¿Racionamiento de energía programado en la región Caribe?

Una carta del Consejo Nacional de Operación (CNO) del sector eléctrico al Ministerio de Minas y Energía, a principios de septiembre, puso en alerta a la región Caribe. En ella, este organismo técnico recomendó declarar un racionamiento programado en seis de los siete departamentos de ese territorio.

Aunque el Gobierno descartó esta petición, la firma XM, que opera el sistema, advirtió que ya en algunas zonas de Cesar y Magdalena había sido necesario racionar el servicio porque han alcanzado picos que superan la capacidad de la red disponible del sistema de transmisión regional. 

¿Por qué se llegó a esta situación? Dos hechos, casi contradictorios, la explican. Por una parte, la demanda de energía en el Caribe crece por encima del total nacional: mientras en el país se ha incrementado cerca de 9 por ciento acumulado desde 2015 para acá, en esa región llega a 19 por ciento. Su dinámica económica, un mayor consumo y el progreso que se evidencia en algunas zonas de la costa han impulsado estas cifras. Sin embargo, está la otra cara: la difícil situación de Electricaribe y la fragilidad de su sistema. Además, la empresa ya casi cumple tres años en intervención, que dio paso a su posterior liquidación por parte del Gobierno, luego del manejo de Gas Natural Fenosa.

Cuando simplemente la red no da, se desconectan sectores para reducir la presión sobre ella. Es una demanda de energía no atendida (DNA) que se adopta para que no se desestabilice el sistema y se corra el riesgo de un apagón.

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Según la regulación, hay tres escenarios para definir los racionamientos: por precios, es decir cuando los costos se disparan por un periodo determinado; por energía, al concluir que es imposible atender la demanda y se programan cortes anticipados, y por potencia, cuando hay energía suficiente, pero las redes no soportan. Aunque para muchos este último escenario es el que identifica la situación en la costa Caribe, para el Gobierno ninguno de ellos se cumple para definir los cortes.

Desde 2011 está diagnosticada la situación de Electricaribe. Aunque hay inversiones programadas, la situación es crítica. Este año por ejemplo en el Plan Cinco Caribe, por 4,8 billones de pesos, la empresa invertirá con recursos propios 100.000 millones y se tramitan dos documentos Conpes por 860.000 millones para mejorar la red.

El Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado para que Electricaribe presente el cronograma y la priorización de las inversiones para Cartagena y Bolívar, así como el plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio durante los Juegos Nacionales y la temporada turística que viene.

A su vez, el Comité Intergremial del Atlántico aseguró que la recomendación del CNO “significaría en alguna medida la oficialización de un hecho que se ha venido dando durante este año. A pesar de la molestia, con ello se visibiliza el problema, se escalan las soluciones en la lista de prioridades y se puede gestionar la situación con los protocolos debidos”.

En medio de esta ‘alta tensión’, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió reglamentar un controvertido artículo del Plan de Desarrollo por el cual se cobra una sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora al servicio de energía a usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6; comerciales, industriales y no regulados. Los recursos irán al Fondo Empresarial de la superintendencia, para apoyar procesos de intervención como el de Electricaribe.

Pero, al igual que la Ley de Financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo está bajo la lupa de la Corte Constitucional por varias demandas. Precisamente el artículo de la sobretasa fue demandado por el defensor del Pueblo, quien el 10 de septiembre desistió de esa acción pública.

Mientras se cumple el proceso en la corte, la gran dificultad es que este problema no se puede solucionar en el corto plazo y están pendientes las definiciones por parte del Gobierno nacional para adjudicar a los nuevos operadores.

Además, el proceso también tiene limitaciones. Para algunos interesados, la información de Electricaribe –que se encuentra en el cuarto de datos– no ha sido suficiente y no hay claridad en las cifras.

Cualquier definición de un eventual racionamiento tendría un altísimo costo político. Y la palabra espanta, más aún en víspera de elecciones. El tiempo corre pero el desarrollo de los proyectos y la definición de las inversiones no serán una tarea inmediata. Es necesario acelerar el proceso en la adjudicación de las operaciones a nuevas empresas, pero también definir un plan B si no hay apetito suficiente por este activo. Las alarmas siguen prendidas.