¿QUIEN ES EL PAGANINI?

Todo comenzó el 18 de febrero, cuando el ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez Castro, manifestó, en forma prematura y tal vez imprudente a juicio de los expertos, que el gobierno estaría dispuesto a respaldar la renegociación de la deuda externa privada. La reacción no se hizo esperar. El domingo 19, se había desencadenado ya una agria polémica en torno al problema. En un editorial de El Tiempo, atribuído a Juan Manuel Santos, se prevenía sobre los posibles peligros que una eventual renegociación implicaría y varios personajes notables, entre elios Ernesto Samper, José Manuel Carrizosa y César Gaviria Trujillo, se levantaron en coro a protestar en contra de lo que ya se consideraba --a consecuencia de la discusión y aparentemente de manera infundada--una casi segura socialización de la deuda privada.
Sólo 72 horas despues, el gobierno intentaba recoger velas, y el mismo ministro decia, a la salida de un concejo de ministros, que el gobierno no modificaría los mecanismos de servicio de la deuda externa. "La cuestión está en manos de los equipos técnicos, quienes se encuentran analizando la situación", habría afirmado el doctor Gutiérrez Castro. A partir de ese momento la orden fue de completo hermetismo, y ningún funcionario público volvió a pronunciarse al respecto.
En realidad, el gobierno se encoentraba entre manos con un debate económico que rayaba ya en escándalo político, cuando ni siquiera se habían anunciado las primeras medidas.
Así, se estaba creando una predisposicion que hacía imposible el análisis sereno del problema.
Sin embargo, aún cuando la politización del asunto era inconveniente, el debate que se comenzaba a ventilar era, sin duda alguna, favorable. En general, la discusión ha girado en torno a si se debe o no socializar la deuda privada, con las implicaciones de si ello consiste o no en pagar "ineficiencia empresarial", y sobre quien debe, en últimas, asumir el costo de la devaluación.
La propuesta que más publicidad ha recibido,--pese a no contar hasta el momento con el apoyo oficial--, ha sido la que sugiere que el Estado asuma la deuda privada, prestándole a la industria el monto de dinero (en pesos) que ésta necesita para pagar sus obligaciones con el exterior. A cambio de esto, la banca mundial, que encontraría mucho más confiable tener al Estado por deudor, le otorgaria préstamos equivalentes al total de la deuda, más un 50% de la misma.
El punto más conflictivo dentro de esta alternativa, es el de a cuánto deben ascender los intereses sobre el préstamo que el gobierno le haria a los empresarios. Aunque se ha mencionado la posibilidad de un crédito "blando", la mayoría parece coincidir en que, si se llegara a implementar esta solución, los préstamos debían hacerse al interés del mercado. De esta forma, se evitaría en parte, incurrir en favoritismos contra los industriales endeudados con crédito interno, y a las tasas corrientes de interés comercial. Desde el punto de vista de los defensores de esta propuesta, ella constituiría una especie de solución salomónica que dejaria contentos a todos: la industria se vería aliviada de su carga financiera, los acreedores hallarían mejores garantias para sus créditos y con la fórmula de préstamos por el 150% de la deuda, las reservas nacionales podrían verse incluso beneficiadas (siempre y cuando el gobierno se abstuviera de monetizar el excedente de dólares así obtenido).
Sin embargo, para un sector de la opinión, la "fórmula salomónica" tiene mas bien la apariencia de un campo minado sobre el que hay que pisar con mucho cuidado.
PAGO A LA INEFICIENCIA
La devaluación es uno de esos camaleones económicos que tan pronto aparece como la panacea del desarrollo. Gran impulsora de las exportaciones, como se trueca en causante de todos los males y dolores de cabeza de los empresarios nacionales. En efecto, la devaluación, que hace más competitivos los productos nacionales en el exterior, implica además un costo que ha de ser pagado por alguien. Y parte del mismo tiene que ser asumido por aquéllos que deciden endeudarse en dólares: es un costo que debe incluirse en toda contabilidad de créditos con el exterior. De allí que muchos culpen a la falta de previsión de las empresas de la situación por la que hoy atraviesan.
En opinión de José Antonio Ocampo, economista de Fedesarrollo, la propuesta de las empresas equivale a decir, palabras más, palabras menos, "Nosotros no asumimos el cosío de la devaluación, que lo asuma el gobierno". Lo cual, según el economista, "no tiene ni pies ni cabeza". "La devaluación siempre se ha hecho para que la pague alguien. No existe tal cosa como una devaluación sin costo. Aquí se ha tratado que la paguen los importadores de bienes y servicios. Adquirir créditos en el exterior equivale a importar un servicio.
Así que los empresarios tienen que incurrir en ese costo, como cualquiet otro importador".
Similar línea de pensamiento, ha llevado a varios analistas a llamar a la posible socialización de la deuda, un pago a la ineficiencia empresarial.
Para este sector de la opinión pública, acceder a la petición de los empresa rios significaria cambiar las reglas de juego, de modo que a estos les sea imposible perder nunca. Una especie de "cara gano yo, sello pierde usted", que le permitiría a la empresa privada adquirir crédito en dólares cuando éste es más barato, y cambiarlo luego a crédito interno cuando el primero se encarece. Con el agravante de que el paganini de este cambio de pelota, sería el Estado.
CERTIFICADOS DE CAMBIO
Frente a esta situación, han surgido nuevas propuestas para sacar avante a la endeudada industria nacional.
Una de ellas, consiste en una forma de subsidio a la deuda privada que el gobierno podria adelantar por medio de certificados de cambio de mediano y largo plazo. En términos generales, lo que se buscaría con esta medida seria que fuera la empresa misma, y no el gobierno, la que se encargara de renegociar su deuda con el exterior. Por su parte, el gobierno se comprometería a cubrir el riesgo cambiario, garantizándole a las empresas una determinada tasa de cambio. Claramente, esta forma de subsidio seria más o menos grande, según la tasa de devaluación fuera más o menos alta. En rigor, el costo de la devaluación seria también trasladado a los hombros del gobierno, al menos en parte, con esta alternativa. No obstante, la ventaja de la misma sobre la propuesta empresarial, consistiria en que se aseguraria asi alguna forma de beneficio social (el aumento de reservas por la refinanciación que habrían de conseguir directamente las empresas) y se justificaría la intervención estatal.
Con respecto a este último punto, los defensores de esta tesis, sostienen que las supuestas ventajas de adquirir créditos por un valor igual al 150% de la deuda, implicadas en la propuesta empresarial, son más que dudosas.
Desde su punto vista, pedir que el Estado sea el que se encargue de refinanciar la deuda, dados los trámites legales que implica la obtención de un crédito, equivale a exigirle a un presupuesto, de por si debil, que pague de contado, mientras él se sienta a ver si el dichoso crédito llega o no, y cuándo.
En cualquier caso, pese a la acritud de la polémica, para todo el mundo es claro que aunque sea poco deseable, el gobierno va a tener que hacer algo, y pronto. La deuda crece, y tal como lo informa El Mundo de Medellín, en este momento la deuda de Avianca llega a los U.S$ 250, la de Paz del Rio a los U.S.$120, la de Coltejer a los U.S.$ 136, la de Fabricato a los U.S.$ 32 millónes, para citar sólo a algunas de las empresas en apuros.
De esta forma, parece que una vez más, el Estado se halla ante una de esas disyuntivas en las que no hay alternativa "buena". Es claro que no hay ánimo para una nacionalización completa de las empresas (de cualquier forma que ella fuere, temporal o permanente); que nacionalizar sólo las pérdidas es incurrir en favoritismos y defender a empresarios que--con culpa o sin ella-están al borde de la bancarrota, poniendo en peligro las reservas nacionales. Incluso una solución de subsidios parciales, como la propuesta en la alternativa de los certificados de cambio, puede a la postre, resultarle muy onerosa al país. Pero como la quiebra de tantas empresas constituye sin duda el "mal peor", no parece posible que el Estado pueda librarse de incurrir en algún otro "mal menor" para salvar la presente situación. La pregunta sigue siendo, con todo, si a la hora de actuar el gobierno se decidirá a rescatar a las empresas, o a los empresarios, y a qué costo. -