la renuncia al gerente general del Banco de la República, Miguel Urrutia, como responsable administrativo y político del robo de 24.000 millones de pesos a las arcas de la sucursal de Valledupar.

Urrutia y los demás directores del Banco habían sido citados por la comisión tercera de la Cámara de Representantes para el jueves 17 de noviembre con el fin de que respondieran los extensos cuestionarios que les habían sido remitidos. También habían sido citados el Contralor, el Procurador y el Fiscal. Todos ellos contestaron las preguntas formuladas por la Cámara en forma amplia.

Valiéndose de un tecnicismo procedimental, la comisión deliberó en medio de la plenaria. Al promediar ésta, el representante conservador vallecaucano Pablo Victoria presentó la proposición. Durante unos minutos se discutió su validez jurídica y constitucional, pero cuando se iba a someter a votación se estableció que no había quórum ni siquiera para deliberar. Ahí terminó todo ese día y el asunto parecía zanjado.

Sin embargo en la siguiente sesión -que se realizó el martes de la semana pasada- se volvió a presentar la proposición. Los miembros de la Junta Directiva del Banco se encontraban en el Congreso citados por la plenaria del Senado. Tan pronto les llegó la noticia, tanto el ministro de Hacienda, Guillermo Perry, como el codirector del Banco, Roberto Junguito, se trasladaron al recinto de la Cámara para tratar de neutralizarla. Sus argumentos fueron desatendidos y la solicitud de renuncia fue aprobada.

Según el representante Victoria, "al gerente del Banco de la República se le plantearon 20 preguntas, y en términos generales las respuestas no fueron satisfactorias. Ninguna iba al grano y algunas presentaban inconsistencias respecto de los documentos que teníamos y respecto de las declaraciones del Contralor General de la República. Este debate no es un juicio penal. No busca nada diferente a moralizar la administración y establecer responsabilidades. Es un pronunciamiento político que trata de poner en claro que los altos funcionarios tienen que cumplir con sus funciones". Victoria remató su actuación al día siguiente con una nueva proposición, aprobada por unanimidad, en que se solicita al Presidente de la República que se pronuncie sobre el tema en un término no mayor a 10 días.
La verdad es que la proposición no tiene ninguna implicación jurídica. La nueva Constitución creó la figura de un banco central autónomo e independiente con el único propósito de sustraer a su Junta y a su administración de presiones políticas que pudieran comprometer el manejo monetario, crediticio y cambiario. La Junta Directiva del Banco, obviamente, desestimó la solicitud, no sólo por considerarla inconstitucional sino porque aceptar un planteamiento como el de la Cámara implicaría renunciar a la autonomía que necesita para ejercer sus funciones. Abrirle la puerta a un control político por parte del Congreso -diferente del informe anual de actividades que tiene que presentar el banco central- equivaldría a dejar su compleja tarea al vaivén de los deseos de protagonismo de cualquier congresista.-

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